Ernesto Sabal socio de Majed Khalil, ambos investigados en EEUU por lavado de dinero. Dos de los más grande enchufados del régimen de Maduro
Cuando en el año 2012, la edición número 88 de 6to Poder, un medio confiscado por el Gobierno de Venezuela, levantara una polvareda dentro del mundo de las aseguradoras, se inició un expediente en el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Función del Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que revocaría una medida cautelar sustitutiva de libertad al entonces presidente de La Internacional de Seguros, Orestes Schiavo.
Según la documentación interna de La Internacional de Seguros, se aprobaron un total de 20 fianzas a la JSV Belzarubezhstroy. Éstas fueron denominadas tanto en bolívares como en dólares estadounidenses según los contratos. La sumatoria de las fianzas dan un total de Bs. 4.071.204.705,40; ó lo que es igual al cambio oficial de la divisa norteamericana entonces: $ 949.274.508,64. Esta cantidad de dinero en fianzas otorgadas por la aseguradora, comprometió por 100 veces su capital, que osciló en 39.155.592 bolívares y 40.597.735 bolívares entre 2010 y 2011 respectivamente, según las cifras oficiales de la Superintendencia.
Una vez detenido, el señor Schiavo, empezó a ser extorsionado en la sede del DIM, donde se encontraba detenido. Recibió los mensajes de “Ángel” un operador cambiario venido a menos, que entonces estaba vinculado a un grupo financiero.
Al final del día Seguros La Internacional, terminó siendo comprado por Hjalmar Gibelli Gómez, un empresario boliburgues, hermano de una conocida animadora de televisión. Gibelli, por ser un completo desconocido en el ramo asegurador, puso como presidente ejecutivo de la compañía a Ernesto Sabal padre, quien venía de trabajar en Seguros Quálitas, una compañía relacionada a Seguros Altamira, y cuyo dueño es Domingo Amaro.
Lo curioso es que la recomendación de poner a Sabal en la compañía, era del dueño del Hotel Tamanaco, Salomon Mucci. A su vez Mucci, aparece asociado con Ernesto Sabal (hijo) en la compañía Hispana de Seguros. Tanto el padre como el hijo, servían como rostros visibles de los dineros de Mucci y Gibelli, verdaderos dueños de ambas compañías ( La Internacional e Hispana de Seguros).
Cámara de Aseguradores de Venezuela eligió Junta Directiva 2023-2024
El asunto ha saltado a la luz desde que se han conocido los datos oficiales de la operación federal realizada por funcionarios adscritos a la justicia de Miami, así como la admisión de los hechos por parte de Hjalmar Gibelli Gómez de delitos de lavado
El asunto se remonta a octubre de 2011 y abril de 2015, fechas en las que se conectaron $ 173 millones en una cuenta en Wells Fargo Advisors, que tiene su sede en Saint Louis, y se conectaron $ 160 millones, distribuidos entre más de 650 transferencias electrónicas, según la información.
Gibelli compró el avión Raytheon Hawker 800 por $ 1.8 millones en julio de 2012, utilizando fondos de la cuenta de Wells Fargo, y luego pagó $ 130,000 a una compañía de Florida para personalizarlo, según el documento oficial de la corte del distrito división Este de Missouri del gobierno norteamericano.
El avión fue incautado por el gobierno federal de los EE. UU. el 16 de octubre de 2016. Sin embargo, Gibelli usó $ 2.8 millones de Wells Fargo y $ 4.5 millones de otra cuenta en 2013 y 2014 para comprar Navigante, y Della Polla pagó $ 6.8 millones por un Pershing Yacht 2015 de 82 pies llamado «la Panacea» en 2014, según la información.
Los funcionarios federales incautaron al Yate «la Panacea» en Miami el 28 de octubre de 2016. No obstante, los investigadores rastrearon el Navigante en la isla de Bonaire el 11 de septiembre de 2017, y desde entonces han sido trasladados a los EE. UU., Según la solicitud.
Los fiscales federales están en el proceso de apoderarse de un avión, dos yates multimillonarios y más de $ 1.8 millones de dos hombresvinculados a acusaciones de lavado de dinero en Venezuela.
Ambos accedieron a la incautación y admitieron el lavado de dinero, dice un documento presentado el 22 de diciembre del 2017 en el Tribunal Federal de Distrito de Saint Louis, y agregaron que los activos fueron comprados con ganancias de un esquema ilegal para intercambiar moneda venezolana por dólares estadounidenses en el mercado negro.
El asistente del fiscal federal Stephen Casey se negó a comentar los detalles del caso, pero dijo: «Este fue un gran trabajo de la (Drug Enforcement Administration (DEA)) y los investigadores del IRS que trabajaron en el caso».
No hay abogados listados por Gibelli y Della Polla en una corte federal, y no se pudo contactar a ninguno de ellos para hacer comentarios.
Los fiscales dicen que Della Polla era propietario mayoritario de una granja avícola, y Gibelli es el presidente de una empresa de seguros.
Della Polla presentó facturas falsas e infladas por valor de más de $ 11 millones a través de la compañía de seguros Gibelli para obtener dólares estadounidenses a una tasa preferencial a través de una comisión gubernamental con autoridad para vender dólares a ciertos grupos con propósitos limitados.
Lilly Ann Sánchez, abogada de Miami que pasó 12 años como fiscal federal y ascendió a jefe de delitos mayores, dijo que los casos de confiscación como el de St. Louis se han vuelto comunes desde la crisis financiera venezolana y los esfuerzos de Venezuela para controlar la inflación manteniendo moneda en el país.
En los últimos 10 o 12 años, dijo, ha habido un «gran cambio» en el bolívar que puede costar caro a los ricos.
«Algún día tendrán un millón de dólares, al día siguiente … tendrán $ 100 mil», dijo.
Eso proporciona un gran incentivo para que las personas usen negocios de transferencia de dinero sin licencia, lo que puede cobrar tarifas del 10 al 15 por ciento, dijo.
«Así que hay mucho dinero por hacer, muy, muy rápido», dijo.
Sánchez dijo que hay muchos casos de confiscación archivados en las principales ciudades de Florida, Texas y Nueva York con conexiones a un gran número de venezolanos.
Dijo que, en algunos casos, los fiscales buscarán el arresto de una persona que presuntamente blanquea dinero si la persona viaja a los EE. UU. o un país que extraditará a la persona a los EE. UU., así como pueden acordar no enjuiciar si alguien consiente en la pérdida de dinero o de los activos.
