Un juez boliviano amplió este martes la detención preventiva por tres meses a la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez por el caso «golpe de Estado I», un proceso en el que se la acusa por terrorismo, sedición y conspiración junto a otros dos exfuncionarios de su Gobierno.
La determinación la tomó el juez Armando Zeballos de La Paz, después de valorar la solicitud de ampliación del caso propuesta por la Fiscalía a la que se sumaron la Procuraduría General del Estado (PGE) y el Ministerio de Gobierno (Interior), en una audiencia virtual.
Al comienzo, el fiscal Carmelo Laura justificó el pedido de ampliación de la detención de Áñez y de dos exministros suyos, Álvaro Coímbra y Álvaro Guzmán, debido a que «se tienen diligencias pendientes» en el caso que se abrió en noviembre de 2020 a raíz de la denuncia de una exdiputada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
El fiscal aseguró que el Ministerio Público «ha demostrado con objetividad» la probabilidad de la autoría de los delitos por parte de los acusados Áñez, Coímbra y Guzmán y aseveró que se mantienen los riesgos de fuga y obstaculización a la investigación.
Asimismo, el representante de la PGE mencionó que «no se han cumplido actos investigativos» como la toma de varias declaraciones a testigos, la realización de inspecciones y pericias de video, a pesar del tiempo transcurrido.
OBJECIONES DE DEFENSA
El abogado Luis Guillén, que representa a Áñez, recordó que la denuncia en un comienzo estaba dirigida principalmente al líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a quien hasta ahora no se le ha tomado una declaración, y que la demanda en el inicio no incluía a Áñez, Coímbra ni Guzmán.
Desde 2020 «vamos ampliando las detenciones preventivas constantemente», esta nueva solicitud «se da fuera de los tiempos establecidos en nuestra normativa», objetó Guillén al juez.
En la audiencia, el exministro Coímbra señaló a la Fiscalía de no hacer su trabajo para tomar declaraciones dentro del caso, lo que, a su juicio, evidencia que se trata de «un proceso eminentemente político».
A la conclusión de la audiencia, Áñez manifestó en un par de publicaciones en Twitter que «los fiscales y el Gobierno dicen lo mismo (cada vez) para ampliar cada 3 o 4 meses la detención preventiva».
«Ninguno mostró bombas, armas, aviones secuestrados, ningún acto terrorista. El juez Zeballos dirige la #Patraña1 político-fiscal-judicial», cuestionó la exmandataria.
DOS PROCESOS ORDINARIOS
El caso «golpe de Estado I» fue la primera denuncia que se instaló por los hechos de la crisis política de 2019 y que en primera instancia estuvo dirigida al entonces dirigente cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, su padre y algunos exjefes policiales.
En una ampliación de la demanda se incorporó a Áñez, Coímbra y Guzmán, con lo que se tramitó su detención preventiva desde marzo del año pasado en penitenciarías de La Paz y posteriormente se ha ido prolongando esta medida cautelar para extender la fase investigativa.
A este proceso en la vía ordinaria se suma el caso «golpe de Estado II», por el que en junio pasado se sentenció a Áñez a 10 años de prisión por delitos de resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes.
En este último juicio, la Fiscalía y el Gobierno argumentaron que Áñez, en su condición de exsenadora, se «autoproclamó» presidenta en 2019 tras vulnerar los reglamentos del Senado y la Cámara de diputados y que esa investidura debía recaer en un legislador del MAS luego de la renuncia del expresidente Evo Morales, su vicepresidente y otras autoridades en línea de sucesión.
La situación de Áñez generó el pronunciamiento de varios organismos internacionales que consideraron que le corresponde un juicio de responsabilidades y no procesos por la vía ordinaria.
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