A un año del asalto al Capitolio: cuál fue el papel de Donald Trump y los interrogantes que siguen sin respuesta

Por Gustavo Sierra

El 6 de enero de 2021 una turba violenta tomó el Congreso de Estados Unidos. Los que están presos, los que fueron denunciados por sus familias y los que creen que fue un “acto patriótico”

Un año después, una pregunta concreta flota en el viento de Washington: ¿Fue un intento de golpe de Estado organizado desde la Casa Blanca o apenas una manifestación que se tornó violenta? La respuesta la tendrá que dar el comité del Congreso que está investigando el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2020. Ya entrevistó a más de 300 testigos y recopiló unos 35.000 documentos. La próxima semana comienzan las audiencias públicas. También tienen que dar más precisiones los jueces que investigan las acciones de unas 700 personas que participaron de los enfrentamientos que dejaron cinco muertos y decenas de heridos. Hasta ahora, 165 se han declarado culpables, cuatro de ellos con una posible condena de 20 o más años de cárcel, y 71 que fueron condenados con penas de hasta cinco años de prisión. Queda por determinar qué sabía y cuál fue la actuación en la rebelión del entonces presidente Donald Trump, quien incitó a sus seguidores a interrumpir en el Capitolio la ratificación del resultado de las elecciones del 20 de noviembre de 2020 que dieron como ganador a Joe Biden.

Obviamente, las opiniones sobre el peor asalto a la democracia en 200 años de historia de Estados Unidos están divididas en los dos grandes bloques que se formaron a cada lado de la grieta social y política que atraviesa a Estados Unidos y a buena parte del planeta. Según una encuesta de la Universidad de Massachusetts dada a conocer esta semana, tras la conmoción inicial, y la amplia condena, los republicanos ya absolvieron a las personas que asaltaron el Capitolio, refiriéndose principalmente al evento como una “protesta” (80%) y a los insurrectos como “manifestantes” (62%), mientras que culpan al partido demócrata (30%), a la policía del Capitolio (23%) y a los contramanifestantes anarquistas de Antifa (20%) por lo sucedido. La gran mayoría de los republicanos (75%) cree que el país debe “pasar página” a lo ocurrido el 6 de enero. Y un tercio de los republicanos dice que es más probable que vote a un candidato que se niegue a denunciar la insurrección. El trumpismo sigue dominando al partido. El antiguo conservadurismo anticomunista estadounidense se convirtió en populismo autoritario.

Los demócratas, por su parte, defienden el resultado de la elección que los trumpistas creen que fue un fraude. Biden ganó por el 51,3% de los votos contra el 46,9% de Trump. Fueron 81 millones de votos contra 74 millones y 70 votos de ventaja en el Colegio Electoral. Y están convencidos de que algunas de las personas más cercanas a Trump estuvieron detrás de un intento de golpe de Estado que iba a comenzar con la irrupción de la sesión en el Senado que ratificaría el triunfo de Biden con el objetivo de seguir gobernando de facto desde la Casa Blanca. Las cifras de la encuesta de UMass da números similares a la de los republicanos, pero exactamente al revés. Rechazan el concepto de que el “fraude” se produjo en los millones de votos emitidos por correo y en las zonas habitadas por las minorías negras. También creen que el trumpismo no se resignó y que está orquestando una nueva maniobra electoral para regresar en dos años al poder. Se refieren a la oleada de restricciones al voto propuestas y aprobadas durante 2021 en distintos estados. El Centro Brennan para la Justicia contabilizó 440 proyectos de ley “con disposiciones que restringen el acceso al voto” introducidos en 49 distritos, el número más alto desde que el Centro comenzó a rastrearlos hace 10 años. Un total de 34 leyes de este tipo fueron aprobadas en 19 estados diferentes el año pasado, y 88 proyectos de ley en nueve estados se tratarán en las legislaturas locales en los próximos meses.

Vista de seguidores del ex presidente estadounidense Donald Trump tomando el Capitolio (EFE/Michael Reynolds)

Las milicias armadas de la extrema derecha que participaron del asalto en Washington también siguen operando a pesar de que ahora están bajo una mayor vigilancia estatal. Los líderes y decenas de integrantes de Oath Keepers, Three Percenters o Proud Boys están siendo enjuiciados por los sucesos de enero del año pasado. Algunos están colaborando con la justicia y se cree que muchos más terminarán en la cárcel. Uno de los miembros de los Oath Keepers, Jason Dolan, ya admitió que viajó con otros miembros de la milicia y que escondió un rifle M4 en el hotel Comfort Inn a poca distancia del Capitolio para tenerlo a mano ese día. Matthew Greene, de 34 años, se convirtió en el primer miembro de los Proud Boys en declararse culpable en un caso de conspiración. Los fiscales denunciaron que él y otros Proud Boys tenían un plan muy bien armado para el asalto al Congreso, se despojaron de sus uniformes apenas comenzaron los disturbios para no ser identificados y coordinaron sus acciones a través de radios de baja frecuencia. Posteriormente, Greene compró más de 2.000 cartuchos de rifles de asalto, se jactó en las redes sociales de ser uno de los que lideró “la toma del Capitolio” y recomendó a sus seguidores “estudiar las tácticas de la guerra de guerrillas” y estar preparados para “hacer cosas incómodas”.

El FBI recibió más de 250.000 pistas relacionadas con el asedio. Muchas fueron denuncias de los propios familiares y amigos de Facebook. Uno de los sospechosos, Robert Chapman, del estado de Nueva York, le dijo a una usuaria de la aplicación de citas Bumble que había asaltado el Capitolio y se jactó de haber llegado hasta el National Statuary Hall, una de las salas más importantes del edificio del Congreso. La potencial “amiga” envió de inmediato a la policía una copia de la pantalla con el diálogo. Más del 80% de los casos citan algún tipo de red social como prueba para las acusaciones, pero la investigación del FBI va mucho más allá de confiar en los detectives aficionados en línea y observar los perfiles de las redes sociales. Revisaron más de 14.000 horas de videos que se subieron a las redes, notas periodísticas e imágenes de cámaras de seguridad. Utilizaron sofisticados programas de reconocimiento facial para identificar a los asaltantes. Muchos se autoinculparon en los videos.

Se sabe que los miembros del comité tienen en sus manos lo que se considera “la prueba fundamental”. The New York Times reveló la existencia de una presentación en PowerPoint de 38 páginas que muestran un plan muy bien elaborado para anular la victoria del presidente Joe Biden. Tiene el título de “Fraude electoral, interferencia extranjera y opciones para el 6 de enero”. Implicaba declarar una emergencia nacional e invalidar las boletas emitidas por correo. También incluye la falsa afirmación de que China y Venezuela lograron controlar la red informática electoral en decenas de distritos. Claramente un golpe de Estado. La presentación fue compartida por el entonces Jefe de Gabinete, Mark Meadows con varios funcionarios del gobierno y líderes de su espacio político que se habían congregado ese día en Washington. Fue el propio Meadows quien entregó estos y otros documentos relevantes, aunque después se negó a presentar ante el comité por lo que fue declarado en desacato.

Integrantes de las milicias y partidarios de Donald Trump en la rotonda principal del Capitolio (Foto: Europa Press)

Otro elemento importante de la investigación está basado en la figura del coronel retirado Phil Waldron, quien habría sido uno de los autores del PowerPoint. El plan para desconocer el resultado de la elección fue presentado el 4 de enero a un grupo de senadores republicanos de su confianza. Al día siguiente, el ex coronel informó personalmente a un pequeño grupo de miembros de la Cámara de Representantes. En una entrevista con el Washington Post Waldron dijo que había “contribuido a la creación del documento”, que había visitado la Casa Blanca varias veces después de las elecciones de noviembre de 2019 y que había hablado con Meadows “tal vez ocho o diez veces”.

Waldron es un especialista en operaciones de influencia psicológica que operó en Afganistán e Irak y se retiró del ejército en 2016 después de 30 años de servicio. Aseguró en la entrevista que desde entonces es apenas un modesto emprendedor que se dedica a elaborar cervezas y otras bebidas destiladas en su empresa One Shot de Dripping Springs, Texas. Los documentos recopilados por los congresistas muestran otra realidad. Inmediatamente después de las elecciones, Waldron estuvo en contacto con el ex alcalde Rudolph Giuliani, el abogado personal de Trump, que en ese momento estaba supervisando las impugnaciones de los comicios. Waldron le proporcionó a Giuliani información sobre supuestos intentos por parte de potencias extranjeras de piratear las máquinas de votación estadounidenses y supuestos operativos de “agentes de la izquierda” que estaban trabajando para la empresa Dominion Voting Systems, que proporcionó el sistema de recuento de votos. Algunas de estas afirmaciones infundadas terminaron siendo parte de las demandas federales contra esa empresa presentadas por otro abogado pro-Trump, Sidney Powell.

También se detectaron 1.011 funcionarios de todos los niveles de gobierno, desde el Congreso y las legislaturas estatales hasta los consejos escolares y otros organismos públicos locales que estuvieron involucrados de alguna manera en el asalto o en los intentos por anular las elecciones. De acuerdo al Índice de la Insurrección realizado por Public Wise, un grupo de defensa del derecho al voto, entre los identificados hay 213 titulares de cargos electos y 29 que se presentan como candidatos en las próximas elecciones. También hay 59 militares retirados, 31 oficiales de la policía y siete que forman parte de consejos escolares. “Se trata de personas que silenciaron las voces de los votantes estadounidenses, que tomaron unas elecciones válidas y crearon información fraudulenta para intentar silenciar a los votantes. No tienen nada que hacer en esos puestos que pagamos todos nosotros ni tienen el derecho a afectar la vida de los estadounidenses”, explicó Christina Baal-Owens, directora ejecutiva del grupo. Por esta razón, el comité investigador del Congreso está trabajando contrarreloj. Los republicanos podrían entorpecer y hasta desechar la investigación si ganan la mayoría de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término que están previstas para noviembre de 2022.

Los manifestantes pro-Trump tomaron por asalto el Congreso para intentar impedir la ratificación del triunfo del demócrata Joe Biden (REUTERS/Shannon Stapleton)

Hay intentos de mostrar la rebelión como un acto patriótico y a sus protagonistas como héroes. Es lo que hizo el presentador de Fox News y amigo personal de Trump, Tucker Carlson, que emitió en noviembre un especial de tres episodios titulado “Patriot Purge” en el que entrevistó a los líderes de los movimientos nacionalistas blancos que participaron del asalto. Allí se denunciaba que la investigación del FBI es una represión política injusta contra los conservadores. Carlson afirmó que se trataba de una “purga izquierdista contra los patriotas estadounidenses”. Varios panelistas y colaboradores de la cadena renunciaron diciendo que “este tipo de programas no sólo incitan a la violencia, también intentan destruir el sistema democrático”.

Algunos de los implicados que permanecen en la cárcel no sólo están siendo “glorificados” por el sector de la población que los apoya, sino que se declararon presos políticos y mantienen rutinas de adoctrinamiento. Son unos 40 distribuidos en el centro de prevención penal de Washington DC que se hacen llamar los “1/6ers” (por el 6 de enero), cantan el himno nacional cada mañana y tienen un entrenamiento físico de cuartel militar. Abrieron páginas de recaudación de fondos y en ciertas ciudades del medio oeste y sur del país se pueden ver jóvenes vistiendo camisetas con la inscripción “liberen a los 1/6″. Junto a los “presos políticos” aparecen en la escena algunos de los más destacados asaltantes como Richard “Bigo” Barnett, que se hizo famoso por sacarse una foto con los pies sobre el escritorio de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Pesa sobre él una condena de al menos tres años de cárcel por haberse robado documentos reservados de esa oficina. Tiene un sitio en el que se autoproclama como líder de “un nuevo movimiento antifederalista” y vende su foto en el Congreso para recaudar fondos. Robert Palmer, un miliciano de Florida, que hirió a un policía golpeándolo con un matafuegos en la cabeza, cumple una pena de cinco años y mantiene un podcast seguido por miles de oyentes. Y otro que ya cumple una sentencia de tres años y cinco meses es Jacob Chansley, el llamado “chamán de QAnon (el grupo de teorías conspirativas”). Con su atuendo de una cornamenta, la piel de oso como capa y el pecho desnudo, se convirtió en el ícono del asalto. Se declaró culpable y dicen que está arrepentido. Está recibiendo tratamiento psiquiátrico.

El propio Trump fue quien llamó a la marcha y usó Twitter para promoverla. “Gran protesta en DC el 6 de enero”, tuiteó el 19 de diciembre. “¡Será salvaje!”, dijo. Y pidió “luchar como demonios” porque si no, les dijo a sus seguidores, “ya no van a tener país”. Al mediodía de ese se primer lunes de enero se presentó ante una multitud de unas 60.000 personas, provenientes de todo Estados Unidos, que se habían congregado en la Elipse del Mall de Washington, con la Casa Blanca a su espalda. Habló casi una hora recitando mentira tras mentira hasta que incitó a la gente a impedir el recuento de votos que se estaba realizando en el Congreso a apenas 10 cuadras del lugar. “Así que vamos a caminar por la avenida Pensilvania al Capitolio. Vamos a intentar darles a nuestros republicanos, a los débiles, porque los fuertes no necesitan nuestra ayuda, el tipo de amor propio y audacia que necesitan para recuperar nuestro país”, les dijo. E insistió: “¡Vayan, sean salvajes!”.

El entonces presidente Donald Trump durante el discurso que dio a sus seguidores el 6 de enero de 2021 (REUTERS/Jim Bourg)

El asalto comenzó a las 13.00 y fue transmitido en vivo por los propios milicianos en las redes. Las cadenas de televisión los siguieron a los pocos minutos. Varios colaboradores de Trump, incluidos dos de sus hijos, llamaron al presidente para que pidiera calma. Se negó a hacerlo hasta que la alcaldesa de la ciudad decretó el toque de queda y la policía informó de varios muertos. Recién a las 14:38 mandó un primer tuit diciendo que no había que golpear a la policía. Pero a las 16:22 lanzó un video con un discurso totalmente ambiguo. “Sé que están heridos”, les dijo. “Nos robaron una elección. Fue una elección arrolladora y todos lo saben, especialmente los del otro lado. Pero hay que irse a casa ahora”. Y añadió: “Los amamos. Son muy especiales”. Facebook y YouTube eliminaron el mensaje por incitar a la violencia. Se sospecha que todo ese tiempo, Trump estuvo en contacto permanente con su asesor y ex jefe de campaña, Steve Bannon, y con el entonces Jefe de Gabinete, Mark Meadows. También se cree que hubo un “comité” de organización de la acción reunido en un hotel cercano perteneciente a su propia cadena. Los abogados del ex presidente lograron hasta el momento evitar que se entreguen las transcripciones de las conversaciones y los documentos relacionados.

Como ocurrió ya con los casos como Watergate y el ataque del 11/S, seguramente pasarán varios meses y, tal vez, algunos años hasta que tengamos toda la información necesaria para saber exactamente lo que sucedió. Pero las preguntas fundamentales que fueron formuladas entonces son las mismas para este 6 de enero: ¿Sabía el presidente lo que estaba sucediendo? ¿Pudo ser evitado? ¿Hasta dónde llega la conspiración?