La organización venezolana “Sin Mordaza” presentó su reporte anual sobre la situación de libertad de expresión en Venezuela 2022, el cual establece que el régimen de Nicolás Maduro viola el derecho de expresarse libremente y a la información a través de detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento y bloqueos de medios de comunicación.
Según el informe, se registraron 11 casos de bloqueos de páginas web y redes sociales, donde la dictadura utilizó medios directos como sanciones administrativas que causan bloqueos HTTP o DNS por parte de CANTV, o indirectos mediante ataques cibernéticos o falsas denuncias en redes sociales como X, antes Twitter que generan el cierre de las cuentas de los usuarios relacionados, donde solo es posible acceder.
Asimismo, Sin Mordaza contabilizó 12 casos de asesinatos o detenciones arbitrarias contra periodistas y particulares, que si bien se redujeron este año, no han dejado de ser una situación notable ante la comunidad internacional.
Por otra parte, se documentaron 97 actos de amenazas o hostigamientos entre civiles y prensa, que consistían en amenazas en redes sociales por parte de funcionarios públicos, persecuciones, confiscación de equipos y material de trabajo, intimidaciones, amenazas, agresiones físicas, morales y psicológicas.
“El Estado usa el bloqueo y las amenazas para que los ciudadanos no accedan a la información”, enfatiza el informe.
La organización no gubernamental (ONG) “Un Mundo Sin Mordaza» promueve los derechos humanos, la libertad de expresión y está destinada a informar de forma clara, breve y sencilla, la manera en que se violan los derechos humanos de los venezolanos.
Antonio Baptista, vocero de Sin Mordaza, señaló en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS que a través del informe se pudo concluir que en Venezuela no existen condiciones básicas para el ejercicio de la libertad de expresión.
Detalló que en comparación con el reporte emitido por la ONG sobre la situación de la libertad de expresión en 2021, el número de violaciones se mantuvo bastante regular, “en el año 2021 tuvimos 464 denuncias de violaciones, mientras que en 2022 hubo 471 denuncias”, precisó.
La radio
A su vez, el análisis de Sin Mordaza reflejó 89 casos generales de violaciones a canales de televisión, medios impresos y estaciones de radio.
En relación a esto, Baptista declaró que los casos más visibles de vulnerabilidad a la libertad de expresión se presentaron en estaciones de radio, mediante la censura administrativa, “de 89 casos que afectaron este tipo de medios, 84 fueron a estaciones de radio, por censura y falta renovación de concesiones para estar al aire”, apuntó.
Redes sociales
En cuanto al bloqueo de páginas web y redes sociales por parte de quienes mantienen una dictadura en el país suramericano, el documento expone que ha aumentado la criminalización de la opinión a través de estos mecanismos de comunicación.
“El sistema de Nicolás Maduro ha adaptado los mecanismos de controlar la información y la comunicación al uso de las redes sociales. Hace diez años nunca pensamos que una persona sería detenida por publicar un video en TikTok o en Twitter”.
“La violación a este derecho fundamental, no solo se ha visualizado desde el punto de vista de los bloqueos. Bien hemos visto durante los años 2021 y 2022 un patrón hacia estos mecanismos de censura digital. El régimen usa como mecanismo de control el bloqueo de páginas web, ocasionando que los ciudadanos no puedan acceder a la información libremente», añadió.
Manifestaciones
El trabajo evidenció un total de 7.032 protestas durante el año 2022. Cifra que equivale a un promedio de 9 protestas por día y al menos el 45% de las protestas (3.185) estuvieron relacionadas con demandas laborales.
Sin Mordaza considera que el Derecho a la Libre Asociación ha disminuido después que se registraron 35 casos de detenciones durante manifestaciones públicas, unas 114 protestas fueron reprimidas donde 21 personas resultaron heridas durante las manifestaciones.
Sobre el respeto al Derecho a la Vida y Seguridad Personal, la organización registró al menos 9.367 casos de muertes violentas. La tasa de muertes violentas develó que se mantiene en 35,3 por cada 100 mil habitantes, mientras que al incluir las desapariciones, la tasa fue de 40,4 por cada 100 mil.
Cifra que se resume en 26 muertes violentas diarias, 180 cada semana y 781 cada mes.
Servicios públicos
La ONG hizo un recuento de las fallas en servicios, afectación del medio ambiente y vulneración de los derechos a la educación, salud, información y asociación, detallando los datos de las distintas situaciones que afectan de manera directa o indirecta la calidad de vida del Venezolano.
En relación al derecho de acceso a los servicios públicos, la ONG se basó en los datos del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), para indicar que la crisis energética en Venezuela acumuló unas 233.298 fallas eléctricas en 2022, un 22% de aumento respecto del 2014.
El abogado miembro de Sin Mordaza, expuso que se encontraron ciertas precondiciones que dificultan el beneficio del derecho a la libertad de expresión y a la información, «como por ejemplo, las fallas eléctricas que afectan a la mayoría del país, y dificultan de forma indirecta que los venezolanos puedan tener conexión para acceder a la información. Además de la falla de conectividad de internet que es una condición previa para ejercer este derecho de manera apropiada”, subrayó.
Aseveró que la libertad de expresión es la base para una sociedad democrática. «Es importante que se puedan debatir ideas y los asuntos públicos sin ningún tipo de miedo a expresarse. Por otra parte, los ciudadanos tienen el derecho a expresar libremente sus pensamientos y opiniones”.
En cuanto al servicio de agua, Sin Mordaza indicó que el porcentaje de déficit de agua potable es de 61,9% en todo el territorio nacional. Y la escasez de gas doméstico en los hogares venezolanos es de 40,6%.
Al mismo tiempo, el reporte advierte que el derecho a la salud ha sido vulnerado, por lo que la mayoría de la población se ha visto afectada. Solo en un año, hubo 218 muertes en hospitales públicos, debido a las fallas en los equipos médicos por falta de electricidad, falta de insumos, bajos salarios del personal y fallas en la infraestructura.
De acuerdo con la investigación, la educación es uno de los derechos más quebrantados por la dictadura venezolana. Se encontraron graves fallas en la calidad educativa, en la infraestructura de los colegios, los servicios y falta de inversión. Al igual que una disminución drástica en cuanto a la inversión en ciencia y tecnología, lo cual impacta directamente en la calidad de la educación.
Sistematización del régimen
A juicio de Antonio Baptista, el régimen ha creado una sistematización de la libertad de expresión, «que ha ido adaptando los modos de represión a este derecho. A través de los años, el modus operandi en la forma en que se trata a los trabajadores de la prensa y se censura a los medios ha ido avanzando. Estos son retenidos, perseguidos y se les violan sus derechos, por tan solo informar la verdad”, argumentó.