La ONG Acceso a la Justicia aseguró este jueves que tras la destitución del rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Delpino, quedó diluido el principio de separación de poderes reflejado en el artículo 136 de la Constitución.
A través de su cuenta en X, la organización mencionó que la Asamblea chavista aprobó “declarar la responsabilidad política y administrativa del referido ciudadano, según el artículo 222 de la Constitución.
Tras la destitución, se designó al rector suplente Conrado Pérez como su sustituto, y a la rectora Aura Hernández como suplente incorporada ante el CNE. Además, el Parlamento aprobó solicitar al Ministerio Público “llevar a cabo una averiguación penal que conduzca a la determinación de las respectivas responsabilidades penales del ex rector Delpino”.
Acceso a la Justicia alertó que la AN chavista violó el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (Lope) que exige un pronunciamiento previo de la Sala Plena (SP) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para declarar la remoción de los rectores del CNE.
De igual manera, violó el artículo 32 de la Lope “al no ceñirse a los supuestos legales que deben producirse para remover a los rectores de su cargo”, en este caso, al ciudadano Juan Carlos Delpino como rector principal.
Por lo tanto, la organización señaló que “una vez más queda diluido el principio de separación de poderes”, reflejado en el artículo 136 de la Constitución, en el que un poder (AN) se le impone a otro poder (TSJ), debilitando el Estado constitucional de derecho, y sin ningún tipo de garantías para el afectado.
