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Arauca y la migración venezolana: Crisis económica y violencia

Arauca, hasta los inicios de los años 80, tenía más contacto con Venezuela que con Colombia. Las razones: Arauca estaba aislada por la falta de vías e incomunicada ante la ausencia de la televisión colombiana, la cual, a diferencia de la venezolana, entraba muy bien en Arauca, así fueran pocas las familias con acceso a aparatos de televisión. Ese aislamiento, luego de cuatro décadas y con muchos cambios, aún mantiene rezagos en este territorio fronterizo.

Por El Espectador

La gran mayoría de familias araucanas tienen familiares del lado venezolano, van y vienen según las oportunidades de trabajo, estudio o tranquilidad. Es un territorio binacional con una vida compartida. Son lazos profundos que se viven desde hace generaciones, que han desarrollado sus vidas en el vaivén de la frontera, pero con un trasegar marcado por posibilidades de vida y dificultades.

La crisis económica y social que ha vivido Venezuela en los últimos años ha llevado a miles de familias a instalarse en Arauca o hacer tránsito hacia el interior de Colombia o el sur del continente. Sin embargo, la migración ha disminuido en los últimos dos años y puede seguir en descenso, ahora que poco a poco han venido revirtiendo la crisis económica, con la recuperación de la producción petrolera y los buenos precios internacionales del principal producto de exportación de la economía venezolana en las últimas ocho décadas.

La migración venezolana ha llegado a una Arauca inmersa en un conflicto armado de cuatro décadas, y la zona ha sufrido la violencia que ha arreciado desde el 2 de enero, cuando se abrió un choque de eliminación mutua entre el Eln y las estructuras disidentes de las Farc. Esta disputa corresponde a una acción violenta organizada, cuyo fondo es el control del territorio, con sus comunidades y las economías que se desarrollan en él. En este contexto, en lo corrido del año se han registrado 74 homicidios, 21 son de nacionalidad venezolana. Esto, según seguimientos realizados por la Fundación Joel Sierra y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

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