La Corte Conjunta de Justicia ratificó la condena a cuatro años de prisión contra cuatro personas que participaban en una red de tráfico y explotación sexual de venezolanas en Curazao. Así lo reseña un reportaje de José Ignacio Mayorca para Crónicas del Caribe.
El veredicto involucra a una mujer y tres hombres, entre ellos un funcionario de la policía de la isla, señalados de captar a las mujeres en territorio venezolano, trasladarlas en botes y ponerlas a trabajar como “trago girls” o ficheras en el bar La Tasca.
Según datos de registro mercantil, este club nocturno pertenece a una holandesa de origen portugués, y funciona en la avenida Frederikstraat.
Los implicados fueron detenidos durante los primeros días de 2019, como parte de una investigación que no se restringía solo a las actividades desarrolladas en La Tasca.
Para robustecer las imputaciones, el fiscal acusador contó con los testimonios de dos mujeres, así como también de un empleado de seguridad del propio local.
La red reclutaba a las mujeres en Venezuela, a sabiendas de que la población está muy afectada por el deterioro económico, y que además podría aprovechar la circunstancia de que ninguna de ellas hablaba papiamento ni holandés.
“Las víctimas no conocían virtualmente a nadie, y no tenían permisos de trabajo ni de residencia”, expone la acusación.
Las mujeres debían trabajar desde las 10 pm hasta las 7 am. Pero la jornada podría extenderse hasta las 11 am si todavía quedaban clientes en el local.
Según la directora ejecutiva de la fundación Famia Plania (Planificación Familiar) Marisela Flemming, las ficheras deben propiciar que los clientes consuman licor en el local. Por cada trago que ingieran sus acompañantes, ella recibirá una bonificación.
Cada ficha equivale a 3 florines (1,67 dólares americanos). Según Flemming, a las “trago girls” no les dan bebidas alcohólicas, sino jarabe de goma diluido en agua, para que no pierdan el control.
De acuerdo con documentos presentados por la fiscalía, la red propiciaba que las ficheras tuviesen actividad sexual con los asistentes a La Tasca. Si esto sucedía, estaban obligadas a utilizar los servicios del hotel Carlos, un inmueble sin estrellas ubicado al otro lado de la calle.
El nombre de este hotel no era desconocido para las autoridades. En 2006, otra investigación policial determinó que ese inmueble era manejado por los mismos propietarios de La Tasca y de otro centro nocturno, donde también llevaban a cabo explotación sexual, conocido como Casa Rosada.
Emigran de Punto Fijo
Aunque algunas pesquisas revelaron que las dominicanas también participaban en redes de prostitución en Curazao, en la actualidad casi todas han salido del estado Falcón, en especial de Punto Fijo.
“Estas mujeres necesitan trabajar para llevar el sustento a más de una familia en Venezuela. Probablemente, no solo a sus hijos sino también a sus padres y hermanos. El peso para ellas es muy grande”, explica Flemming.
La fundación dirigida por ella llevó a cabo una sesión de entrevistas confidenciales con “trago girls” venezolanas, a principios de esta semana.
Uno de los hallazgos es que la mayoría de las mujeres acudió a Curazao por referencia directa de una persona que había estado o que estaba allí, y no por avisos publicados en la prensa o en las redes sociales.
Otro factor en común es que los integrantes de las redes retienen los pasaportes de las mujeres hasta que consideren saldada una deuda acumulada por el traslado desde Venezuela y el alojamiento en una habitación que a menudo es compartida con otras inmigrantes, ya sea en viviendas particulares o en sitios como el hotel Carlos.
Al carecer de pasaporte, las mujeres quedan en situación de vulnerabilidad, con una capacidad de movilización restringida.
“Todas quieren legalizarse, pero aquí las leyes son muy estrictas y si no tienes dinero no podrás hacerlo. Además, en Venezuela cuesta mucho todo el apostillado de los documentos”, comenta.
De acuerdo con el expediente del caso La Tasca, a las mujeres les pagaban un salario máximo de 175 florines a la semana, equivalentes a 97 dólares americanos. Por lo que se veían obligadas a complementar sus ingresos propiciando la ingesta de bebidas y llevando a cabo actos de prostitución.
Sin embargo, la red podría “multar” a las ficheras hasta por 200 florines (111 dólares) si la regente, llamada La Mami, detectaba que alguna intentaba ganar dinero tras bastidores.
Flemming indica que la actividad en estos locales se ha normalizado progresivamente. Sin embargo, algunas de las “trago girls” ya emancipadas han montado sus propias redes, que no dependen de un bar. Anuncian sus servicios a través de las redes sociales, y acuden a lugares con más privacidad que la de un centro nocturno.
