El Gobierno español aprobó este martes un proyecto de ley para proteger a quienes denuncien prácticas corruptas en empresas o en la administración, que llega con retraso para adaptarse a una directiva europea y tras graves casos de corrupción en España.
Sin sustituir las vías tradicionales de denuncia ante la justicia u otros organismos, esta norma crea una autoridad administrativa independiente para “cubrir los huecos que quedan en nuestro país en materia de lucha contra la corrupción”, destacó en rueda de prensa en Madrid la ministra española de Justicia, Pilar LLop.
Quien denuncie podrá recurrir directamente a esa autoridad, pero las empresas de más de cincuenta empleados, las administraciones públicas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que reciban fondos públicos deberán crear también canales internos para recoger las posibles denuncias, que podrán ser anónimas y deberán ser respondidas en un plazo de tres meses, prorrogable si la investigación es compleja.
Para ofrecer una protección “eficaz y efectiva” a los denunciantes y evitar cualquier tipo de represalias, la norma fija sanciones de hasta un millón de euros, para las entidades que intenten dañar a la persona o a su entorno, y de hasta 300.000 euros si se trata de una persona física.
Además de las económicas habrá otras sanciones, como amonestaciones públicas o la prohibición de recibir subvenciones, de contratar con la administración pública o de obtener beneficios fiscales.
Llop aclaró que también establece garantías contras las “delaciones espurias”, que pueden dañar gravemente la reputación de personas o instituciones, con sanciones para quienes acudan a esas prácticas con información falsa a sabiendas de su falsedad.
La ministra agradeció a quienes con su valentía y muchas veces a costa de un elevado precio personal han denunciado prácticas corruptas y han puesto en la agenda política la necesidad de esta ley, pues “su vida con este texto hubiese sido mucho más fácil”.
El proyecto traspone una directiva europea aprobada en 2019 y que tenía que estar desde diciembre plasmada en la legislación nacional, por lo que, ante el retraso, la Comisión Europea abrió en febrero un procedimiento de infracción contra España y otros veinticinco Estados miembros.
Al respecto, Llop destacó la complejidad de la norma y recordó que prácticamente la mitad de los Estados miembros aún no ha traspuesto la directiva.
La ley, que debe tramitar el Parlamento español, llega después de graves episodios de corrupción en España, como el conocido como caso ERE, por el desvío de al menos 680 millones de euros de ayudas públicas a cargos de un gobierno regional y sindicales, o el Gürtel, de contratos públicos irregulares a empresas que desembocó en una moción de censura que costó el poder en 2018 al entonces presidente del Ejecutivo español, el conservador Mariano Rajoy.
