Ante la inminente caída en default, los republicanos hacen valer su mayoría en el Congreso y le exigen un histórico recorte de 10 puntos del presupuesto para firmar la extensión de deuda.
Las negociaciones entre republicanos y demócratas persisten a pesar de que se acerca la fecha límite a partir de la cual el Gobierno de Estados Unidos entraría en un dramático e histórico default. El presidente Joe Biden comenzó a ceder a la presión de la oposición y se acerca la concreción de una acuerdo, aunque todavía existe una brecha entre ambas partes.
El déficit fiscal del Gobierno federal superó el 7,2% del PBI en abril contabilizando el pago neto de intereses de deuda y el resultado primario entre ingresos y egresos corrientes. Es el desequilibrio más drástico observado desde 2012 sin contabilizar el shock que provocó la pandemia.
Biden desequilibró completamente las finanzas públicas a raíz de su propuesta irresponsable para rescatar préstamos estudiantiles en agosto del año pasado, y los recientes rescates bancarios desembolsados por el Seguro Federal de Depósitos arrojaron aún más presión al déficit.
La propuesta de la oposición
Los republicanos encabezados por Kevin McCarthy ofrecen aumentar el techo legal de la deuda pública federal hasta los US$ 31,4 billones de dólares para los próximos dos años, pero a cambio exigen una estricta agenda de recortes presupuestarios y disciplina fiscal que evite una mayor disparada de la deuda en los próximos años.
Se debe tener en cuenta que sin los recortes de los republicanos y bajo las previsiones del presupuesto actual de Biden, la deuda pública llegaría a representar el 118% del PBI para 2033 y más del 195% para el año 2053. Estados Unidos no registra superávit primario desde 2007, y resulta completamente imprescindible ordenar las cuentas públicas para estabilizar el stock de deuda.
La propuesta presentada por McCarthy incluye una fuerte reducción sobre los gastos discrecionales que no están vinculados con la defensa y la seguridad nacional. Un plan de ajuste por US$ 4,5 billones de dólares, que incluye un recorte nominal del 9% sobre el presupuesto de 2023 para llevar las erogaciones al mismo nivel que el año pasado, y a partir de 2024 se fija un tope de aumento del 1% nominal sobre el presupuesto (el gasto disminuirá constantemente su participación sobre el PBI).
Para lograrlo, los republicanos proponen rescindir completamente de todos los fondos asignados para el Covid-19 que en la práctica no fueron utilizados pero que aún se conversan en el Presupuesto. Esto puede suponer un ahorro de hasta 30.000 millones de dólares de forma inmediata, y Biden ya anticipó que accederá a esta petición reconocida por ambas partes como algo totalmente razonable.
Por otra parte, se propone establecer nuevos requisitos para el acceso al Medicaid y otros programas sociales como el SNAP. Se propone incluir que los adultos sanos y sin hijos deban buscar activamente empleo o capacitarse en programas oficiales para poder hacerlo. También se apunta a aumentar la edad mínima jubilatoria para personas inscriptas en el programa SNAP de 50 a 55 años, una compensación razonable por el envejecimiento poblacional.
Se propone eliminar aproximadamente hasta 315.000 millones de dólares en rescates federales a préstamos estudiantiles, una medida que había disparado el déficit fiscal en casi 2 puntos del PBI entre agosto y septiembre del año pasado. Es uno de los recortes presupuestarios más importantes de la propuesta, con un impacto casi inmediato en las finanzas mensuales de “base caja”.
También se incluyen propuestas desde el punto de vista de los ingresos y los organismos recaudadores. Se propone un recorte de hasta 80.000 millones de dólares sobre los fondos nacionales que Biden había otorgado de manera discrecional al Servicio de Impuestos Internos.
La derogación de los créditos fiscales y las exenciones impositivas para vehículos eléctricos, ambas normativas previstas en la llamada “Ley de Reducción de la Inflación” sancionada en 2022. Se incluye una reforma sobre los permisos de energía y minería para flexibilizar las regulaciones sobre los combustibles fósiles, y con ello afianzar la recaudación tributaria asociada a estas actividades.
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