Un jurado conformado por 10 mujeres y 5 hombres fue selecto por las partes para procesar a Ali Sadr Hasheminejad, expresidente del desaparecido Pilatus Bank, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber elaborado un complejo esquema de lavado de dinero que permitió blanquear millones de dólares provenientes de los programas de viviendas del régimen de Hugo Chávez, que fueron a parar a la República Islámica de Irán, sancionada por el Departamento del Tesoro norteamericano.
La juez Alison J. Nathan convocó un universo de más de 60 personas para preseleccionar 33 personas, de las cuales, finalmente quedaron las 15 que formarán parte del panel de jurado que deberá producir un veredicto unánime de Ali Sadr Hasheminejad.
Sadr Hasheminejad fue acusado de seis cargos, incluido lavado de dinero, fraude bancario y violación de las sanciones de la OFAC. Su caso está siendo manejado por la unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, una oficina conocida por procesar casos de terrorismo de alto perfil.
El acusado goza de libertad bajo fianza, y sus movimientos están restringidos al área triestatal de Nueva York. Pagó una fianza de $ 38 millones. Se enfrenta a una condena máxima de 125 años de cárcel.
Las empresas
La jueza Nathan informó que en el juicio se escucharán las siguientes entidades: Aper Insaat, Citibank, Clarity Trade & Finance, Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental del Lago S.A. or Ducolsa, Emirates National Bank of Dubai o Emirates NBD, Export Development Bank of Irán, Hyposwiss Bank, Iranian International Housing Co. C.A or IIHCO or IIHC, JP Morgan Chase Bank, Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, Nueva Ojeda Housing Development Project, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Samanch Stratus Co., Stratus Holding Group.
En la lista de personas que serán nombradas aparecen José Luis Parada Sánchez, Luis Rivera, Sandra Santiago Rodríguez, Gabriela Sánchez, Mildred Benavides, Luis Fuenmayor, Alexander Frei, Richard Kauffman, entre otros.
Sadr Hasheminejad habría participado en un complot para canalizar $ 115 millones a través del sistema financiero estadounidense, bajo un contrato de construcción de viviendas para pobres del gobierno venezolano. Él se ha declarado no culpable.
El acusado
Ali Sadr Hasheminejad, de 40 años, nació en Irán. Fue arrestado el 19 de marzo de 2018 en el aeropuerto de Dulles en Washington, DC. Según los documentos presentados ante el tribunal, él y su madre se dirigían a Londres para celebrar el año nuevo persa con su familia. Sadr, quien es ciudadano de iraní y de la isla caribeña de Saint Kitts.
El acusado se graduó de ingeniero civil en la Ivy League, Universidad de Cornell. Tras ser arrestado, el gobierno estadounidense le confiscó propiedades en Maryland, Washington, DC, y la ciudad costera de élite de Malibú, en California, incluyendo unas granjas de pistachos en ese estado.
Sadr Hasheminejad se mudó a Estados Unidos en el año 2000 cuando tenía 23 años para reunirse con su madre y hermana; y pidió asilo político en 2003, de acuerdo con los documentos de la corte. En la solicitud de refugio, el acusado aseguró que su vida corría peligro si regresaba a Irán porque su familia tenía problemas con el régimen iraní de Mohammad Khatami. No obstante, existen registros que señalan que el presidente iraní de la época dijo que el padre de Sadr «era uno de los exportadores ejemplares de Irán».
Sadr Hasheminejad tiene el estatus de residente permanente de los Estados Unidos y ha dicho que no tiene conexión con los negocios de su padre en Irán.
Sadr se hizo residente legal de Estados Unidos en 2004 con base en su asilo, pero en 2010 el asilo fue revocado por el gobierno federal alegando que su proceso había sido fraudulento. El acusado logró obtener otra carta de residencia en 2012. Los documentos señalan que viajó varias veces a Irán entre 2010 y 2015 y que dichas movilizaciones se habrían hecho de bajo perfil para evitar una supuesta persecución en su contra.
Los fiscales señalan que Sadr registró múltiples compañías en Malta, Suiza, Hong Kong, Chipre, el Reino Unido y los Estados Unidos; y que en ninguno de los registros corporativos el acusado reveló su trasfondo iraní, a pesar de que mantiene un vínculo con los sectores de la banca y la construcción en Irán a través de su padre, Mohammad Sadr Hashemi Nejad, fundador del primer banco privado de la República Islámica de Irán, Eghtesad Novin Bank, en 2001. Actualmente, Mohammad Sadr Hashemi Nejad es presidente de Stratus Holding Group, uno de los mayores conglomerados de la construcción de viviendas y carreteras de Irán, con más de 60 filiales y más de 10 mil empleados.
Stratus Holding tiene una subsidiaria en que estuvo a cargo de un proyecto de vivienda del gobierno de Hugo Chávez que, según los fiscales estadounidenses, se utilizó para canalizar $ 115 millones a Irán.
Los fiscales neoyorquinos dicen que el acusado ocultó sus conexiones con Irán adquiriendo otras ciudadanías, y no reveló la información sobre su familia en Irán para evitar poner en riesgo sus negocios debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al régimen iraní.
Los fiscales del caso presentaron a la corte una tarjeta de presentación del acusado donde éste aparece como vicepresidente de una subsidiaria de Stratus, Samane Stratus Investment Company, a partir de 2011.
Sadr posee varias empresas, entre las cuales destaca Pilatus Capital Ltd registrada en Saint Kitts y Nevis, donde adquirió la ciudadanía por inversión y la cual ha usado para abrir sus corporaciones. También es dueño del hoy desprestigiado Banco Pilatus, creado bajo las leyes de Malta en diciembre de 2013.
Sanciones a Irán
Desde 1979, el presidente de los Estados Unidos, de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional («IEEPA»), ha encontrado repetidamente que las acciones y políticas del gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y economía norteamericana; por lo que declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza.
De acuerdo con estas declaraciones presidenciales, Estados Unidos ha instituido una serie de sanciones económicas contra Irán y entidades iraníes. Las medidas contra el régimen de Irán prohíben, entre otras cosas, las transacciones financieras que involucren a Estados Unidos o personas en el país destinadas al beneficio del gobierno de Irán o individuos o entidades iraníes, establece un comunicado de la fiscalía estadounidense.
En agosto de 2004, los gobiernos de Irán y Venezuela celebraron un acuerdo mediante el cual acordaron cooperar en ciertas áreas de interés común. En 2005, ambos gobiernos complementaron el Acuerdo al celebrar un Memorando de Entendimiento sobre un proyecto de infraestructura en Venezuela, que consistía en la construcción de 7 mil unidades de vivienda en el país caribeño.
El proyecto fue liderado por Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Sadr y su familia con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo.
En diciembre de 2006, Stratus Group incorporó una compañía en Teherán, que entonces se conocía como la Corporación Internacional de Vivienda de Irán (IIHC). IIHC fue responsable de la construcción del Proyecto. Posteriormente, también celebró un contrato con una subsidiaria de una compañía energética estatal venezolana, que solicitó al IIHC construir aproximadamente 7 mil unidades de vivienda en Venezuela a cambio de aproximadamente $ 475,734,000.
Stratus Group creó el Comité Ejecutivo del Proyecto Venezuela para supervisar la ejecución del plan. El acusado era miembro del comité y era responsable de administrar la ejecución del contrato.
