En una hora Lula suspendió las privatizaciones de Bolsonaro, promovió el desarme civil, subió impuestos a los combustibles, elevó los ministerios de 22 a 37 y anuló la reforma “Escolas sem Partidos” del ex presidente.
A diferencia de la derecha, que cuando llega al poder busca consensos y seguridad jurídica para una y cada una de sus acciones políticas, el flamante Lula da Silva no perdió el tiempo y tan solo una hora después de asumir como presidente firmó 10 decretos en un tirón suspendiendo prácticamente todas las reformas que Bolsonaro promovió en sus 4 años de gestión.
El primero en firmar fue dejar sin efecto la política de flexibilización para la adquisición de armas por parte de la población civil, que Bolsonaro implementó para promover el arme civil y disminuir la delincuencia.
En otro decreto, tiró abajo la autorización para la apertura de clubes de tiro hasta nuevo aviso y redujo de 6 a 3 el número de armas que puede tener un civil en su casa.
En el tercer decreto, anuló el recorte impositivo a los combustibles, que Bolsoanro había dispuesto como medida para bajar el impacto de la suba de precios a nivel internacional del barril de petróleo por guerra en Ucrania.
En un cuarto decreto, Lula canceló la ayuda social Auxilio Brasil que había creado Bolsonaro y reinstauró la llamada Bolsa Familia que popularizó en su gobierno. Si bien tiene el mismo importe de R$ 600 reales, el plan social de Lula es entregado primero a movimientos sociales, quienes luego se encargan de distribuirlo entre la gente, con toda la corrupción que eso conlleva. Las ayudas de Bolsonaro debían ser buscadas directamente por la gente en oficinas del gobierno federal.
En otro decreto elevó la cantidad de ministerios de 22 a 37, la cantidad más grande registrada en la historia de los gobiernos de Brasil. Esto lo pudo hacer luego de un masivo aumento del gasto público que el Congreso le aprobó unas semanas antes de asumir la presidencia.
En el sexto decreto, tal vez el más importante de todos los que firmó, Lula anuló todas las privatizaciones que Bolsonaro tenía pendientes hasta la fecha. Entre ellas la gigante petrolera Petrobras, el servicio postal Correios y la masiva Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), que controla las telecomunicaciones y toda la red de medios públicos del país.
Otros dos de los decretos que firmó están relacionado con la educación. En el primero anuló uno de los pilares del gobierno de Bolsonaro: una norma que prohibía el adoctrinamiento educativo en las escuelas de todo el país.
Y en un octavo decreto sobre este mismo tema, y capaz el más polémico, Lula suspendió una norma de Bolsonaro que permitía la creación de escuelas especiales dirigidas a estudiantes con discapacidades.
En otro decreto reestableció el Fondo Amazonia, una caja de donaciones internacionales comandada por Noruega y Alemania para cuidar la Selva Amazónica. Bolsonaro la había cerrado debido a que había sido foco de corrupción y malversación de fondos durante los anteriores gobiernos petístas.
Por último, el décimo decreto que firmó en la primera hora en el Palacio del Planalto, Lula eliminó la normativa que permitía la creación de documentos confindenciales por 100 años, que había sido dictada por Bolsonaro sobre varios temas, entre ellas su libreta de vacunación y las visitas al Palacio del Planalto y el Palacio de la Alvorada (residencia oficial).
Bolsonaro había tenido que recurrir a esta medida para evitar la persecución política de la Corte Suprema. En la causa “Fake News”, el juez Alexandre de Moraes había tratado de obligar a Bolsonaro a decir si se había vacunado contra el Covid y si se había reunido con empresarios que arrestó por crear “noticias falsas” contra el Poder Judicial.
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