La Audiencia Nacional denegó el pasado viernes a Hugo el ‘Pollo’ Carvajal la adopción de medidas cautelarísimas para frenar ‘in extremis’ su entrega a Estados Unidos. Aunque este pronunciamiento no tuvo efecto real porque finalmente la Sala de lo Penal decidió paralizarla por un defecto de forma, de no haberse suspendido, el exjefe de la inteligencia militar de Venezuela hubiera perdido su última baza para evitar su extradición al país norteamericano.
Por GEMA HUESCA / vozpopuli.com
Así consta en un auto de este pasado viernes, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que los magistrados le reprochan haber hecho una “utilización fraudulenta” de instrumentos jurídicos, como la solicitud de asilo en España, “previstos para otros supuestos”. De hecho, argumentan que existe un importante interés público con esta extradición a Estados Unidos, que le reclama por delitos de tráfico de drogas y de armas, y que no ha acreditado “mínimamente” que su vida corra peligro con esta gestión.
Carvajal, que tiene pendiente declarar este miércoles en la Audiencia Nacional en relación a la presunta financiación irregular de Podemos, ha alegado en todo momento que nunca se ha fugado de España y que en Estados Unidos no tendría un juicio justo. Precisamente, tras su detención el pasado 9 de septiembre en un piso de Madrid, el exalto cargo de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se comprometió a colaborar con la Justicia y pidió declarar en un procedimiento sobre terrorismo internacional abierto en la Audiencia Nacional.
Además de este ofrecimiento, su defensa abrió todas las vías posibles para evitar que se hiciera efectiva su entrega por pertenecer al conocido como Cártel de los Soles. Por ese motivo, volvió a recurrir por un lado, al Tribunal Supremo y, por otro, al Ministerio del Interior. En lo que respecta al alto tribunal solicitó cautelarísimas para que suspendiera de urgencia el acuerdo del Consejo de Ministros del 3 de marzo de 2020 que autorizaba su entrega. El Supremo lo rechazó pero accedió a tramitar el asunto por la vía ordinaria. Al respecto, fijó este martes 26 de octubre el estudio de su recurso.
“Proceso político”
Del mismo modo, también volvió a dirigirse a Interior para lograr asilo en España, aunque ya se lo había negado dos años antes. En septiembre de 2019, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska declinó otorgarle la protección internacional que le pidió en mayo de ese año. Sin embargo, nunca le pudo notificar su resolución ya que la remitió a la cárcel de Estremera y para entonces el exmilitar bolivariano ya no se encontraba allí.
Tras su arresto en septiembre y la posterior reapertura del proceso de entrega, Interior trasladó su negativa de 2019 a la Audiencia Nacional. Su abogada interpuso recurso de reposición que Interior denegó la semana pasada, y que provocó que abriera la vía ante lo Contencioso. Por ello pidió hace apenas unos días que “suspendiera la ejecutividad de la devolución” con carácter de urgencia y alegó que los verdaderos motivos eran políticos.
Además de denunciar “fraude de ley” con esta entrega, precisó que la suspensión del proceso era “beneficiosa” para la Administración de Justicia, teniendo en cuenta que declara mañana en una causa abierta por presunta financiación irregular de Podemos. Pese a sus razonamientos, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional resuelve del mismo modo que la del Tribunal Supremo y recuerda que existe un “interés público” en todos los casos en los que un país deniega protección internacional.
“El control de fronteras y la política migratoria, la potestad policial en este ámbito, tiene una evidente repercusión en el ámbito Schengen, afectando no solo a los intereses del Estado miembro, sino al conjunto de firmantes. La intensidad del interés público, a juicio de la Sala, es muy relevante”, responden los magistrados, los cuáles le reprochan que recurriera a la figura del asilo dos meses después de su entrada en España en marzo de 2019 y tras su detención y posterior ingreso en prisión para ejecutar su entrega.
Abuso de la figura del asilo
Al hilo, recuerda la Audiencia que es “igualmente significativo” que una vez acordada su puesta en libertad en 2019 éste no comunicara un domicilio a través del cual se le pudiera contactar para comunicarle la decisión de Interior en relación a su petición de asilo. Más bien ocurrió lo contrario. La Audiencia Nacional acabó emitiendo una orden de búsqueda y captura para poder hacer efectiva su entrega a Estados Unidos.
“Es tras su nueva detención el día 9 de septiembre del presente año y su posterior ingreso en centro penitenciario cuando, tras notificársele la resolución denegatoria de la solicitud de protección internacional, presenta el recurso de reposición contra la misma, todo lo cual constituye un elemento revelador de la utilización fraudulenta de unos instrumentos jurídicos previstos para otros supuestos, sin que nada se haya alegado y, mucho menos, justificado al respecto”, sentencian los magistrados.
Este pronunciamiento se produce en un momento clave para Carvajal teniendo en cuenta que este martes el Supremo estudia su recurso y el miércoles volverá a declarar ante el magistrado Manuel García Castellón. La cita judicial en cuestión parecía un imposible la semana pasada después de que la Sala de lo Penal, tras adherir la respuesta negativa de Interior a concederle asilo, pidiera que se materializara la entrega a Estados Unidos para rendir cuentas por delitos de narcotráfico.
Ni el requerimiento de García Castellón de darle un poco de margen para poder interrogarle sobre Podemos frenó a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que el jueves volvió a dictar una providencia en la que dejaba claro que la devolución era un hecho. Los magistrados le acusaron de impulsar una “maniobra dilatoria” y dejaron claro que la Sala de lo Penal era “la única competente para resolver sobre la presente causa extradicional”. Un día después, el viernes, propiciaron un giro de 180 grados al suspender la la extradición aduciendo a un error de forma.
Acusaciones contra Podemos
Así pues, todo apunta que el exjefe de la inteligencia militar de Venezuela podrá comparecer en el juzgado este miércoles para seguir desgranando pruebas sobre la presunta financiación irregular de Podemos. Se trata de la segunda cita con el magistrado en poco más de un mes, ya que el 20 de septiembre ya compareció como testigo en la Audiencia Nacional. Entonces lo hizo en el marco de una causa abierta por terrorismo internacional y a tenor del conocimiento que tiene sobre la relación entre las FARC y ETA.
Sin embargo, esa primera declaración sirvió para que también señalara a los lazos entre Chávez y Maduro con los fundadores de Podemos. Además, Carvajal se comprometió a entregar papeles que demostrasen sus acusaciones y cumplió con su palabra. Tanto es así que, desde entonces, ha aportado varias tandas de documental. La primera de ellas consistió en un contrato de asesoramiento del despacho de Baltasar Garzón con la petrolera estatal bolivariana PDVSA. El exmagistrado de la Audiencia Nacional niega en rotundo estos hechos.
Aunque estos primeros papeles no convencieron en el juzgado, no ocurrió lo mismo con el segundo bloque de documental aportada. El mismo consistió en un documento firmado por Hugo Chávez relativo al pago en 2008 de 7 millones de dólares a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) y a otra orden de abono de 142.000 dólares, esta vez autorizada por Nicolás Maduro a Carolina Bescansa (una de las fundadoras de Podemos) y a los también miembros de la formación morada Jorge Lago y Ariel Jerez.
