El hecho de que en los primeros 56 días del año 3 países de Latinoamérica (México, Costa Rica y Honduras) hayan solicitado visas a venezolanos para tratar de contener el segundo flujo migratorio más grande del planeta después de Siria, país en guerra, prende las alarmas entre investigadores de migración, porque de 194 países en el mundo, un centenar ha impuesto controles fronterizos contra los venezolanos, algo que catalogan de “inútil”, ya que la experiencia demuestra que estas políticas no frenan el éxodo masivo y sólo fortalecen a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, la prostitución de mujeres y niños, tráfico de órganos y el reclutamiento de criollos para integrar grupos guerrilleros o ser carne de cañón para el hampa común.
En Latinoamérica y el Caribe son 27 países los que piden visas. Sólo Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia no han impuesto barreras migratorias.
Según indicó Alexander Campos, experto en migración y director del Centro de Investigaciones Populares, en 2017 Panamá fue el primer país del hemisferio en solicitarle visa a los venezolanos, en 2018 se sumaron Guatemala, Chile, Santa Lucía; en 2019 Perú, Trinidad y Tobago, Ecuador, Aruba y República Dominicana. En 2020 y 2021 estas prácticas se frenaron por la pandemia, pero se volvieron a activar apenas inició el 2022 con México, presionado por Estados Unidos por la cantidad de venezolanos que cruzaron la frontera sur y norte de ese país de manera irregular el año pasado.
“Todos los datos que tenemos demuestran que las visas no han impedido que los venezolanos se dejen de desplazar hacia países como Chile, que hasta aplican la deportación violando todos los tratados internacionales. Por la frontera entre Bolivia y Chile ingresan diariamente 100 venezolanos. En Perú, desde que aplicaron visas la migración aumentó, igual en Trinidad y Tobago a pesar de las desgracias ocurridas, como el asesinato de un niño por un guardia costero que disparó contra una humilde embarcación”, expresó.
Afirma que estas medidas terminan siendo dolorosas para los ciudadanos que huyen de la crisis económica y política de Venezuela y terminan siendo también contraproducente para el mismo país receptor. “Van a entrar de manera ilegal, esas naciones no van a saber quiénes están ingresando y eso les va a acarrear todo tipo de inconvenientes”, apuntó Campos.
Para el sociólogo, Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, las consecuencias directas de la solicitud de visas es un mayor costo económico para los países que las imponen, porque tienen que desplegar en las fronteras terrestres y marítimas mayor cantidad de funcionarios de seguridad. También produce la existencia de caminos irregulares o trochas controladas por redes del crimen organizado y adicionalmente genera un sistema de corrupción entre los mismos funcionarios de control fronterizo.
“La política que está mostrando Colombia es la más adecuada, porque le dice a los venezolanos yo te regularizo, permito tu inserción, tu aprovechamiento, aun cuando están llegando sin pasaporte y sin cédula ya que los documentos de identidad no son garantizados por el régimen de Nicolás Maduro. El tema de la gestión de visas siempre genera problemas, el mejor ejemplo es Estados Unidos, un país hiperdesarrollado, que ha construido muros de varios metros en la frontera con México y sigue entrando gente ilegalmente”, dijo.
Aunque desde el 21 de noviembre México está solicitando visas a los connacionales, Alexander Campos resalta que los venezolanos continúan pagando a coyotes para reencontrarse con sus familias en Norteamérica y lograr el sueño americano.
“No hay datos específicos de cuántos venezolanos este año han pasado por la Frontera Sur de EE. UU., pero sí tenemos datos de criollos que se desplazan desde Colombia hacia allá, atravesando el Tapón del Darién en Panamá. Las estadísticas señalan que en 2021, unas 126 mil 600 personas pasaron por la inhóspita selva del Darién, 77% eran haitianos y cubanos, y 17% venezolanos y suramericanos. En enero de este año ya los venezolanos representaban el 50% de esa migración, superando a la migración de Haití y a la de dominicanos que históricamente han pasado por esta selva. Han transitado cerca de 4000 venezolanos este año por allí”, resaltó.
Afirma que si Costa Rica también exige visas a venezolanos, que debe solicitarse en un tercer país porque esta nación cerró su embajada y consulado en Venezuela en 2020, lo hace previendo las posibles consecuencias de la migración criolla que pasa el Darién para llegar a México.
“Costa Rica es un país de paso que prevé, que en vista que los venezolanos se están encontrando con otro tapón en Tapachula, México que les impide cruzar a EE. UU., decidan quedarse en esa nación”, explicó.
Leonor Peña, investigadora de frontera y habitante del municipio Pamplona en Colombia, sostiene que apenas los venezolanos colocan un pie fuera de Táchira, se convierte en carne de cañón para mafias criminales y hasta para corruptos que integran ONG de derechos humanos.
“Los venezolanos están en peligro con coyotes que también hay en Colombia y por la guerrilla y el hampa, pero también de personas inescrupulosas que desde 2018 vienen engañando a los venezolanos en las redes sociales, diciendo que en Pamplona hay una red de albergues y es falso”, destacó.
Alega que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Acnur y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), ha promocionado que Colombia regulariza rápidamente a los venezolanos y les otorga refugio, cuando hay un sinfín de trabas burocráticas.
“Sólo hay un punto de control fronterizo a la salida de Pamplona. Acnur entrega volantes que dice que los venezolanos que soliciten refugio podrán optar al sistema de salud, a educación gratuita, pero al 99% de los migrantes no les han otorgado refugio”, recalcó.
Alega que el único representante de Acnur en Pamplona fue denunciado por hechos de corrupción, por extorsión a venezolanos y porque se le atribuye la responsabilidad de la muerte de mujeres y niños venezolanos por hipotermia, al no ser auxiliados con un vehículo para ser trasladados a un centro de atención médica de la zona.
Países están violando DDHH
Según manifestó Pavel Rondón, politólogo, exembajador de Venezuela en Colombia, aunque una visa es una autorización que se otorga para visitarlo, los Estados al aplicarla contra venezolanos que huyen de la crisis humanitaria compleja están violando la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
“Cada Estado decide quién entra en su territorio, pero eso contraviene la DUDH, que dice que el hombre es libre de recorrer todos los países y todas las constituciones del mundo contemplan ese derecho”, argumentó.
Informó que desde 1920 los países del mundo solicitan pasaporte y el primer país que comenzó a solicitar visas para protegerse fue Estados Unidos.
