Por Carlos Crespo | Roberto Deniz
Armando.info
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
“Mira, Rafa, eeh… Aquí entre tú y yo, bueno, este…. No, no te he podido sacar todavía lo, lo que… lo pendiente porque tú te acuerdas que está en un proceso de revisión, este… para ver si, si vamos a mantener el ingeniero, sí, o si hay algún cambio, entonces estamos… Esta semana ya se define eso entonces, este… No, no te voy a quedar mal”.
La voz entrecomillada, dubitativa, pero que suelta la promesa de “no te voy a quedar mal”, pertenece al alcalde del municipio Baruta y dirigente del partido Fuerza Vecinal, Darwin González. Su contraparte, a quien amistosamente llama “Rafa”, es el hoy detenido Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez, socio junto a su hermano, Roger Vicente -también detenido-, de la Constructora HP, la misma que en los últimos años encabezó el boom de la construcción de torres de lujo para oficinas y viviendas en Las Mercedes, en el sureste de Caracas, y de Constructora 2PTO, beneficiada más recientemente con contratos de la petrolera estatal Pdvsa.
El fragmento de la conversación entre el alcalde de Baruta y Perdomo es la transcripción de uno de los diálogos entre ambos, vía mensajes de voz de la aplicación WhatsApp, que quedaron registrados en las extracciones de contenido hechas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) al teléfono de Rafael Perdomo, según consta en la acusación del Ministerio Público de la denominada trama de corrupción Pdvsa-Cripto, que a finales de marzo pasado provocó la renuncia de Tareck El Aissami al Ministerio de Petróleo y la detención en cascada de unas 60 personas, incluyendo empresarios como el propio Perdomo, ex directivos de Pdvsa y funcionarios de la Alcaldía de Baruta, entre otros.
Entre cientos de páginas de lenguaje farragoso, repetitivo y de jerga jurídica, se encuentran detalles y actores del esquema a través del cual Pdvsa perdió poco más de 5.000 millones de dólares, según sostiene el expediente, aunque la cifra puede oscilar entre 8.406 millones de dólares y 13.338 millones de dólares, tal y como reveló Armando.Info. En esos papeles aparecen también los intercambios entre algunos de los empresarios favorecidos por la petrolera estatal y hoy detenidos e investigados, como Rafael Perdomo y Bernardo Arosio Hobaica -este último, igualmente ligado a la construcción y negocios con Pdvsa- con el alcalde, y dos de sus funcionarios que fueron así mismo arrestados en marzo pasado.
Como si de un mismo proceso se tratara, lo que nació en el corazón de Pdvsa irrigó hasta la alcaldía de Baruta, históricamente controlada por la oposición y gobernada en el pasado por dirigentes como Henrique Capriles Radonski o Gerardo Blyde, pero desde 2018 en manos de Darwin González y de Fuerza Vecinal, partido político conformado por ex dirigentes de Primero Justicia (PJ), como el propio González, y que también controla los capitalinos municipios de clase media-alta de Chacao y El Hatillo.
Más allá de lo que revelan las páginas del expediente de la Fiscalía, tras el escándalo y bajo la fachada de una investigación judicial en la “lucha anticorrupción” que hoy luce estancada, el chavismo ha aprovechado el remezón para reemplazar con sus fichas a los funcionarios de Baruta que fueron detenidos, lo que está sirviendo en los hechos como una intervención o toma administrativa del ayuntamiento, si no por parte del gobierno central, al menos sí por la poderosa mancuerna de los hermanos Rodríguez Gómez.
Caja chica extraoficial
Las seis torres que HP construyó o empezó a erigir en el municipio Baruta en los últimos años -a contravía del desplome de la economía venezolana- confirman que se cumplió la promesa del alcalde González a Rafael Perdomo de que “no le iba a quedar mal”. Pero ese no es el único intercambio comprometedor que tuvo González con los constructores, según consta en el expediente del Ministerio Público (MP).
Otros mensajes confirman la misma confianza y cercanía en el trato, pero también dejan rastros de pagos constantes, casi mensuales, por parte de la constructora de los hermanos Perdomo y de ATB Constructores, la de Bernardo Arosio Hobaica, hasta totalizar al menos 500.000 dólares, a Harold Rafael Sosa Padilla y a Juan Carlos Posner Pimentel, exingeniero municipal y exdirector adjunto de la alcaldía de Baruta, respectivamente, para la obtención de los permisos necesarios para levantar las torres en el municipio.
El documento de la investigación acompaña la transcripción del diálogo entre el alcalde y Perdomo con el hallazgo de tres recibos de pagos, realizados entre agosto y septiembre de 2022, “por concepto de cancelación de habitabilidad y cédula catastral correspondiente a la edificación Torre Guayana”, una de las construidas por HP que muestra mayor avance, pues está prácticamente terminada.
La acusación detalla que los recibos estaban a nombre del entonces ingeniero municipal de Baruta, Harold Sosa Padilla. Los primeros dos, de fechas 26 de agosto y 2 de septiembre de 2022, por 70.000 dólares cada uno, y el tercero por 60.000, del 12 de septiembre del mismo año. De acuerdo con el MP, estos papeles fueron encontrados en un allanamiento hecho en la torre Sena de Las Mercedes, sede de la constructora HP, y cada uno de estos tres recibos tenía “la finalidad de ser entregado al ciudadano alcalde de Baruta, Darwin González”. La acusación sostiene que Perdomo y Harold Sosa mantuvieron comunicación “constante” al menos desde el 3 de julio de 2020. Los documentos también registran que en otro allanamiento en una residencia personal de Rafael Perdomo en la Torre Salem I, una de las primeras edificaciones residenciales levantadas por HP, fueron hallados 500.000 dólares en efectivo dentro de una caja de cartón.
«Yo estoy muy tranquilo porque sé que todos estos permisos son públicos», declaró el alcalde de Baruta al portal El Estímulo sobre el rol de Harold Sosa, en la que ha sido la única reacción pública del funcionario desde que estalló la denominada trama Pdvsa-Cripto.
En el caso de Bernardo Andrés Arosio Hobaica, empresario del sector de la construcción vinculado a la empresa ATB Constructores, con obras en el este de Caracas y en el archipiélago de Los Roques, los pagos fueron hechos a Juan Carlos Posner Pimentel, exdirector de la alcaldía. De acuerdo con los documentos de la investigación, durante los allanamientos los organismos de inteligencia encontraron un total de 12 recibos de pago que sumaban 300.000 dólares. Esos pagos fueron hechos entre el 15 de enero y el 30 de junio de 2021, por montos que oscilan entre los 15.000 y los 35.000 dólares.
Al igual que los Perdomo, Arosio saltó de la construcción al negocio petrolero, primero, con Walker International Dw-Llc, una sociedad registrada en los Emiratos Árabes Unidos que comercializó crudo de Pdvsa entre 2021 y 2022 por 76 millones de dólares, y luego con Prodata Energy, una vieja contratista petrolera rebautizada así por Arosio luego de adquirirla en agosto de 2022, cuando ya tenía asegurado por parte de Pdvsa el negocio de la exportación de gas venezolano a Colombia, como en su momento informó Armando.Info.
La acusación precisa que los recibos de pago fueron encontrados el pasado 10 de abril en un allanamiento hecho a la sede de la empresa Poes Internacional, C.A., en el piso 14 de la Torre del Banco Nacional de Crédito, antigua Torre BOD, ubicada en La Castellana, una zona comercial y financiera del noreste de Caracas. Justamente en ese mismo piso se encuentra la sede de Prodata Energy, la compañía con la que Arosio Hobaica incursionaba en la exportación de gas a Colombia.
Aunque los pagos al exfuncionario de la alcaldía de Baruta se relacionaban con la actividad de ATB Constructores, el documento de la Fiscalía indica que Poes Internacional se usó como “instrumento financiero” para esos desembolsos. De acuerdo con los fiscales, ese dinero tenía como finalidad “facilitar sin contratiempo el otorgamiento de los permisos de habitabilidad, cédula catastral, constancia de variable urbana, permisos y finiquito de obra, para la construcción y desarrollo urbanístico Torre 908 u otro proyecto de construcción, gestionadas entre los años 2018 y 2022 por el ciudadano Juan Carlos Posner Pimentel”.
Fuentes ligadas al negocio petrolero confirman la relación de Bernardo Arosio con Poes Internacional, establecida por los fiscales en la acusación. “Poes y Prodata Energy compartían la oficina, aunque en algún momento hicieron un muro para dividirlas y aparentar que son dos empresas distintas sin ningún tipo de relación”, explicó una fuente que pidió reservar su identidad.
Armando.info se acercó hasta la sede de Poes Internacional con la intención de dejar un cuestionario, pero las oficinas se encontraban vacías y, sobre la puerta de vidrio, estaba pegado un papel que informaba que ese espacio fue incautado por el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción de la Policía Nacional.
Según los documentos, Poes Internacional es una empresa encargada de prestar servicios de consultoría y asesoramiento técnico y gerencial a empresas del sector petrolero. El Registro Nacional de Contratistas (RNC) indica que su dueño es Ronald Oribio Quintana y que fue contratada por Petromonagas, Petrocedeño, Petro San Félix y Sinovensa, todas empresas mixtas con mayoría estatal de Pdvsa, entre los años 2015 y 2022. El 23 de agosto, Armando.info envió un cuestionario a Oribio Quintana a través de WhatsApp, quien confirmó su recepción, pero a la fecha de publicación de esta historia no había respondido a las preguntas.
Dentro de la acusación, a Poes Internacional también se le atribuye participación en un proyecto llamado Plan Arpía, destinado a Petro San Félix, S.A., ubicada en la Faja del Orinoco, el mayor reservorio de petróleo del país, aunque no se dan detalles del objeto de este acuerdo. El RNC registra que en 2022 la empresa fue contratada por Petro San Félix para prestar servicios de mantenimiento de recuperación y reactivación de unidades del mejorador de la empresa, así como servicios para la “recuperación e incremento de productos de crudo extrapesado”.
Una intervención silenciosa
La burbuja económica de Las Mercedes, promocionada desde el gobierno como símbolo de una supuesta recuperación económica, y que hasta hace poco era bautizada por medios internacionales como “el pequeño Manhattan de Caracas”, fue pinchada por la misma justicia chavista. La acusación se explaya en reiterar que la construcción de estas torres de modernos acabados, en medio de una de las peores crisis económicas del país, se utilizó como un “medio apropiado para legitimar estos recursos que le fueron otorgados [a los Perdomo] de forma irregular, procediendo a realizar sobornos a funcionarios de la alcaldía del municipio Baruta”.
Estos pagos, siempre de acuerdo con el escrito de la fiscalía, se hicieron con la finalidad de obtener permisos como los de habitabilidad, cédula catastral, constancia de variable urbana, “así como violar políticas y ordenanza municipales establecidas, referentes a la altura de las edificaciones permitidas regularmente en la zonas residenciales y comerciales”.
Armando.info envió un cuestionario a la alcaldía de Baruta el pasado 17 de agosto, pero no se obtuvo respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota. El alcalde Darwin González tampoco contestó la petición de comentarios formulada vía WhatsApp.
Más allá del expediente, el chavismo atisbó una oportunidad política en las detenciones practicadas por el caso Pdvsa-Cripto. Luego de los arrestos de Posner y Sosa Padilla el pasado mes de abril, bajo acusaciones de corrupción, en la administración municipal ocurrieron cambios, aunque tras bambalinas. Cuatro fuentes del ámbito municipal, que pidieron el resguardo de sus nombres, señalaron que en los hechos se está ejecutando una “intervención” silenciosa de la institución a través de nuevos funcionarios vinculados al chavismo.
Por ejemplo, Sosa fue reemplazado por el arquitecto Pedro Antonio Vicens Gamboa, mientras que la dirección del Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (Semat) fue ocupada por Erika Cid Moa. Mientras Vicens, oriundo del estado Vargas, es un desconocido en el municipio, Cid Moa fue tesorera de la dirección de Finanzas del ministerio de la Cultura en 2013 y miembro de la comisión de contrataciones de la empresa estatal Minera Nacional, C.A. en 2014.
Por encima de ellos está el ingeniero Plinio Manuel Monges Bolívar, quien no tiene un cargo oficial en la alcaldía. Dos de las fuentes coincidieron en que las decisiones del alcalde deben contar con su aprobación y que, en ocasiones. Monges toma medidas “por encima” de la máxima autoridad municipal. “Él está en las reuniones de Darwin [González] con los empresarios. Incluso, a veces se reúnen con él solo”.
Monges Bolívar figura como directivo en cuatro empresas privadas en el RNC. Entre estas, se encuentra Inversiones Vimoca 1308, C.A. en la que ingresó como presidente en marzo de 2016. Esta compañía, dedicada a la construcción, obtuvo más de 30 contratos con la alcaldía del municipio Libertador de Caracas o sus dependencias entre 2014 y 2016. Este último año cambió su nombre a Inversiones Covenka, C.A. quedando Monges como accionista único.
El ingeniero también aparece como directivo en la empresa Nova Progresiva Consultores, C.A. dedicada al mercado inmobiliario y que obtuvo una decena de contrataciones con instituciones adscritas a la misma alcaldía capitalina, como la Fundación Para la Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de Caracas (Fundapatrimonio) entre 2012 y 2016. Durante ese lapso, la alcaldía estuvo a cargo de Jorge Rodríguez Gómez, actual presidente de la cuestionada Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez y su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, constituyen la particular power couple del régimen venezolano. “Todos son cercanos a los hermanos Rodríguez”, confirmaron dos de los informantes.
Precisamente, Jorge Rodríguez anunció posibles acciones contra “algún alcalde de la oposición”, cuando recién se hizo pública la trama de corrupción en Pdvsa y la detención de Rafael Perdomo. “Si después resulta que algún alcaldesa o alcalde de la oposición está incursa o incurso en las acciones lesivas de los dineros públicos, que recibió comisión por concesiones de terrenos y por variables urbanas, después no vayan a estar diciendo libertad para el preso político tal”, manifestó Rodríguez el pasado 21 de marzo.
