Recibida denuncia ante la Corte Penal Internacional, exministros de Alimentación, exdiputados, presidentes de CONCECOEX y empresarios relacionados con los Clap por Delitos de Lesa Humanidad en intoxicaciones y envenenamientos masivos a venezolanos humildes.
En fecha 04 de noviembre de 2024, un equipo de abogados especialistas en Derecho Penal Internacional, Derechos Humanos y Legitimación de Capitales, encabezado por el Doctor Salvador Pimentel Roja, acudieron a la sede de la Corte Penal Internacional en Países Bajos, donde denunciaron a los ciudadanos exdiputados Conrado Antonio Pérez, Richard Eloi Arteaga, José Brito Rodríguez, Adolfo Superlano, José Luis Pirela, Chain José Bucaran, Guillermo Antonio Luces y Luis Parra; a los representantes de las empresas: Group Grand Limited, Mulberry Proje Yatrím, Mulberry Proje Yatirim Anonimia Sirketi, Asasy Food FZC, Adon Trading FZE, Salva Foods 2015, C.A, Eolo Energies INC, Viladrake Internacional LC y FB Foods LLC CA Limited, Javier Ernesto Betancur, Shadi Nain Saab Certain, Fernando José Bermúdez Ramos, Carlos Alberto Gutiérrez Robayos, Miguel Ángel González Biagionni, Vanesa Josmir Peñaloza Lira, Silvia Isabel Martínez Alveo, Betsy Dessiree Mata Hereda, Lorenzo Antoneli, Adolfo Arias Silva, Ronald Alexander Ramírez Mendoza, Carlos Rolando Lizcano Manrique, José Rolando Higuera Lizcano, Luz Esperanza Rivera Chacón, al ex ministro de Alimentación, General de División Luis Alberto Medina Ramírez, al expresidente de Corpovex, Giiseeppi Angelo Yoffreda, al expresidente del Fonden, Simón Zerpa, por crímenes de Lesa Humanidad.
El Gobierno venezolano creó el plan social de alimentación CLAP, con el objeto de importar alimentos de primera calidad para los sectores vulnerables de Venezuela y este grupo de criminales haciendo caso omiso al llamado del programa social ideado por el Estado, compraron en otros países producto de mala calidad e incluso distribuyeron algunos productos en estado de descomposición en las cajas CLAP.
Estos ciudadanos denunciados aprovechando la necesidad de los sectores más pobres y vulnerables de la población venezolana, constituyeron una organización criminal que se dedicó a crear empresas fantasmas y de maletín y en complicidad con los exministros obtuvieron contratos millonarios para importar comida, tal como lo había aprobado el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, sin embargo; importaron alimentos que no cumplían las normas Covenin, es decir, no eran aptos para el consumo humano y no le devolvieron al Banco Central de Venezuela el diferencial del costo de dicha compra.
Importaron alimentos en mal estado que no cumplían con los nutrientes establecidos por las organizaciones internacionales especializadas en alimentación, lo que se traduce en una violación de los contratos suscritos y además intoxicar al consumidor que es justamente la población mas vulnerable en Venezuela.
Denuncia CPI by abc noticiasnews
Analisis Productos CLAP by abc noticiasnews
En este entramado de corrupción crearon empresas en Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Turquía y Panamá, por nombrar algunas y a través de este entramado de empresas fueron desfalcando a la Republica mediante Fonden, dirigido para la época por Simón Zerpa, las compras que realizaban tenían un sobreprecio de al menos 300%.
Este conjunto de empresarios criminales se asociaron con los diputados de la oposición venezolana de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de 2015 y ofreciéndoles dinero lograron ocultar auditorías que determinaban el daño patrimonial a la República Boliviana de Venezuela, así como informes bioquímicos que demostraban que los alimentos que importaban esas empresas no cumplían las normas Covenin y los alimentos no eran aptos para el consumo humano, aun asi permitieron realizar varias transacciones en las mismas condiciones sin reparo del daño severo a la salud de múltiples víctimas.
Estos diputados que traicionaron el mandato que les otorgó el pueblo venezolano, viajaron por distintos países de Europa solicitando que le liberaran los recursos económicos a las empresas que habían sido bloqueados por bancos internacionales y afirmando que la comida que importaban a Venezuela era apta para el consumo humano y negando el evidente saqueo al Patrimonio Público.
Todo este grupo de diputados, llamados popularmente en Venezuela “Alacranes”, entregaron a todas las autoridades de varios países informes dando fe de que estos productos eran de buena calidad y no tenían sobreprecio, engañando de esta manera a las a parlamentos y fiscalías de otros países e incluso al mismo Vaticano y utilizando al Congreso de Venezuela como fuente de información y patrocinio para perpetrar los delitos.
En la denuncia interpuesta en la Corte Penal Internacional que a continuación se anexa, se especifican contratos y auditorías que demuestran el daño causado a la República por este grupo de criminales, quienes para la época eran diputados humildes sin vehículos, ni propiedades, pero hoy el pueblo que los eligió en el año 2015.
En la denuncia recibida por la Corte Penal Internacional, se solicita que sean investigados y acusados por delitos de Lesa Humanidad en tres categorías dependiendo del nivel de participación, pero todos en común que son Delitos de Lesa Humanidad. La denuncia sin dudas reivindica mayoritariamente como victimas a los niños y mujeres humildes de las barriadas y del campo venezolano que ingirieron esos alimentos sin saber el daño que les estaban causando a futuro.
El equipo de abogados coordinado por el Dr. Salvador Pimentel Roja, anuncia que se convertirán en acusadores privados en nombre del pueblo venezolano en cortes norteamericanas, que está siendo preparada una serie de acciones como Querellas y Denuncias, para solicitar sanciones internacionales, bloqueo de capitales y enjuiciamiento de estos ciudadanos y en paralelo repatriación de los capitales sustraídos por estos empresarios al Banco Central de Venezuela.
Entre los objetivos destaca que deberán establecer responsabilidad a toda persona involucrada que se haya prestado como colaborador o cómplice de éstas atrocidades, especialmente el equipo está realizando una investigación en varios países para detectar a los asesores, banqueros, intermediarios y testaferros que fueron indispensables para lograr una operación tan macabra como CLAP que atentó contra la salud de los venezolanos a pesar de que su origen era para socavar el desabastecimiento pero los denunciados la aprovecharon para enriquecerse sin importar las consecuencias. Al respecto la denuncia lo describe como “indiferencia por el resultado” y “desprecio por la salud de los mas necesitados” por lo que instan a su persecución internacional.
Finalmente, en nombre del grupo de juristas, Pimentel especialista en Derechos Humanos, promete que llevará la causa a sus ultimas consecuencias y en todos los países que tengan interés jurídico, por ejemplo todos los países donde haya capital legitimado o donde haya bienes susceptibles de repatriación y en especial en Estados Unidos porque ya existen investigaciones relacionadas a las cuales las autoridades americanas han reaccionado en absoluta aprobación y se espera para las próximas semanas nuevas noticias sobre las acciones legales.
