El proyecto de ley de gastos federales se compromete a aumentar la participación del Estado en la economía, abandonando completamente la responsabilidad fiscal. Se incluyen gastos irrisorios e incluso se propuso modificar la ley de conteo de votos electorales.
El presidente Joe Biden envió al Congreso un proyecto de ley para aumentar los gastos federales para el año fiscal 2023, y se extendería las erogaciones hasta 1,7 billones de dólares (doce ceros). Los demócratas buscan aprobar esta ley, más conocida en Estados Unidos como “ley ómnibus”, antes que los republicanos tomen control de la Cámara Baja el 6 de enero del 2023.
Tanto los ahora oficialistas diputados demócratas como la por ahora oposición republicana deberán tratar el proyecto y negociar una aprobación antes de fin de año, o de lo contrario se corre el riesgo de producir un “shutdown” (cierre) del Gobierno federal, por falta de recursos.
El programa fue enviado hace pocos días y cuenta con más de 4.000 páginas y decenas de asignaciones presupuestarias, que van desde subsidios a las grandes generadoras de energía, pasando por cambios en el proceso electoral, hasta transferencias al esfuerzo bélico de Ucrania.
La legislación incluye un monto de hasta US$ 772,5 mil millones sobre partidas discrecionales, y un mayor gasto en defensa por US$ 858 mil millones. La relación dispar entre estas dos partidas quiebra una histórica tradición dentro del Partido Demócrata (que suelen exigir que sean iguales) y funciona como un elemento de negociación con los republicanos, que siempre presionan por un mayor gasto militar.
Sin embargo, la legislación muestra asignaciones muy poco convencionales. El representante republicano Daniel Bishop publicó en sus redes sociales los detalles más polémicos del proyecto de gastos de Biden.
Se destinan no menos de US$ 575 millones en “planificación familiar en áreas donde el crecimiento de la población amenaza la biodiversidad”. Se quieren asignar hasta US$ 410 millones para reembolsar a Jordania, Líbano, Egipto, Túnez y Omán por gastos en su seguridad fronteriza, a pesar de que Estados Unidos atraviesa una de las peores crisis migratorias de su historia.
La ley de gastos de Biden establece una línea de financiamiento para “enjuiciamientos por ataques del 6 de enero” con un paquete de US$ 2,6 mil millones para fiscales estadounidenses que sufrieron el “trauma” de haber tenido que tomar casos “de tal gravedad institucional“.
Asimismo, se destinan US$ 11,3 mil millones de dólares para la Oficina Federal de Investigaciones para investigar la “violencia extremista de la derecha en Estados Unidos”, un punto que Biden ha estado utilizando para convertir al país en un Estado policial, así como alguna vez lo hizo Bush tras el ataque a las Torres Gemelas.
My team and I are reading through the omnibus bill today – all $1.7 trillion and 4,155 pages of it.
Follow along for some of the most egregious provisions in the bill
— Rep. Dan Bishop (@RepDanBishop) December 20, 2022
No conforme con esto, el proyecto incluye pretenciones que son abiertamente ajenas a las cuestiones económicas o presupuestarias. El texto propone modificar la ley de conteo de votos electorales, con el fin de dificultar cualquier proceso que implique una anulación de una elección presidencial certificada.
El proyecto además amplía busca fondear el enorme agujero fiscal que se generó por la decisión electoralista de Biden de perdonar las deudas estudiantiles antes de los comicios de noviembre. Para esto, se aumenta la concesión máxima de la subvención Pell en US$500 a US$7,395 para el próximo año escolar.
También se propone aumentar los subsidios energéticos focalizados, siguiendo un patrón de medidas muy similar al que implementa el kirchnerismo en Argentina. Se proporcionarán hasta US$ 5.000 millones para el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos, un subsidio federal sobre las facturas energéticas residenciales como ocurre en Argentina desde el año 2003.
Este punto entra en contradicción con la financiación de otras partidas buscando desalentar el uso de energías no renovables. El Gobierno aporta recursos para alentar la generación de energías alternativas, pero al mismo tiempo incentiva activamente el consumo de energía con subsidios.
Los demócratas no anunciaron un paquete tributario definido y consistente con los aumentos fiscales, por lo que se proyecta un aumento del tamaño del Estado en la economía durante los próximos años, seguido por el aumento del déficit presupuestario y la deuda pública federal.
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