Washington accede a la petición de la defensa del Príncipe Heredero al considerar que es inimputable por su condición de Primer Ministro, posición que asumió este año tras un renombramiento del gabinete que realizó su padre, el Rey Salman
La Administración de Joe Biden, quien prometió hacer de Arabia Saudita “un Estado paria” durante la campaña que le llevó a la presidencia en el 2020, considera que el cargo que desempeña Mohamed bin Salman, príncipe heredero y Primer Ministro saudí, cargo que ocupa desde fines de septiembre, le blinda jurídicamente en el caso abierto contra él por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul en 2018.
El Departamento de Justicia estadounidense presentó en la noche del jueves un expediente ante un tribunal a instancias del Departamento de Estado, especificando que el reciente nombramiento de bin Salman como Primer Ministro le confiere inmunidad jurídica.
“El Departamento de Estado reconoce y permite la inmunidad del Primer Ministro (saudí), Mohamed bin Salmán, como jefe en ejercicio del Gobierno de un Estado extranjero”, indicó Richard Visek, firmante del documento presentado ante la Justicia estadounidense. De esta manera, bin Salman será inmune “ante la jurisdicción del tribunal de distrito de Estados Unidos en esta demanda” mientras continúe en el cargo.
Michael Kellogg, uno de los abogados, apuntó que “el tribunal debe tener en cuenta que el príncipe heredero tiene inmunidad por su estatus debido a su actual situación como primer ministro de Arabia Saudí y debe descartar las afirmaciones de los demandantes contra el príncipe heredero por falta de jurisdicción”, en una petición ante un tribunal estadounidense.
Este hecho ocurre en un contexto en el que los demócratas obtuvieron mejores resultados de los esperados en las elecciones de medio término celebradas el 8 de noviembre y en el que Arabia Saudita se ha negado a las presiones y amenazas de la administración Biden de no reducir la producción de petróleo en el marco de la decisión de la OPEP+.
El Departamento de Estado, no obstante, “reitera su condena inequívoca del atroz asesinato de Khashoggi”, subraya el documento. En febrero de 2021, un mes después de la llegada a la Casa Blanca de Biden, la publicación de un informe de la CIA dejó claro que “el príncipe heredero de Arabia Saudí aprobó el operativo para capturar o matar” al periodista, colaborador del diario estadounidense The Washington Post.
El pronunciamiento de la Administración estadounidense se produce en la fecha límite para ello, después de que un abogado del príncipe argumentara en octubre que su nombramiento como Premier del pasado 27 de septiembre le daba “inmunidad”.
El documento oficial apunta que el tribunal debe reconocer que carece de jurisdicción para abordar la demanda. Con su nombramiento como jefe de Gobierno, un cargo que añadir a la titularidad de otras carteras y su papel en la sucesión, el Príncipe Heredero se reafirma como el hombre fuerte del régimen.
Siendo que Khashoggi había acudido al consulado de su país para obtener los papeles necesarios para casarse, la prometida del difunto periodista, Hatice Cengiz, ha acusado a Biden de “salvar al asesino al concederle inmunidad”. “Ha salvado al criminal y se ha implicado en el crimen. Veremos quién le salva después”, ha manifestado.
“Jamal ha muerto hoy otra vez”, ha lamentado Cengiz en su cuenta de Twitter, subrayando que ha sido una decisión inesperada de Washington. “Pensábamos que quizá habría una luz para la justicia en Estados Unidos, pero de nuevo el dinero ha ido por delante”, criticó.
Desde la firme condena contra el régimen saudí de su campaña electoral, Biden ha rehabilitado paulatinamente a bin Salman. A mediados de julio, con el suministro de crudo en cuestión por la guerra entre Rusia y Ucrania, y con una tendencia creciente de precios del crudo, el presidente de Estados Unidos realizó una gira por Oriente Próximo con escala en Riad, en cuya reunión Biden no logró su cometido ni satisfizo a quienes defienden el repudio del Príncipe.
También forzada por la crisis energética, la visita de bin Salman a París, en la que fue recibido oficialmente por Emmanuel Macron, a finales de ese mismo mes, fue otro paso en la rehabilitación internacional de quien los servicios de inteligencia y grupos de derechos humanos consideran “instigador de la desaparición de Khashoggi”.
Además, a la demanda de Biden de que Arabia Saudita, como líder de la OPEP, aumentara la producción de crudo para abaratar los precios, el grupo de países productores y exportadores respondió con la medida contraria: cerrar el grifo de los pozos petroleros.
De “error legal y político” ha calificado la ONG Democracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN), fundada por el propio Khashoggi. DAWN había firmado junto con Cengiz la demanda contra el Príncipe Heredero y otros 20 ciudadanos saudíes, presentada en octubre de 2020 en Estados Unidos, para aclarar el nivel de implicación de altos cargos saudíes en el asesinato y descuartizamiento del periodista.
El proceso judicial en Arabia Saudita, que organizaciones de derechos consideran un simulacro de justicia, concluyó el 7 de septiembre de 2020, con la condena a penas de cárcel de ocho implicados en el asesinato. No obstante, esta sentencia reducía la pena capital dictada en diciembre de 2019 contra cinco de ellos.
La entonces relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, que investigó el caso, dijo en junio de 2019 que las pruebas sugerían que Bin Salman y otros altos cargos eran responsables del asesinato.
Posteriormente, calificó los fallos del proceso llevado a cabo en el reino saudí de “parodia de justicia”. Debido a este tipo de declaraciones, Callamard fue amenazada directamente por autoridades saudíes, según ha denunciado.
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