Mansiones y apartamentos fastuosos, cuentas bancarias, relojes de lujo, caballos pura sangre y vehículos de alta gama son algunos de los bienes obtenidos ilícitamente por un grupo de exfuncionarios y empresarios vinculados al chavismo que han sido enjuiciados por lavado de dinero en EE UU. El Corruptómetro de Transparencia Venezuela y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, revela la lista de propiedades obtenidas ilícitamente o mediante faltas administrativas, así como los nombres y casos detrás de fortunas de dudosa procedencia
Alianza Rebelde Investiga (ARI)
El decomiso de bienes relacionados a casos de corrupción de un grupo de exfuncionarios y empresarios vinculados al chavismo en Estados Unidos es una operación latente desde hace 12 años. Este mecanismo judicial ejecutado para el rescate de activos obtenidos ilícitamente o mediante infracciones administrativas se ha aplicado a 51 venezolanos incursos por delitos como el lavado de dinero y soborno en EE UU y el desfalco a la nación venezolana.
La variedad está en los decomisos. Entre julio de 2009 y octubre de 2021, por orden de los tribunales en EE UU, se afectaron 306 bienes mal habidos de los cuales 111 (36% del total) corresponden a inmuebles; 66 casos de dinero en efectivo (22%); 58 cuentas bancarias (19%), 35 relojes de lujo (11%), 17 caballos de salto (6%), 15 vehículos (5%) y 2 yates (0,6%), entre otros. Solo en EE UU, se decomisaron propiedades vinculadas a hechos de corrupción a razón de 26 por año durante más de una década.
Las cifras que hablan de ciertas fortunas amasadas con dinero público de Venezuela corresponden al Corruptómetro, herramienta interactiva lanzada en noviembre de 2020 por Transparencia Venezuela y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrunes, El Pitazo y TalCual para registrar la magnitud de la corrupción venezolana a partir de documentos de los procesos judiciales abiertos tanto en Venezuela como en el exterior. En diciembre de 2021 incorpora a su base de datos la lista de bienes identificados o mencionados en los procesos iniciados en EE UU y unos cincuenta venezolanos involucrados en hechos de corrupción.
Estados Unidos es el país con mayor número de casos abiertos por delitos de corrupción perpetrados por venezolanos: 48 de un total de 108 procesados judicialmente en 21 naciones. Le siguen Argentina con 15 casos y cinco en España. En cuarto lugar, se ubica Portugal, Brasil y Ecuador con cuatro juicios abiertos respectivamente mientras que Suiza está en quinto lugar con tres casos.
Mediante el Corruptómetro, que registra documentación actualizada inserta en los expedientes judiciales llevados en EE UU, se revela que 2019 fue el año con mayor número de afectaciones de propiedades de personas investigadas en EE UU por presuntos hechos de corrupción con dinero público venezolano, al documentar 106 afectaciones de un total 306 bienes identificados.
Justo en 2019, EE UU apretó las sanciones económicas contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A, Pdvsa y el Banco Central de Venezuela, BCV. También dictó medidas a figuras relacionadas con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro como Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, exenfermera y exguardespaldas del exmandatario venezolano respectivamente; Leonardo González, expresidente del Banco Industrial de Venezuela; Raúl Gorrín, presidente del canal Globovisión; María Alexandra Perdomo, esposa de Gorrín; y Mayela Tarascio de Perdomo, concuñada de Gorrín. Las sanciones contra las últimas dos fueron levantadas posteriormente.
Los otros lapsos con mayor número de bienes sobre los cuales se ejerció alguna acción por su vínculo con la corrupción, fueron 2021 con 76 afectaciones; 2018 con 55 y el pandémico 2020 con 27 privaciones de inmuebles y mercancías.
TRES CASOS, MÚLTIPLES ÓRDENES DE DECOMISO
Tres figuras encabezan la lista de bienes identificados en EE UU por delitos de corrupción: Alejandro Andrade, antiguo guardaespaldas y extesorero de Chávez; el colectivo de 15 propietarios involucrados en el desfalco a Pdvsa conocido como Operación Money Flight y el magnate y broker del chavismo Raúl Gorrín Belisario, dueño del canal Globovisión. Entre los tres casos, suman 157 propiedades incautadas que representan 51% de los inmuebles y mercancías de lujo a los que tribunales de EE UU han dictado órdenes de decomiso y que han sido registrados en el Corruptómetro.
Las 157 propiedades de Andrade, al colectivo Money Flight y a Gorrín están valoradas en 277.029.437 dólares aproximadamente, cifra que equivaldría a 19% de los 1.500 millones de dólares que se podrían recuperar en incautación definitiva de bienes durante los juicios de corrupción en Estados Unidos, según cálculos de la Iniciativa para la Recuperación de Activos de Venezuela (Inrav) que lidera un grupo de venezolanos-americanos en EE UU.
Tanto Andrade como Gorrín están involucrados en el caso del “Extesorero aceptó sobornos de casas de cambio” por el que se afectaron un total de 108 bienes. Fiscales del Distrito Sur de Florida denunciaron un presunto fraude cometido en la Oficina Nacional del Tesoro en Venezuela en el que están implicados 2.400 millones de dólares. El exfuncionario fue señalado por aceptar sobornos del empresario para beneficiar a sus compañías en operaciones de cambio en el contexto del férreo control de divisas que regía en el país.
Andrade es el venezolano al que han incautado mayor número de bienes por corrupción en Estados Unidos: 7 inmuebles en Florida, 17 caballos de salto, 35 relojes de lujo, 15 vehículos de alta gama y 9 cuentas bancarias en EE UU y Suiza que suman 83 propiedades con un valor de 42.301.636 dólares aproximadamente, según cálculos del Corruptómetro.
El extesorero y antiguo guardespaldas de Chávez fue tildado como el “caso más grande en la historia de Florida bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero», declaró a BBC Mundo el abogado Michael Díaz, director principal del bufete Diaz Reus & Targ, quien representó a dos personas implicadas en el juicio de Andrade.
Entre 2018 y 2021, por Operación Money Flight se han librado órdenes de decomiso colectivos contra 50 bienes cuyo valor asciende a 190.248.100 dólares. Se aplicóa 9 personas involucradas en el develado plan internacional de lavado de fondos millonarios de Pdvsa, entre los que se cuentan exfuncionarios de la estatal venezolana, banqueros, empresarios de maletín. El monto malversado fue 1.200 millones de dólares bajo un sofisticado esquema de lavado que incluyó contratos de financiamiento con la industria petrolera, falsas inversiones, sobornos, compra venta de inmuebles y creación de empresas ficticias para transferir dinero.
El tercer caso de mayor número de bienes decomisados a un venezolano en EE UU es Raúl Gorrín Belisario, acusado en agosto de 2018 de soborno y lavado de dinero por una fiscalía en Miami. El Corruptómetro registra que al magnate dueño de Globovisión le dictaron órdenes de decomiso contra 17 apartamentos en el estado de Florida y otros 7 en Nueva York, en conjunto valorados en 44.479.701 dólares.
El valor en dólares de cada uno de los bienes identificados rgegistrados en el Corruptómetro fue extraído de las órdenes de decomiso, órdenes de protección de activos sujetos a decomiso y avisos de causa emitidos por tribunales en EE UU. En el caso de que no estuviese notificado en los documentos judiciales, el precio se calculó a partir de buscadores de mercado de bienes como Zillow y Realtor en el caso de inmuebles y Chrono24 de relojes de lujo, además del portal de subastas CWS Marketing.
RECUPERAR PARA LOS VENEZOLANOS
La pregunta es recurrente: ¿Qué sucede con los bienes obtenidos ilícitamente una vez que son decomisados? ¿Es posible devolverlos a Venezuela? Legalmente, la propiedad de los bienes incautados de forma definitiva es transferida a Estados Unidos cuyas autoridades tienen la potestad sobre la ejecución de esas mercancías e inmuebles. Definen cómo se van a distribuir esos recursos a todas las instancias que se dedican a la lucha contra la corrupción, explica el abogado penalista Alejandro Rebolledo, especialista en prevención de delincuencia organizada.
La cantidad de bienes decomisados no necesariamente representan la totalidad de la fortuna relacionada con corrupción, dice Rebolledo. “Aplicando la Ley de Prácticas Corruptas de EE UU, instituciones como la DEA, Departamento del Tesoro y FBI, entre otros, invitan al imputado a cooperar con la justicia por ‘contaminar’ y haberse aprovechado del sistema financiero para su enriquecimiento ilícito. Mediante intermediarios (abogados), se negocia la entrega de esos bienes a cambio de beneficios procesales”.
El autor del libro “Así se lava el dinero en Venezuela” (2019) piensa que una acción es ubicar los bienes producto de la actividad ilícita en el mundo y otra muy distinta recuperarlos porque corresponde a una función de gobierno. “Si bien existen mecanismos que permiten rescatar bienes productos de la corrupción en Estados Unidos aún no existen instrumentos para el retorno de esos capitales al país”.
Rebolledo recuerda que la falta de instituciones en Venezuela lleva a que la recuperación de bienes vinculados a la corrupción en EE UU sea prácticamente inviable. “Tiene que haber acuerdos de reciprocidad entre las fiscalías y tribunales de ambos países, de manera que haya intercambio de información bajo los estándares internacionales para la recuperación de bienes”. Justo la situación que no existe actualmente entre Venezuela y Estados Unidos.
Existen propuestas para el retorno de activos recuperados de la corrupción que han surgido en años recientes como la Iniciativa para la Recuperación de Activos de Venezuela (Inrav), liderada por un grupo de venezolanos-americanos en EE UU. También, el proyecto de la Ley de Preservación de la Responsabilidad por los Activos Nacionales (Ley Pana, por sus siglas en inglés), propuesta por los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz. Ambas plantean la creación de un fondo con el dinero recuperado en los juicios de corrupción vinculados con Venezuela que sea manejado por instancias externas a Venezuela como el Departamento de Estado.
“Necesitaríamos instituciones para defender los fondos que corresponden a Venezuela, con capacidad para identificar esos bienes en el mundo, así como para anunciar a EE UU que los venezolanos también son víctimas del desfalco y les corresponde una parte de esa recuperación de activos. Pero ahora mismo no las tenemos. A la Fiscalía en el exilio, por más voluntad que tenga, le resulta muy difícil ejecutar porque no cuenta con la maquinaria, los recursos ni las herramientas para investigar”, afirma Rebolledo.
