La Haya estableció la sanción en respuesta al informe de Amnistía Internacional que acusa al gobierno de Willemstad de maltratar a quienes buscan refugio en la isla
Los Países Bajos han resuelto congelar la entrega al gobierno de Curazao de fondos adicionales para combatir la inmigración ilegal, hasta tanto no garantice plenamente los Derechos Humanos de los cientos de venezolanos que actualmente se encuentran bajo su custodia.
La decisión la anunció el ministro neerlandés de Interior y Relaciones del Reino, Raymond Knops, en una carta que envió al Parlamento este 6 de enero.
En la misiva, el funcionario tomaba nota del duro informe que Amnistía Internacional publicó en octubre pasado, en el cual acusaba a las autoridades de Willemstad de detener y encarcelar a los venezolanos que lograban llegar a las costas curazoleñas, sin permitirles acogerse al Protocolo de Refugio aprobado en 2019.
Amnistía Internacional denunció que Curazao presiona a los inmigrantes para que firmen órdenes de deportación escritas en holandés, y además los mantiene en centros de reclusión en condiciones de hacinamiento e insalubridad durante meses.
“La principal preocupación del gobierno es que los Derechos Humanos sean respetados y protegidos en todo momento, tanto en el Reino como en cualquier parte del mundo. No se debe permitir que se produzcan las cuestiones planteadas por Amnistía, como la intimidación y el no respeto de necesidades básicas de las personas”, afirmó Knops.
El ministro neerlandés agregó: “Con respecto a la detención de extranjeros en Curazao, he concluido que a pesar de los avances, como la construcción de centros para la detención de extranjeros y del entrenamiento al personal que labora en los mismos, Curazao se queda corto en aspectos cruciales. La observancia de los aspectos como el acceso a la asistencia jurídica y la atención médica, y la formación del personal con respecto al tratamiento de los extranjeros son una condición explícita para la asignación de nuevos recursos financieros”.
Knops reveló que desde 2019 La Haya ha destinado 7,2 millones de euros para financiar distintos proyectos para combatir la ola migratoria venezolana en Aruba, Curazao y Bonaire. Parte de esos recursos han sido destinados a la construcción, ampliación o acondicionamiento de centros de reclusión, la adquisición de drones para detectar embarcaciones y la formación de la Guardia Costera.
En el caso de Curazao, el ministro indicó que se le habían aprobado otros 2 millones de euros para concluir los trabajos de expansión del centro de detención de inmigrantes (SDKK) este marzo próximo. Sin embargo, ahora los fondos están en el congelador.
Bueno, pero…
La decisión de Knops fue saludada desde Amnistía Internacional Países Bajos. “Durante años hemos llamado la atención sobre la terrible situación en la que se encuentran los venezolanos en Curazao. En los últimos años, los Países Bajos han dado dinero para ampliar la capacidad de detención de los inmigrantes, mientras que los Derechos Humanos seguían siendo violados sin consecuencias. El pronunciamiento del ministro es un paso en la dirección correcta”, dijo Dagmar Oudshoorn, directora del capítulo neerlandés de la organización de Derechos Humanos, en un comunicado emitido por la agrupación.
La vocera también hizo votos porque esta medida, sin precedentes hasta ahora, sirva para que las autoridades caribeñas cambien de posición.
Sin embargo, desde la agrupación reiteraron su señalamiento de que el gobierno insular no es el único responsable de los abusos que sufren los inmigrantes ilegales, e insistieron en que La Haya debería hacer una revisión de su papel. En particular, demandaron que tome medidas para asegurar la correcta aplicación del Protocolo de Protección para Refugiados que tanto Curazao como Aruba dictaron en 2019.
No obstante, las autoridades neerlandesas descartan implicarse. Al menos es lo que se desprende de la carta de Knops, en la cual el funcionario dejó en claro que “corresponde a Curazao garantizar los recursos legales efectivos y la capacidad necesaria (posiblemente a través de la participación de organizaciones locales), por ejemplo, para evaluar las solicitudes más rápidamente y para facilitar que las personas que buscan protección internacional participen y sean escuchadas al momento de tramitar sus peticiones”.
Más tensiones
La sanción amenaza con deteriorar aún más las relaciones entre Curazao y los Países Bajos, las cuales no se encuentran en su mejor momento debido las complicadas negociaciones para recibir ayuda financiera para superar la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19.
La Haya condiciona la ayuda a Curazao, Aruba y Sint Maarten a que estos países apliquen reformas económicas, y que las mismas sean supervisadas e incluso ejecutadas por un organismo (COHO) controlado desde el otro lado del Atlántico.
