La contratación de Fospuca para la prestación del servicio de aseo urbano en conjunto con otras acciones emprendidas por la Alcaldía del municipio Caroní, en el estado Bolívar, provocaron el cierre de más de 410 empresas. La compañía, además, emprendió demandas con solicitudes de embargo contra otras 12 empresas con la complicidad de funcionarios del Palacio de Justicia
En un contexto de restringido margen de ganancias de las empresas en el municipio Caroní, en el estado Bolívar, la Alcaldía impuso un sistema de recolección de basura – a cargo de la cuestionada empresa privada Fospuca -, que, según denuncias de empresarios, escapa por mucho de la capacidad de las empresas para pagarlo y por lo tanto, las condena al cierre o las arrastra a la informalidad.
La caída del consumo por la devaluación del salario desplomó las ventas y las ganancias de estas empresas durante el primer trimestre de 2023, según reportó el gremio empresarial Fedecámaras Bolívar, en la última Encuesta de Percepción Empresarial de su Unidad de Análisis Económico (UAE). Para más de la mitad de los encuestados, por ejemplo, las ventas bajaron entre 25% y más del 50%.
La federación también informó sobre un aumento de los costos operativos por el incremento de las tarifas de los servicios públicos, escasez de combustible y demás factores. Tanto que casi 33% de los empresarios encuestados respondieron que conocían entre cinco y 10 comercios que cerraron durante los primeros tres meses del año, y otro 24% respondió que conocía al menos 20 empresas que declararon cierre fiscal.
Crédito: Laura Clisánchez
Las fiscalizaciones emprendidas por la Alcaldía de Caroní y las tarifas impuestas para el pago del servicio de aseo urbano prestado por Fospuca desde noviembre de 2022 acorralaron al sector empresarial del municipio a tal punto que, a finales de abril, 23 gremios se declararon en emergencia. La mesa técnica de Fedecámaras Bolívar reportó a la prensa local un saldo de 410 empresas cerradas entre noviembre de 2022 a abril de 2023 por incapacidad para pagar las tarifas del servicio.
Comerciantes del municipio llevan al menos 10 meses solicitando a la Alcaldía una reducción de las tarifas fijadas unilateralmente.
En esta entrega, El Estímulo hace un recuento de cómo la contratación pública del servicio de aseo urbano y las acciones judiciales emprendidas por Fospuca contra las empresas de Ciudad Guayana afectó la actividad comercial de una ciudad en la que, tras la debacle de las industrias básicas, la pandemia por COVID-19, y la escasez de combustible,las empresas maniobran para intentar mantener las puertas abiertas. Muchas no lo lograron.
Propuestas ignoradas
Los empresarios pusieron sobre la mesa propuestas que la Alcaldía todavía ignora: la reforma de la Ordenanza sobre la Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos en sus artículos 72, 73 y 75; modificaciones al Decreto 008-22 sobre las tarifas del servicio de Fospuca y el desbloqueo del portal fiscal para poder declarar y pagar impuestos sin impedimentos de ningún tipo, al ser este un deber de rango constitucional.
Además plantearon establecer tarifas entre los 16.8 y 240 dólares o entre 0.28 petros y cuatro petros (la moneda virtual del gobierno chavista) para el sector comercio, servicio e industrias. La propuesta es que la base de cálculo sea la capacidad contributiva de los comercios, así como sus condiciones de operatividad y generación real de desechos.
Esto porque, de acuerdo con el Decreto Nro.008/22 que establece las tarifas del servicio, el alcalde Tito Oviedo fijó los montos entre 0.10 y 18 petros (entre seis y 1.080 dólares ), sin incluir las tarifas por locales desocupados o terrenos vacíos, conforme a los metros cuadrados de cada local comercial, dependiendo de su rama económica. Los montos a pagar superan los 1.080 dólares mensuales cuando el local excede los 1.001 m2.
Los empresarios manifestaron en reiteradas ocasiones que no pueden asumir esas tarifas en un contexto de mínima producción, disminución de ventas y aumento de costos operativos.
Aunque el presidente de Fospuca Caroní, José Simón Elarba, prometió que 83% de los comercios pagarían tarifas menores de 50 dólares, en la práctica 41.89% de 10.836 empresas censadas – con base en un catastro desactualizado – deben pagar de 50 dólares en adelante, y esto de acuerdo con información proporcionada por la propia compañía.
¿Bajo cuáles criterios la Alcaldía fija las tarifas del aseo? ¿Cuál es la estructura de costos del servicio? ¿Cuál es el plan de inversión de Fospuca en el municipio? ¿Cuánto de lo recaudado se tributa al fisco? Son preguntas hasta el momento sin respuesta.
“Si no pagas aseo, no podrás declarar impuestos”
O eso es lo que, en otras palabras, quiere decir la Superintendencia de Administración Tributaria del municipio Caroní después de que la Cámara Municipal aprobó la Solvencia Única Municipal, uninstrumento legal que establece como requisito el pago de los servicios públicos prestados por la Alcaldía, para poder declarar y pagar impuestos.
El mecanismo se repite en otros municipios donde opera la compañía, como Simón Rodríguez (El Tigre), en el estado Anzoátegui.
Un mes después del inicio de operaciones de Fospuca, en diciembre de 2022, la Superintendencia de Tributos de Caroní bloqueó el portal fiscal a todos los usuarios que no se habían registrado en la página de Fospuca Caroní, ni habían pagado la tarifa correspondiente al mes de noviembre.
Desde ese momento y hasta ahora quien no esté al día no puede declarar los Impuestos Sobre Actividades Económicas (ISAE), lo que supone una acumulación de multas y sanciones que implican el cierre temporal de los establecimientos.
El presidente de Fedecámaras Bolívar, Austerio González, declaró en febrero que al menos 4.000 licencias comerciales estaban bloqueadas en el portal fiscal de la Alcaldía de Caroní por falta de pagos a Fospuca.
Para evitar multas, algunos comerciantes buscaron alternativas para cumplir con el pago de impuestos mientras el portal fiscal se mantenía bloqueado, pero la Superintendencia de Tributos les negó la solicitud y los pagos hechos por transferencia, alegando que el pago de impuestos municipales debe hacerse a través de la plataforma tributaria como vía establecida por la ley.
En lugar de desbloquear el portal fiscal, la Alcaldía solo ofreció exonerar temporalmente las multas por no declarar impuestos como consecuencia de la imposición del pago del servicio de aseo urbano. Esto a través de la Ordenanza de Remisión de Multas e Intereses Moratorios Generados por Impuesto Sobre Actividades Económicas.
Entre negociaciones infructuosas y amenazas de corte eléctrico
El gremio empresarial encabezado por la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní (Camcaroní) y Fedecámaras Bolívar acordaron con Fospuca la aplicación de descuentos de hasta 40% para empresarios que debían cancelar más de 200 dólares mensuales por el servicio. Pero para acceder a los descuentos había que firmar un convenio con la compañía y pagar en divisas.
Fospuca acordó otros descuentos de 50% y 70% para el sector industrial, pero los gremios empresariales manifestaron en reiteradas ocasiones que tales descuentos no resuelven el problema de fondo: el criterio con el que se fijan los montos a cobrar y el impedimento para declarar impuestos.
Aunque en marzo se instaló una comisión mixta integrada por autoridades municipales y gremios empresariales, después de la primera reunión no hubo avances en los acuerdos para modificar las tarifas y otros aspectos de la prestación del servicio.
De hecho, concejales informaron que a los empresarios se les negó el derecho a palabra en el Concejo Municipal de Caroní.
Los sectores turismo e industria son algunos de los que deben pagar las tarifas más altas del servicio y, al mismo tiempo, también son los sectores más golpeados por la crisis económica del país, y específicamente de Ciudad Guayana tras la debacle de las industrias básicas (principales clientes de las empresas metalmecánicas), la paralización comercial por la pandemia de COVID-19 y la escasez de combustible.
A principios de junio, la Cámara de Turismo del estado Bolívar reportó que al menos 10 empresas de alojamiento turístico, restaurantes, y agencias de viaje han cerrado temporalmente durante este año, o manifestado intención de cierre, por incapacidad para pagar el servicio de aseo urbano y mantenimiento de relleno sanitario prestados por Fospuca.
La cámara informó que la primera semana de junio, la estatal Corpoelec visitó y suspendió el servicio eléctrico de tres empresas de alojamiento turístico que, aunque cancelaron el recibo de electricidad, no pagaron el monto correspondiente al mantenimiento del relleno sanitario que se cobra a través del recibo del servicio eléctrico.
La tarifa del relleno sanitario – competencia de la Gobernación de Bolívar -, es de hasta 60% de la tarifa del servicio de recolección de basura. Por ejemplo: si una posada paga 400 dólares de aseo urbano, también debe pagar 240 dólares de relleno sanitario.
“Me cansé de nadar contracorriente”
La posada de doña Mena* tenía una trayectoria de 26 años en Ciudad Guayana, hoy en su fachada cuelga un letrero que reclama: en venta.
En sus apenas siete habitaciones, la posada daba cobijo a turistas mochileros que se preparaban para ir rumbo al Parque Nacional Canaima u otros destinos. Puerto Ordaz solía ser una ciudad de paso por lo que la posada siempre estaba ocupada al 100%.
Pronto la crisis económica del país, escasez de combustible y otros factores hicieron mermar el flujo de turistas en la zona, por lo que las empresas de alojamiento turístico tuvieron que arreglárselas para resistir. A esta realidad se sumó la pandemia por COVID-19 que paralizó al sector por más de un año.
Doña Mena redujo su nómina de 10 a solo dos personas, y cerró el área de restaurante, a ver si así reducía los costos de mantener la posada abierta. En ese contexto aterrizó la imposición del privatizado servicio de aseo urbano.
“Decidí cerrar mi posada porque, ¿de dónde saco 468 dólares (7.8 petros) si apenas tengo para pagar la nómina?”, cuestionó.
Doña Mena relata que en marzo de este año Fospuca Caroní le envió una citación. Le ofrecieron un descuento de 30% en las tarifas a pagar solo si firmaba un convenio de pago con la compañía.
“No acepté, porque yo no quiero ese servicio. Pagué la deuda acumulada que tenía, de 60 mil bolívares (2.000 dólares) que me dejó en quiebra. Ahora vuelvo a estar en mora, pero no tengo cómo pagar esa plata”, dijo.
El recibo por concepto de recolección de basura, más el 60% de la factura para el pago por mantenimiento de relleno sanitario y los recibos de electricidad (1.070 bs) y agua (900 bs), llevaron a la empresa de alojamiento al cierre.
“A veces simplemente tienes que aceptar que no puedes asumir los costos operativos, ya me cansé de nadar contracorriente. Quien quiera comprar la posada, felizmente se la vendo”, concluyó.
“Mira, aquí el problema ni siquiera es Fospuca, que solo se está aprovechando de la situación para robar. Es que tenemos una Alcaldía que permitió esa contratación, que dice que protege a los empresarios pero no es así, antes de Fospuca el comercio ya estaba decaído”, expresó Roberto Hurtado*, propietario de un hotel con 60 años de trayectoria en Ciudad Guayana, en entrevista con El Estímulo.
Apenas uno de los seis pisos del hotel está habilitado, hay semanas en los que Hurtado no logra ocupar ni siquiera una de sus 10 habitaciones. Redujo la nómina de 30 a solo tres personas, cerró el restaurantey prescindió del servicio de televisión por cable a ver si así le daban las cuentas a final de mes.
“Me concentré en mantener el servicio de internet, porque con eso la gente se entretiene. A lo mejor en Caracas la cosa es diferente, pero aquí tienes que buscar la manera de ofrecer un buen servicio y mantenerte operativo”, señaló.
Debe cuatro meses de servicio de recolección de basura, al hotel se le impuso una tarifa valorada en poco más de 600 dólares al mes. Por supuesto, no ha podido declarar los impuestos.
En el sector industrial el panorama no es mejor
La Cámara de Industrias, Minería y Servicios Afines del estado Bolívar (Camindustrias Bolívar) reportó que apenas 10% de las pequeñas y medianas industrias metalmecánicas están operativas, y operan a menos del 30% de su capacidad instalada.
Tras la debacle de las empresas básicas de Guayana – su principal cliente – el sector apenas sobrevive. También tienen que pagar de las tarifas más altas por el servicio, debido al tamaño de los galpones, aunque estos no estén operativos por completo. Las facturas superan los mil dólares al mes.
“Nosotros comparamos las tarifas de este servicio con otras ciudades donde no trabaja Fospuca, y con otras ciudades del mundo y vimos que estas son prácticamente las más elevadas, no se justifica por ninguna parte”, denunció Omar Martínez, ingeniero y empresario del área industrial, en entrevista con El Estímulo.
En ciudades como Barcelona, España, las tarifas de aseo urbano no superan los 970 euros anuales, el sector empresarial no paga más de 80 euros al mes, además de que las tarifas se fijan en función del volumen de basura producida por local.
“A nosotros nos cobran por el tamaño del galpón, las tarifas son cuatro veces más elevadas que en otros municipios del país incluso donde trabaja la misma empresa. En este momento el sector industrial está apenas 2% activo porque no hay demanda y no se vislumbra una recuperación en el futuro inmediato”, señaló Martínez, quien tuvo que declarar el cierre fiscal de su empresa.
Martínez informó que de 46 empresas metalmecánicas que hay en la zona, 36 están paralizadas según una encuesta que levantó el sector industrial de Ciudad Guayana en diciembre de 2022.
“Nuestro sector tiene que pagar entre 400 y 2.000 dólares cada mes por el tamaño del galpón. La tarifa por metro cuadrado es ilegal, por eso tenemos una propuesta, porque es impagable, y si a eso le sumas relleno sanitario, electricidad y agua, las empresas tienen que pagar entre mil y cuatro mil dólares solo por servicios básicos”, manifestó.
Fospuca demandó a 12 empresas por impagos
Al bloqueo del portal fiscal por impagos a Fospuca y las fiscalizaciones de la Alcaldía de Caroní se suman las demandas y solicitudes de embargo provisional introducidas por Fospuca contra 12 empresas de Ciudad Guayana entre marzo y julio.
Para demandar a estas empresas y obligarlas a pagar las deudas, Fospuca se basa en tres documentos: un acta de inicio de la contratación del servicio de recolección de desechos sólidos firmado por el alcalde Tito Oviedo, y el presidente de Fospuca, José Simón Elarba; una comunicación emitida por Oviedo sobre la contratación de la empresa Serdeco, para coordinar la facturación del servicio de relleno sanitario desde Corpoelec; y proformas, o facturas, que Fospuca utiliza para cobrar el servicio a los usuarios, sin contratación entre las partes.
El embargo provisional que solicita la compañía es sobre los bienes muebles hasta alcanzar el monto equivalente al doble de las sumas demandadas, más los costos del proceso, y honorarios profesionales.
Fuentes internas del Palacio de Justicia de Puerto Ordaz informaron a El Estímulo que las últimas demandas fueron presentadas el viernes 14 de julio contra tres empresas, entre estas un club campestre y un hotel. Hasta el momento el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Constitucional no las ha admitido.
Triple Fashion C.A, dedicada a la venta de víveres y confitería, es una de esas 12 empresas. El 15 de febrero, el entonces juez de primera instancia Juan Carlos Tacoa admitió la demanda y ordenó la ejecución de la medida de embargo provisional contra una de sus tres sucursales (las demás estaban cerradas).
En ese momento, la representación legal de Triple Fashion informó que adeudaba5.000 dólares por concepto de recolección de basura, y más de 2.000 mil dólares por concepto del mantenimiento del relleno sanitario. Además denunció que la compañía no tomó en cuenta que se les estaba cobrando el servicio de aseo urbano también a las otras dos sucursales de Triple Fashion que estaban cerradas y que por lo tanto no generaban las ganancias necesarias para cancelar el servicio.
Al final la empresa logró un acuerdo con Fospuca. Pero cuatro meses después, declaró cierre fiscal.
“Esa fue una de las causas (las tarifas del aseo), aunado a la disminución del volumen en las ventas, se nos hizo imposible continuar”, manifestó Ronald Castillo, contador de la empresa, en entrevista con El Estímulo.
“25 de las empresas a las que les llevo la contabilidad han cerrado por la misma situación, están matando al comercio en Guayana”, sentenció.
De aquel primer accionar judicial una de las empresas, Repuestos Star Motors C.A impugnó la demanda, por lo que el juicio de intimación Fospuca Caroní vs Star Motors se mantiene abierto en el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito.
La representación legal de Star Motors solicitó al tribunal un Escrito de Pruebas y una inspección judicial a la Alcaldía de Caroní y otros 11 organismos públicos vinculados con la contratación, cobro y facturación del servicio de aseo urbano, entre ellos: Concejo Municipal de Caroní, Sindicatura Municipal, Contraloría Municipal, Superintendencia de Administración Tributaria y Gerencia General de Corpoelec.
En este escrito de pruebas la empresa solicitó que el tribunal intervenga para que la Alcaldía presente obligatoriamente el contenido completo -anexos incluidos- del contrato de concesión N° AMC-CA-C-001-2022, sobre el servicio de aseo urbano prestado por Fospuca Caroní. Documento al que hasta el momento ni usuarios ni concejales tenían acceso pese a ser una contratación pública.
También solicitó intervención del tribunal para que la Alcaldía presente el contenido completo -con anexos incluidos- del Decreto Nº 0008/22 en el que el alcalde Tito Oviedo fijó las tarifas del servicio de aseo urbano, documento que tampoco fue publicado oficialmente sino que se filtró.
Al tribunal también se le solicitó que pida a la Sindicatura Municipal, Contraloría Municipal y Concejo Municipal pruebas que fundamenten si hubo o no debido proceso en el accionar de tales instancias durante el proceso de licitación y contratación de la compañía.
El tribunal admitió el recurso e hizo las solicitudes, pero cuatro meses han transcurrido y hasta ahora el único documento que fue consignado fue el contrato de concesión incompleto.
La representación legal de Star Motors denunció que al contrato notariado que fue entregado para ser anexado al expediente del caso le falta información clave como el pliego de condiciones del concurso abierto de la licitación; la resolución N° 18-21/2022 sobre la adjudicación del servicio de aseo urbano Gaceta Municipal N° 183/2022 del 31/10/ 2022, que establece la aprobación en Cámara Municipal del sistema mixto de recolección de basura; el documento constitutivo de la empresa Fospuca Caroní, plan operativo y de inversión de la contratista, resumen del presupuesto mensual del servicio, estructura de costos del servicio, análisis de precios unitarios y la oferta técnica, económica y financiera de Fospuca en el concurso abierto de la licitación.
La inspección judicial a la Alcaldía también se postergó varias veces. Durante el juicio dos jueces fueron removidos de sus cargos sorpresivamente por jubilación por orden de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) mientras que la representación legal de Star Motors C.A recusó a otros tres jueces alegando que su accionar favorecía a la parte demandante.
A mediados de junio, la jueza provisoria del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario, Marítimo y Aeronáutico, Ana Luisa Mares, fue removida de su cargo justo el mismo día en el que estaba prevista la inspección judicial, según reportó la representación legal de Repuestos Star Motors.
El 18 de julio, los abogados acudieron ante la Inspectoría General de Tribunales (IGT) para presentar una denuncia contra las juezas Ana Luisa Mares y Andreina Rosales, jueza del Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del municipio Caroní, por abuso de autoridad, extralimitación y usurpación de funciones durante el juicio de intimación de Fospuca Caroní vs Star Motors.
Los representantes legales de la empresa Star Motors – José Meignen Requena y Féliz Irturiz – manifestaron, además, que los jueces a quienes les toque decidir sobre las demandas introducidas por Fospuca Caroní en contra de las empresas de Ciudad Guayana, que incurran en abuso de autoridad, extralimitación y usurpación de funciones durante el juicio serán denunciados ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para que sean sancionados con la destitución en sus cargos y que sean suspendidos mientras dure el procedimiento.
Las demandas emprendidas por Fospuca son ilegales, y que los tribunales las admitan también es ilegal y las razones están en los artículos 642 y 643 del Código de Procedimiento Civil.
Los abogados explican que para que un juicio de intimación sea admitido tiene que haber un título ejecutivo (documento público, notariado, cheque, pagaré o documento) que haya sido firmado por las partes involucradas, en este caso, una contratación privada entre Fospuca como prestador de servicio y la empresa en cuestión. Pero no es el caso, pues se trata de una contratación pública hecha por la Alcaldía de Caroní.
Amparo Constitucional
El 20 de enero, dos empresas de Ciudad Guayana introdujeron un Amparo Constitucional ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo de Puerto Ordaz en contra del alcalde Tito Oviedo y la Superintendente de Administración Tributaria, Alejandra Rodríguez, para solicitar que se les permita declarar y pagar los impuestos sin la obligación de pagar un servicio de aseo urbano que no contrataron directamente.
El amparo lo admitió el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la región Guayana que, diez días después, lo declaró inadmisible, argumentando que la declaración de impuestos no es un derecho sino un deber ciudadano, que no había ningún impedimento para declarar los impuestos y que los abogados debieron introducir un recurso ordinario en lugar de un recurso extraordinario.
Las empresas apelaron la decisión del tribunal señalando que este no tiene la competencia para declarar inadmisible el amparo e introdujeron el recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia el 24 de febrero.
Cinco meses después, el 19 de julio, la Sala Constitucional del TSJ se pronunció al respecto y ordenó a la Superintendencia de Administración Tributaria que envíe información sobre lo denunciado por las empresas y se refirió a la imposición del pago del servicio de aseo urbano como requisito para declarar impuestos como “un mecanismo de presión que no tiene fundamento en previsión legal alguna”, (sentencia 0953, expediente 23-0204).
Ya 10 meses han transcurrido desde el inicio de operaciones de Fospuca en Caroní, uno de los ocho municipios en los que opera la empresa, y no es la única entidad en la que el sector empresarial y residencial han reportado irregularidades en la contratación y manifestado su descontento con respecto a las tarifas que califican como elevadas.
Ante una Alcaldía que sigue dando la espalda a los reclamos ciudadanos, las empresas apuestan por la presión vía tribunales para alcanzar justicia y transparencia.
*** Estas fuentes solicitaron el resguardo de su identidad por miedo a represalias
