Reforma agraria, estatización del sistema previsional, proteccionismo extremo y el desmantelamiento de la industria petrolera: Así es el plan económico de Gustavo Petro para Colombia.
Con el 50% de los sufragios válidos y logrando un margen de diferencia con respecto a Fernández, Gustavo Petro es electo presidente de Colombia. El exterrorista del Movimiento 19 de abril prometió llevar adelante una reforma económica estructural con perspectiva socialista, lo que significa un cambio radical en el modelo económico colombiano.
El programa de Petro se declara abiertamente “socialista y ecologista”, y propone dar marcha atrás con las reformas estructurales llevadas a cabo en la década de 1990 y acentuadas en la presidencia de Álvaro Uribe hasta 2010.
Expropiación de los fondos del sistema previsional
De la misma manera que se realizó en Argentina durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Gustavo Petro propone destruir el sistema de capitalización individual de las Administradoras Privadas de pensiones (AFP). Este sistema había sido instalado a mediados de los 90s, con excelentes resultados en materia de poder adquisitivo de las pensiones.
Actualmente, los colombianos lograron acumular una suma por $357 billones en las cajas de previsión social privadas. Este dinero genera rendimientos para el pago de futuros haberes jubilatorios con intereses, y estimula fuertemente el mercado de capitales local generando crédito hipotecario y crédito para empresas de todo tipo.
Petro propone expropiar los $357 billones acumulados por los colombianos, para que formen parte de las arcas del Estado y financien el gasto público corriente, por ejemplo, en pensiones no contributivas o subsidios directos para la población (como ocurre en Argentina). En reemplazo al sistema actual, los cotizantes se verán brutalmente forzados a enviar sus ahorros a un sistema único y estatal, de la misma manera en que funcionaba antes de los 90s.
Reforma agraria
Gustavo Petro propone retomar el concepto de “función social” de la propiedad privada, dando así una justificación para su intervención. La principal propuesta de Petro consiste en instalar un elevado impuesto a cualquier propietario de más de 1.000 hectáreas de tierra. El objetivo manifiesto es incentivar la atomización de la tenencia de tierras, algo que según el propio Petro convertiría a Colombia en una “potencia agroindustrial”.
Petro retoma un viejo y obsoleto concepto de la “escuela Cepalina” que dominó la política económica de Latinoamérica a mediados del siglo XX, y pretende llevar adelante un incentivo para “industrializar” el país.
Sin embargo, la acumulación de tierras por parte de inversiones capital-intensivas es precisamente lo que permite, y de hecho permitió, incrementar la productividad. Los incentivos artificiales para la atomización de tierras aumentarán la proporción de la inversión trabajo-intensiva, deteriorando la productividad y la capacidad exportable.
Proteccionismo y revisión de los TLC firmados
Nuevamente siguiendo con la lógica de la vieja CEPAL hace más de 70 años, Petro propone una reforma arancelaria para elevar fuertemente los impuestos sobre productos elaborados. En particular, el programa implementará aumentos arancelarios en 4 ramas principales: alimentos, agroindustria con valor agregado, textiles y por último la indumentaria con confecciones de cuero.
El nivel de protección arancelaria nominal de Colombia ascendió al 6% en 2020, y con los cambios propuestos se volvería a un nivel cercano al que había en 2010, con casi el 12,5% de protección arancelaria promedio.
También se propone una revisión de los tratados de libre comercio firmados. Colombia posee acuerdos comerciales con la Unión Europea, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, Canadá, Chile, Corea del sur, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, México, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Las renegociaciones de Petro implican el aumento de los aranceles máximos aceptados y la ampliación de las cláusulas para implementar restricciones cuantitativas. También se incluye un mayor endurecimiento regulatorio para restringir el ingreso de inversión extranjera directa (IED) en Colombia.
Desmantelamiento de la industria petrolera
Sin ningún reparo, el exguerrillero aseguró que su programa incluye el desbaratamiento de la industria petrolera en el país, siguiendo una agenda ecologista radical incluso en comparación a países desarrollados.
Este no fue un tema menor, pues actualmente la principal exportación de Colombia es el petróleo, y se transformó en la principal fuente de recursos para el Estado a partir de las regalías y la tributación local.
El programa incluye, como primera medida, la prohibición total de la Fracturación hidráulica o fracking, lo que supondrá un golpe violento para el potencial del sector. Junto con esto, se propone la prohibición de la exploración para buscar nuevos yacimientos de petróleo y gas, las empresas solamente podrán seguir explotando los recursos disponibles en la actualidad.
En medio del delicado contexto económico a nivel internacional, las propuestas extremistas de Petro parecen irrealizables: Colombia no solamente perdería una oportunidad histórica para colocar hidrocarburos en el mercado externo, sino que incluso se verá obligada a importar grandes cantidades de estos productos para evitar un colapso energético similar al que se produce en Sri Lanka por políticas similares.
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