Marcelo Agüero Vera, fiscal del juicio ha hecho todas las concesiones posibles para agilizar las declaraciones, incluso desistiendo de otros testigos para que se avance, pero la inmovilidad de las autoridades venezolanas ha truncado todos los esfuerzos.
El juicio oral por el ingreso de Guido Alejandro Antonini Wilson, un operador chavista, con un maletín que contenía casi 800 mil dólares, entró en una etapa de ralentización debido al poco entusiasmo que muestra la justicia del régimen de Nicolás Maduro para colaborar con el proceso.
El Ministerio Público madurista no ha prestado la ayuda requerida para el caso, especialmente con la declaración de dos personajes claves para reconstruir la trama.
Jorge Pérez Mancebo y Ruth Behrends Ramírez, son los testigos que esperan en el juicio pero que según las autoridades de la dictadura madurista, no han podido dar con su paradero.
Pérez Mancebo era director gerente de la filial argentina de Pdvsa y Behrends Ramírez era directiva de la estatal petrolera y pasajera junto a Antonini en el vuelo donde se trasladó el dinero a Buenos Aires.
Marcelo Agüero Vera, fiscal del juicio ha hecho todas las concesiones posibles para agilizar las declaraciones, incluso desistiendo de otros testigos para que se avance, pero la inmovilidad de las autoridades venezolanas ha truncado todos los esfuerzos.
En la última audiencia de esta semana fue donde se comunicó la situación. El área de Cooperación Internacional de la Procuración General esperaba recoger la respuesta de sus pares venezolanos, sin embargo la respuesta que recibieron fue que «no ha podido dar con el paradero de los testigos» nombrados.
Según un reporte de Ámbito, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 que está llevando adelante el juicio oral, ofreció esa última chance para que se pueda cumplir con el cometido de escucharlos, vía Zoom. La insólita respuesta de la justicia venezolana llega luego de una serie de idas y vueltas donde, presuntamente, habían concertado una comunicación para audiencias anteriores pero que, al demorarse con otros testigos, se les había excedido el límite de conexión por internet. Cuando los habilitaron a ingresar, ya se habían desconectado. Después de ese episodio no hubo novedades ni avances en la coordinación.
Cuando comenzó el juicio, que se lleva a cabo en modalidad mixta, aparecieron conectados otros funcionarios maduristas, pero que no habían solicitado acceder como partes ni tenían autorización como público para ver los testimonios. Esto fue uno de los problemas que se presentaron.
Ahora, el juicio ingresará en un impasse hasta el 2 de agosto después de la llamada feria judicial de invierno, cuando el tribunal espera recibir estos dos testimonios y las respuestas de los funcionarios que solicitaron responder por escrito un cuestionario.
