Hasta ahora los 17 opositores que han enfrentado un juicio por traición a la patria han sido declarados culpables. Las pésimas condiciones de detención preocupan cada vez más a la comunidad internacional
El juicio contra la defensora de los derechos humanos María Oviedo y el banquero Luis Rivas, acusados por el Ministerio Público de Nicaragua de conspiración para menoscabar la integridad nacional, comenzó este lunes en un complejo policial, informó la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.
En una declaración, la Unidad Nacional demandó la nulidad de los juicios a Oviedo y Rivas, bajo el argumento que “sus procesos han estado llenos de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos” y además, agregó, porque “son inocentes”.
Tanto la defensora de los derechos humanos como el banquero forman parte de un grupo de más de 40 opositores y críticos al Gobierno de Nicaragua capturados previo a las elecciones generales de noviembre pasado.
En ese proceso fue reelegido Daniel Ortega para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio, en una elección que fue catalogada a nivel internacional como “fradulenta”.
Entre los denominados presos políticos se encontraba el histórico “Comandante Uno” de la revolución sandinista, el ex guerrillero y general en retiro Hugo Torres, quien arriesgó su vida para sacar de la cárcel a Ortega en 1974, y murió bajo la custodia del Gobierno el pasado sábado.
Aunque el Ministerio Público había anunciado que los juicios serían orales y públicos, hasta ahora se han desarrollado a puertas cerradas en El Chipote, una cárcel ubicada en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, según denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
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La defensora de derechos humanos María Oviedo (Foto La Prensa)Oviedo, quien había defendido a decenas de opositores desde abril de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica que atraviesa el país, fue arrestada en julio pasado. En el marco de la crisis, ya había estado en prisión en 2019 por supuestamente agredir a varios oficiales de la Policía Nacional, lo que causó polémica pues su defensa alegó que la abogada fue víctima de abuso, con base en el testimonio de la defensora y en un vídeo sobre el incidente.
Por su parte, Rivas, quien era el presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), fue capturado en junio de 2021. Además de la acusación por conspiración, enfrenta cargos por supuesta “portación o tenencia ilegal de arma de fuego, fabricación, tenencia ilegal y uso de armas restringidas”.
Hasta ahora los 17 opositores que han enfrentado juicio por traición a la patria han sido declarados culpables y condenados a entre ocho y 13 años de prisión. Entre los acusados y condenados hay siete opositores que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia en noviembre pasado. También están ex guerrilleros sandinistas disidentes, ex vicecancilleres, ex embajadores, líderes juveniles, periodistas, académicos y empresarios.
Trato inhumano a los presos políticos
La salud de decenas de presos políticos en Nicaragua y sus pésimas condiciones de detención preocupan cada vez más a la comunidad internacional, indignada tras la reciente muerte de Torres.
Familiares y defensores de los derechos humanos denuncian un deterioro en la salud de los presos, que padecen pérdida extrema de peso y de piezas dentales, desnutrición, problemas de memoria, de movilidad y desmayos, entre otros.
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Hugo Torres“La muerte de Hugo Torres fue completamente evitable y previsible (…) si estas horribles circunstancias persisten, es probable que no sea el último”, advirtió desde Miami el abogado Jared Genser, defensor de los exaspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga.
“La muerte del pp [preso político] Hugo Torres, 73, ocurrió durante su injusta y abusiva encarcelación por Ortega-Murillo”, dijo el jefe del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, en Twitter.
“Seguir deteniendo a los presos bajo estas condiciones -especialmente a los mayores- es inadmisible. Urgimos su liberación inmediata”.
El canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, expresó “preocupación” por la salud de los detenidos y en un comunicado urgió a Nicaragua a dar garantías de atención humanitaria, así como a permitir la visita de representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
En tanto, el canciller de Perú, César Landa, aseguró en su cuenta de Twitter que Torres falleció tras su “encarcelamiento arbitrario” y señaló que su país continuará trabajando para “el retorno de la democracia y el respeto de los derechos humanos” en Nicaragua.
Para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH), Torres fue encarcelado “en condiciones inhumanas y sometido a un proceso penal sin garantías”.
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Decenas de nicaragüenses protestan para exigir libertad para los presos políticos, en una fotografía de archivo (EFE/Bienvenido Velasco)“La Unión Europea pide una investigación rápida e independiente” de la muerte de Torres, dijo en un tuit el portavoz del servicio exterior, Peter Stano,
La Organización de Estados Americanos (OEA), en tanto, consideró “abominable” que haya presos con enfermedades terminales que no reciben la asistencia médica necesaria.
La ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Antonia Urrejola destacó en sus redes sociales que Torres murió “preso y criminalizado arbitrariamente” e hizo un llamado sobre “la urgente situación” de los detenidos en Nicaragua.
“Muchos corren grave riesgo de salud y vida”, advirtió.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) con sede en Costa Rica exigió a las autoridades la “liberación sin condiciones” de todos los presos en una declaración entregada a la agencia AFP. Lo ocurrido a Torres “no debe quedar en la impunidad”.
El Cejil recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ordenó la liberación inmediata de Torres y de todas las personas presas en repetidas ocasiones, pero “el Estado nicaragüense ha hecho caso omiso, entrando en desacato”.
El organismo reiteró su llamado a la comunidad internacional a que continúe “monitoreando la crisis” en Nicaragua y demandó protección y garantía de los derechos humanos de los nicaragüenses.
La fiscalía nicaragüense no precisó la causa de la muerte de Torres, y dijo que “desde el momento que presentó deterioro en su estado de salud, fue trasladado a un hospital de la capital para ser atendido de manera adecuada”.
(Con información de EFE y AFP)
