El índice de actividad acumuló una violenta caída de hasta el 36% desde septiembre del año pasado. La dictadura de Maduro resolvió un programa para congelar los salarios y el tipo de cambio, como parte de un segundo intento para contener el alza de los precios.
Tras un primer intento fallido para estabilizar los precios, el régimen de Nicolás Maduro volvió a un segundo programa de estabilización a partir de febrero, pero los costos del plan se hacen sentir.
La actividad económica se resintió hasta un 8,3% solamente en el primer trimestre del año según informó el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). El PBI real acumuló una profunda contracción del 35,8% con respecto al tercer trimestre del año pasado, con lo cual se llegó al nivel más bajo observado desde mayo de 2020. Todavía se registran los efectos colaterales del fracaso del primer intento de estabilización.
Desde el punto de vista de la oferta agregada la economía sufrió una nueva reversión de la producción petrolera (el sector más importante del país), a pesar del importante crecimiento de las actividades de la empresa Chevron cuya producción se disparó 50.000 barriles diarios en 2022 a más de 900.000 barriles diarios durante el primer trimestre de este año. También se registró una caída interanual del 5,3% sobre la producción industrial.
Asimismo, de acuerdo a los componentes de la demanda agregada se observó una fuerte caída del 13,3% interanual sobre el volumen de ventas minoristas, un fenómeno directamente vinculado a las medidas que adoptó el Gobierno para tratar de contener la inflación.
El segundo intento de estabilización de la dictadura se sustentó de dos herramientas: el congelamiento general de los salarios en el sector público y sobre la remuneración mínima legal, y por otra parte una masiva intervención sobre el mercado cambiario para mantener inalterada la cotización del dólar libre. Esto es posible por las reservas internacionales adquiridas tras las sucesivas devaluaciones entre 2020 y 2021, así como el levantamiento parcial de restricciones a la exportación con el visto bueno de Joe Biden.
El pago de salarios sobre la administración pública y las empresas estatales es actualmente la principal fuente explicativa de las erogaciones del Estado venezonalo. Las medidas consolidaron un fuerte ajuste fiscal que, sin embargo, se llevó a cabo de manera completamente improvisada.
Los congelamientos salariales fueron ampliamente representativos ya que el empleo público representa una gran cuantía del total, y el deterioro sistemático del poder adquisitivo de los salarios hizo que la mayor parte de la población ocupada se rija por el salario mínimo anunciado por las autoridades. Esto llevó a una importante caída del salario real que precipitó la caída de las ventas minoristas y el consumo.
La intervención sobre el mercado cambiario permitió que el dólar libre se mantuviera prácticamente constante a lo largo de todo el mes de abril, solo con observando una variación acumulada del 0,98%.
La variación mensual del Índice de Precios Minoristas (IPC) descendió del 39,2% en enero de 2023 al 20,2% en febrero, 4,2% en marzo y solamente un 2,5% en abril (las últimas dos mediciones ya se encuentran por debajo de la inflación mensual de Argentina). Aún así, la brecha fiscal sobre el sector público sigue activa y el Banco Central de Venezuela no dispone de las suficientes reservas como para sostener este proceso de intervención por tiempo indefinido.
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