La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional de España ha llevado a cabo una operación en Madrid que se saldó con la detención de cuatro personas relacionadas con extorsiones a venezolanos, algunos de ellos imputados en el “caso PDVSA”.
Dicha causa sobre el desfalco a la petrolera venezolana se sigue en la Audiencia Nacional, pero hace algo menos de un año una derivada fue remitida al Juzgado de instrucción número 29 de Madrid para que indagara en una línea diferente: actividades irregulares de los agentes. Esta operación, que ha ido de la mano con la Fiscalía Anticorrupción, lleva meses secreta acaba de cristalizar con detenciones y entradas y registros.
Los hechos se remontan a los años entre 2015 y 2017, según confirman fuentes de la investigación LA RAZÓN, cuando la Policía Nacional estaba volcada en recabar todo tipo de información procedente de Venezuela. En esos años y en los sucesivos se desarrollaron operaciones relacionadas con el país bolivariano, dos de ellas continúan judicializadas en la Audiencia Nacional: el “caso PDVSA” -del saqueo a la empresa estatal- y el “caso Morodo”, sobre las presuntas comisiones millonarias pagadas al exembajador español en Venezuela Raúl Morodo.
Entre los detenidos está un inspector de la Policía Nacional, su mujer, un abogado y un colaborador. Estaban previstas hasta seis detenciones, entre ellas un policía local, pero no se encontraban en Madrid. Todos fueron puestos en libertad después de haber incautado la documentación, como ha avanzado ABC. Los investigados actuaban presuntamente coordinados para facilitar la estancia de algunos de los venezolanos, intermediación con las autoridades a cambio de información, arreglos para conseguir un DNI o, directamente, pedían dinero para arreglar problemas con la justicia.
En los casos de la Audiencia Nacional aparecen nombres de investigados que en esta nueva operación que acaba de estallar son denunciantes. La Policía la ha bautizado como “operación Caranjuez”. Se estudia, por tanto, en posibles delitos de coacciones, amenazas, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas entre funcionarios supuestamente del entorno del entonces Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, según estas fuentes.
La denuncia inicial parte de un empresario extremeño (D. A.) en una comisaría de Badajoz. Al tratarse de un asunto relacionado con los casos de venezolanos el tema pasó a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que era la que indagaba en el asunto PDVSA de la mano del juzgado de la Audiencia Nacional que dirige la jueza María Tardón. Los agentes iniciaron las pesquisas, tomaron declaración a los denunciantes y pusieron en manos de Tardón el primer informe. Pero ésta consideró que se trataba de una línea de actuación diferente y remitió el asunto a Plaza de Castilla donde se ha mantenido secreto desde la primavera de 2021.
Al haber policías implicados la Unidad de Asuntos Internos tomó el mando y bautizó el operativo. Se trata de un juego de palabras entre Carabela y Aranjuez (”Caranjuez”). Carabela por ser el operativo que en octubre de 2018, se saldó con la detención de algunos de estos venezolanos implicados en la Audiencia Nacional y Aranjuez porque hace referencia a la localidad madrileña en la que radican algunas de las sociedades que están bajo análisis. Después de los arrestos y las entradas y registros está previsto que en los próximos días se levante el secreto de sumario y se conozcan el resto de detalles de esta investigación en el juzgado madrileño.
