A pesar de haber superado la hiperinflación más dramática de la historia tras desacoplarse del bolívar, la economía venezolana sufre un peligroso repunte de la inflación desde marzo por los intentos de Maduro de reintroducir la moneda nacional.
La dictadura socialista volvió a perder el control de la inflación y el tipo de cambio, a pesar de las reformas emprendidas desde el año 2018. Los precios minoristas aumentaron violentamente un 21,9% solamente en el mes de noviembre, según las estimaciones informadas por la Asamblea Nacional independiente del régimen.
La inflación parece nuevamente incontenible y muestra una clara tendencia alcista desde el pasado mes de marzo. Los precios saltaron un 10,5% en marzo, 10,1% en mayo, 14,5% en junio, 17,3% en agosto y hasta 14,5% en octubre. Las estadísticas oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV), generalmente más imprecisas, señalan aumentos más bajos, pero reportan una disparada inflacionaria del 28,7% en el mes de septiembre.
El promedio móvil de 3 meses para la inflación mensual aumentó del 4,17% en febrero a casi el 16% en noviembre. La tendencia hacia el alza resulta cada vez más evidente, los precios muestran una nueva precipitación al descontrol a pesar de todos los esfuerzos de la dictadura.
La inflación interanual tocó un piso del 139% en el pasado mes de julio, pero a partir de entonces recobró el sendero alcista. La variación interanual de precios llegó al 153% en agosto, 157% en septiembre, 173% en octubre y hasta un 213% al cierre de noviembre.
Los precios al consumidor acumularon un aumento del 195,7% entre enero y noviembre, y se espera que se supere cómodamente el umbral del 200% para el último mes del 2022.
El tipo de cambio para la paridad con el dólar se disparó un 238% desde enero. El régimen de Nicolás Maduro se vio obligado a liberalizar la mayor parte de las transacciones del control cambiario a partir de mayo de 2019, tras el colapso del sistema y el agotamiento de las reservas internacionales del BCV.
En este nuevo esquema, la dictadura adoptó una estrategia de “flotación sucia” por medio la cual se interviene sistemáticamente la paridad del tipo de cambio con sacrificio de reservas, algunas de ellas acumuladas por la venta de las posiciones en oro y otras por la venta parcial de paquetes accionarios de empresas estatales. Pero ni este nuevo sistema permitió evitar la vuelta del desborde inflacionario.
Los controles de precios también se volvieron irrisorios en la práctica. Las regulaciones provocaron un desabastecimiento generalizado de bienes que alcanzó el 80% desde enero de 2016, según estadísticas oficiales. La proliferación de los saqueos a supermercados y la crisis energética por la escasez de combustible desembocaron en la liberalización de la mayor parte de los precios a partir de 2017.
Sin controlar el desequilibrio de las finanzas públicas y sin poder contener la expansión de la oferta monetaria de la economía, el Estado venezolano perdió completamente la capacidad de previsión y acción, convirtiéndose en un “Estado fallido” incapaz de planificar como lo sugeriría una organización socialista.
La deuda pública del Estado venezolano se disparó al 240% del PBI en 2021, y las erogaciones representaron el 10,5% del producto, cuando hasta 2018 representaban casi el 40%. La inflación hizo completamente imposible la previsión presupuestaria, y aunque los sucesivos presupuestos incluyeron expansiones fiscales siderales en todas las partidas, en la práctica la inflación licuó una y otra vez los montos asignados y los volvió inútiles.
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