El cofundador de la aplicación, Juan Pablo Ortega, dijo en la conferencia Web Summit que la compañía planea hacer una OPI en Estados Unidos el próximo año. Rappi respondió que lo dicho por Ortega «son sentimientos personales que no representan el momento actual de la empresa».
La aplicación colombiana de entregas Rappi dijo este jueves que aún no ha tomado ninguna decisión para una eventual oferta pública inicial, luego que el cofundador Juan Pablo Ortega fue citado en informes de prensa afirmando que la firma prepararía el trámite de cotización en el primer semestre de 2022.
La compañía, que fue fundada en 2015, recibió una inversión de US$ 1.000 millones de SoftBank y opera en nueve países de América Latina. La empresa fue valorada el año pasado en alrededor de US$ 3.500 millones.
Rappi cuenta con unos 150.000 contratistas activos, muchos de los cuales son emigrantes venezolanos, para entregar de todo, desde comidas hasta dinero en efectivo.
A través de la aplicación, los clientes también pueden comprar cualquier cosa, desde boletos para conciertos hasta el seguro obligatorio para cobertura de accidentes de tránsito.
«Respecto a la declaración de Juan Pablo Ortega, queremos aclarar que, al día de hoy, no se han iniciado conversaciones ni acciones externas sobre una eventual OPI (Oferta Pública Inicial) de Rappi», dijo un comunicado de la empresa.
«Las declaraciones del señor Ortega son sentimientos personales que no representan los objetivos, los pasos, ni el momento actual de la empresa», agregó.
Ortega, hablando al margen de la conferencia Web Summit en Lisboa, fue citado por periodistas diciendo que la compañía planea hacer una OPI en Estados Unidos el próximo año.
«Las oportunidades y las perspectivas de crecimiento a largo plazo son emocionantes. Rappi tiene un negocio bien capitalizado y un grupo de inversionistas destacados. Tenemos un equipo de clase mundial entusiasmado con el futuro y obsesionado con expandir nuestro impacto positivo», aseguró la empresa.
La compañía se ha enfrentado repetidamente con los reguladores regionales en disputas antimonopolio y de otro tipo, al tiempo que ha sido criticada por el mal manejo de las quejas de los trabajadores y los clientes.
