El aspirante a candidato a presidente republicano intenta impulsar la agenda trumpista más que nunca y ahora promovió que los violadores de niños enfrenten la sentencia capital.
El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, le puso la firma a un proyecto de ley que fue aprobado en la Legislatura para que los violadores de menores de 12 años condenados sean elegibles a la pena de muerte en todo el estado.
“Desafortunadamente, en nuestra sociedad, tenemos crímenes sexuales muy atroces que se cometen contra niños menores de 12 años“, dijo en la firma de la legislación. “Estos son realmente lo peor de lo peor. Los autores de estos delitos suelen ser delincuentes en serie y de esta manera extendemos la pena máxima para este tipo de criminales también“.
En Florida hasta la aprobación de esta ley, la pena capital solamente estaba dirigida a asesinos en serie o a miembros de pandillas criminales que cometan múltiples homicidios. A partir de ahora, abusar sexualmente a un niño podría llevar a la misma consecuencia.
La legislación entró en efecto el pasado 2 de mayo, pero podría ser frenada rápidamente. En 2008, la Corte Suprema, en aquél entonces dominada por el Partido Demócrata, prohibió las sentencias de muerte para violadores que no hayan asesinado a sus víctimas en el icónico caso Kennedy v. Louisiana.
Por lo que la primera vez que se intente aplicar la pena de muerte acorde a esta legislación, la defensa sin dudas apelará la sentencia valiéndose de “Kennedy v. Louisiana” y el caso deberá ser revisado nuevamente por la Corte Suprema, la cual ahora con una diferente composición más orientada al lado republicano, podría terminar convalidándola.
DeSantis mencionó esta posibilidad, y dijo que iría “hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos para anular los precedentes judiciales que han protegido injustamente a los violadores de niños de la pena de muerte”.
Además, el gobernador afirmó que el fallo “negó a las víctimas y sus seres queridos la oportunidad de buscar la justicia definitiva contra estos criminales más atroces”.
La legislación dice que los acusados podrían recibir pena de muerte según las recomendaciones de al menos ocho de los 12 miembros del jurado. Los jueces tendrían la discreción de imponer la pena de muerte o sentenciar a los acusados a cadena perpetua tras la decisión del jurado.
Si menos de ocho miembros del jurado recomiendan la muerte, los acusados recibirían cadena perpetua automáticamente, sin la posibilidad de ser elegible para la pena de muerte. Como de costumbre, previo a la sentencia, y según el derecho anglosajón, los jurados tienen que encontrar culpables a los acusados por unanimidad de cualquier delito.
O sea que primero los 12 jurados tienen que estar de acuerdo que la persona fue culpable, y después 8 de esos 12 tienen que estar de acuerdo con darle la pena de muerte. Recién ahí, el juez puede decidir dictar la sentencia de muerte. Es un proceso con enormes etapas de control y sin la posibilidad de abusp de poder.
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