El ministro de Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, emitió una resolución que transfiere el desarrollo de actividades de exploración y explotación de crudo en el campo Junín 10 de la faja del Orinoco a la empresa mixta Petrosur, una sociedad constituida entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) con una participación de 60% y una compañía registrada en la isla de Chipre llamada Inversiones Petroleras Iberoamericanas con la restante porción de 40%.
Con un rezago de cuatro años, se intenta que se cumpla el acuerdo mediante el cual esa empresaria pagaría al Estado venezolano un bono por 400 millones de dólares, repartido en cuatro años a partir del momento que Petrosur comenzar su actividad exploratoria y productiva. Ese monto se reparte en 50 millones de dólares anuales durante los primeros tres años y los restantes 250 millones de dólares durante el cuarto año.
En 2017 y luego en 2019, el Ministerio de Petróleo recurrió a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia para la formación de esta empresa mixta debido a que esa instancia del Poder Judicial -por instancias del gobierno del presidente Nicolás Maduro- declaro que la Asamblea Nacional electa en 2015 estaba en desacato.
En esos años al frente del ministerio y de PDVSA estaba el mayor general Manuel Quevedo, quien permaneció en esos cargos hasta mediados de 2020 cuando fue reemplazado por Tareck El Aissami y Asdrúbal Chávez, respectivamente. No obstante, la coyuntura de las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos a PDVSA y la pandemia del COVID-19 sumado a una revisión del contrato en cuestión por parte de los nuevos funcionarios frenaron el proyecto de Petrosur.
La formación de esta empresa mixta no ha escapado de polémica comenzando por la decisión de la administración de Maduro de crearla sin pasar por el trámite legal de ser avalada por el Poder Legislativo justamente porque en ese momento el parlamento se considero en desacato por estar controlado mayoritariamente por diputados de partidos de oposición.
A lo anterior se agrega problemas internos entre los accionistas del propio inversionista que obligo a trasladar la compañía registrada originalmente en los Países Bajos a Chipre, luego los vínculos de Inversiones Petroleras con Alfonso Cortina, quien fue presidente de Repsol hace casi 20 años y luego los supuestos nexos políticos de esta empresa con el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien en su momento negó esta relación.
