La transferencia de recursos incluye US$ 500 millones en municiones y equipo militar, y hasta US$ 2.100 millones para refinanciar la compra de nuevo armamento. El presidente Biden no muestra signos de austeridad, a pesar de que el déficit fiscal es el más alto de los últimos 10 años sin pandemia.
El presidente Joe Biden anunció un nuevo paquete de asistencia militar y financiera para Ucrania por un monto de 2.600 millones de dólares. Con este nuevo giro de recursos, Estados Unidos lleva enviados hasta 75.700 millones de dólares desde el 24 de febrero del año pasado. Asimismo, la Unión Europea llegó a enviar casi US$ 55.000 millones en el mismo período.
La mayor parte del paquete aprobado por Biden es para la conformación de un fondo destinado a la compra de nuevos armamentos, incluyendo un sistema de defensa antiaéreo conocido como “NASAMS”, radares modernos, terminales satelitales adicionales, aviones no tripulados, sistemas de cohetes y cañoneras. Todas estas partidas concentran una acreencia de US$ 2.100 millones para Ucrania.
El monto remanente valuado en 500 millones de dólares se conforma por la donación de municiones y equipo bélico estadounidense, incluyendo sistemas anti-blindaje, armas pequeñas, vehículos de transporte de equipos pesados y apoyo de mantenimiento, según precisó el comunicado oficial del Pentágono.
El Plan Marshall anunciado por el presidente Harry S. Trumar mantuvo un costo de US$ 13.000 millones, pero a valores actuales este monto supera los US$ 173.000 millones. Entre las transferencias de Estados Unidos y los países europeos aliados a Ucrania, se acumuló una suma de asistencia muy similar.
Biden no mostró mayor preocupación por el ordenamiento de las finanzas públicas, ni en concepto de asistencia financiera a otros países ni tampoco por las erogaciones nacionales. El déficit financiero del Gobierno federal superó el 6% del PBI en febrero de 2023, que sin contabilizar el shock provocado por la pandemia, constituye el resultado más desequilibrado desde enero de 2013.
Los gastos federales (sin Estados locales) representaron el 24,3% del PBI en el acumulado de 12 meses al término de febrero, una métrica muy superior al 21% que se observaba antes de la pandemia La recaudación impositiva y las erogaciones no retornaron a los niveles previos a la pandemia a pesar de la recuperación económica, y la brecha entre ambas mediciones es creciente.
La política fiscal expansiva y la falta de un horizonte claro para el ordenamiento de las finanzas públicas en vista a los próximos años, amenazan con boicotear la efectividad de la política monetaria de la Reserva Federal de Jerome Powell. Se deteriora alarmantemente el “canal de las expectativas” (como contraparte la caída en la demanda de dinero) porque la promesa de financiar los desequilibrios fiscales de forma no inflacionaria se torna menos creíble.
La falta de disciplina fiscal es actualmente el principal factor de presión para la inflación. El llamado “Plan de Rescate Estadounidense” del presidente Biden decidió postergar la aplicación de las reglas fiscales en Estados Unidos, concretamente la aplicación de la legislación PAYGO sancionada por el expresidente Obama y el Congreso republicano en 2011. Lo mismo ocurrió con la sanción de un amplio programa de rescate a las deudas estudiantiles.
La más reciente ley de gastos ómnibus presentada por el oficialismo no solo inhibe las reglas fiscales para 2023, sino que también lo hace para 2024. La administración de Biden no se aferró a ningún tipo de regla fiscal desde 2021, algo completamente inédito para una presidencia. Ni los expresidentes Trump, Obama, Bush o Clinton operaron con tanta discrecionalidad en la política fiscal como la actual gestión.
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