Según la información, los propietarios de los restaurantes Bocas House, Bocas Grill, La Fontana y Francisca; Carmelo, Horacio y Levin De Grazia guardan relación con el banquero alemán Matthias Krull, quien en 2018 se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de Miami como parte de una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Levin de Grazia de los restaurant Francisca y Bocas House detenido en inmigración, le cortaron con una tijera la green card. Por estar vinculado a fraude inmigratorio, viculado a casos de lavado de dinero de Carmelo de Grazia
Una información de la web Noticiero Venevisión en noviembre de 2018, haciendo mención a Matthias Krull, señaló: «Se detectó, además, que aparecen nuevos nombres conectados con este banquero alemán, como los son los venezolanos Alfredo Portales, Carmelo y Horacio De Grazia, quienes son empresarios de bajo perfil».
Referencias recientes indican que los propietarios de la red de restaurantes son sobrinos de Américo De Grazia, un diputado del antichavismo en Venezuela, quien fue alcalde de Upata, una ciudad ubicada en el interior de la provincia de Bolívar, al sur del país petrolero. Según personas con conocimiento de la situación, De Grazia tuvo un desempeño opaco como alcalde y se le ha relacionado con temidos sindicatos y grupos de mineros ilegales que operan en el Arco Minero del Orinoco, la mayor zona minera de Venezuela, en la que hacen presencia sanguinarias mafias dedicadas a la extracción de oro y otros minerales de gran valor. Una persona consultada ha dicho que pese a rumores, todavía no ha logrado probarse que el diputado tenga negocios ilegales con miembros del gobierno, pero que si los tuviera, deberían investigarse y ver si éstos tienen relación con los de sus sobrinos, dueños de los restaurantes Bocas Grill en los Estados Unidos, pues por ejemplo en el chavismo ya se han visto casos de figuras que tienen familiares con negocios fuera de las fronteras del país caribeño, que han sido ampliamente denunciados.
De Grazia ha estado en los últimos años en el centro de la controversia, tanto por sus denuncias acerca de masacres de mineros en la provincia de Bolívar, como por las acusaciones en su contra. Unas de estas fueron las realizadas por la periodista venezolana exiliada en los Estados Unidos, Patricia Poleo, quien en 2016 denunció que varios diputados del antichavismo habían firmado un acuerdo de «guiso de corrupción» en el caso de unas plantas eléctricas adquiridas por el estado venezolano con sobreprecio, en un negocio que benefició a un grupo de jóvenes empresarios comúnmente denominados «bolichicos».
Poleo aseguró que los parlamentarios Américo De Grazia, Elías Matta, Ismael García, Jorge Millán, José Gregorio Noriega, Luis Carlos Padilla, Stalin González y Tobías Bolívar eran parte de una posible estafa. A esto De Grazia respondió: “Soy y seré denunciante de los ‘Bolichicos’ y sus desfalco a la nación. Mal pudiera yo exonerarlos de responsabilidad”, sostuvo De Grazia asegurando no ser “extorsionable».
El mismo 2016 la periodista Patricia Poleo se manifestó extrañada acerca de por qué el diputado De Grazia se oponía a que una empresa de comprobada seriedad obtuviera una concesión minera en Venezuela.
En un hecho aislado, el 20 de mayo de 2016, el diputado Américo De Grazia denunció la confiscación de los equipos de la emisora Especial 95.5 FM, propiedad de su familia en Upata, en un operativo con despliegue militar por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), una entidad que rige las telecomunicaciones en Venezuela, en poder del gobierno de Nicolás Maduro.
Carmelo de Grazia estafó al SBA, se fugo con mas de 2 millones que pidio de forma fraudulenta a empresas viculadas a él
El 8 de mayo de 2019 fue levantada la inmunidad a Américo De Grazia como diputado, por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, por solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la fiscalía venezolana, al ser acusado de traición a la patria, concierto para delinquir y otros presuntos delitos, por haber participado en el intento de levantamiento militar contra Nicolás Maduro y en apoyo a Juan Guaidó, sucedido en Venezuela el 30 de abril de 2019.
