Todavía en 2016, con el colapso económico y social de Venezuela en pleno desarrollo, Torino Capital, una empresa de banca de inversión en Nueva York pero fundada y gestionada por venezolanos, seguía apostándole fuerte al negocio de los papeles de deuda emitidos por Caracas. No era solo fe ciega: esas transacciones rendían beneficios. Es lo que sugiere el pago por un millón de dólares que en octubre de ese año hizo en cheque a un cliente discutible, Samark López, que entonces sonaba como uno de los contratistas preferidos del chavismo y solo cuatro meses más tarde fue sancionado por Washington como presunto testaferro del vicepresidente Tareck El Aissami.
Por: Isabel Guerrero | armando.info
Antes del 13 de febrero de 2017, Samark José López Bello tenía fortuna, propiedades en varias partes del mundo e importantes negocios que logró ejecutar con el gobierno de Venezuela a través de sus conexiones políticas. Pero, ese lunes, las banderas rojas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos le apuntaron directamente. Todo cambió. Su nombre y rostro aparecieron en medios de todo el mundo, junto al rótulo de presunto testaferro del vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, ambos con vinculaciones al narcotráfico alegadas por Washington.
Las consecuencias de la medida punitiva se hicieron sentir de inmediato. Impuso el congelamiento de sus activos bancarios y la confiscación de bienes por hasta 160 millones de dólares solo en Estados Unidos, según calculaban sus abogados en una demanda radicada en julio reciente contra el Departamento de Estado ante un tribunal federal de la ciudad de Nueva York. La sanción de Washington convirtió a López, “un hombre de negocios internacional”, según afirma el documento de sus representantes, en una suerte de apestado para la banca y circuitos comerciales internacionales, “cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales y las denuncias difamatorias de los demandados “. Los perjuicios, amén de contantes y sonantes, habrían sido reputacionales, siempre según la demanda: muchas posibles contrapartes no quieren hacer negocios con López o se arrepienten de haberlos hecho.
Algo de ello se refleja en uno del par de Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) rendidos por bancos privados de Estados Unidos ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), también adscrita al Departamento del Tesoro, y que este ente difundió en su publicación semanal, Kleptocracy Weekly, de la semana del 10 al 16 de marzo de 2017, menos de un mes más tarde de la sanción contra Samark López.
El boletín está incluido en la filtración de los llamados FinCEN Files, obtenida originalmente por Buzzfeed News, que dejó al descubierto más de 2.100 reportes de actividades sospechosas, algunos de ellos relacionadas con el blanqueo de capitales, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El proyecto periodístico incluyó a 400 reporteros de 110 medios en 88 países todo el planeta -entre ellos, Armando.info-, bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington DC.
En el SAR antes mencionado, y según cita del Kleptocracy Weekly, COR Clearing (adquirida en 2019 por Axos Financial Inc), una entidad financiera especializada en compensación bancaria y custodia de valores, se apresuraba a avisar desde Nebraska a FinCEN que en 2016, apenas meses antes de la sanción contra el empresario venezolano, había procesado un cheque por el que se pagaba un millón de dólares a Samark López.
Desde luego, con ese reporte -el otro citado en el boletín informaba sobre la compra en 2013 por parte de López de un inmueble en el sur de Florida- COR Clearing buscaba curarse en salud frente al órgano regulador, poniendo sobre la mesa lo que sabía sobre el recién sancionado. Pero una revelación igualmente significativa yacía en otra parte del mismo reporte: quien había emitido el cheque para pagar al presunto testaferro de Tareck El Aissami era una casa de banca de inversión con sede en Nueva York, pero propiedad de venezolanos, dirigida mayormente por venezolanos, y muy activa en el mercado de papeles de deuda venezolanos: Torino Capital.
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