La Contraloría General de Ecuador aprobó y envió a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) por pagos injustificados a un proveedor de Petroecuador, que superan los US$ 24 millones.
Como resultado del examen especial a los contratos suscritos por Petroecuador para la modernización de sistemas de sellado, planes de interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés), renovación y actualización de bombas y asistencia de las actividades de mantenimiento de equipos rotativos de la Refinería de Esmeraldas, la Contraloría puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado un IRP por los pagos realizados a la compañía Nolimit C. A.
El nombre de la empresa Nolimit está atado a casos de sobornos que han investigado en Estados Unidos. En medio de los procesos judiciales, José Luis De la Paz Román, uno de los socios y representante de la compañía Nolimit C. A., confesó haber pagado US$ 8,8 millones en sobornos por contratos de Petroecuador y es pieza clave en el caso llamado Las Torres.
Entre los años 2012 y 2017, Nolimit C. A. recibió US$ 121 millones en contratos de Petroecuador, principalmente para bombas y asistencia en mantenimiento para las readecuaciones de las refinerías de Esmeraldas y La Libertad.
Ahora, en el informe de Contraloría se señala que las planillas de liquidación y de servicios adicionales del contrato complementario signado con el número 2014028 se cancelaron “sin sustentos del cálculo y documentos de la prestación del servicio de soporte técnico y transferencia tecnológica”.
Los funcionarios de la estatal petrolera certificaron la recepción de los trabajos, por 73.020 horas/hombre, sin adjuntar respaldos del cumplimiento efectivo del contrato, como: las hojas de tiempo del personal, reportes de actividades, reportes de timbrado de asistencia, reporte manual de asistencia con firmas físicas, libros diarios de servicios.
