El diputado Scott Perry está siendo investigado por la Casa Blanca por recomendarle a un funcionario a Trump, quien terminó planificando la fallida estrategia para evitar el fraude electoral.
Tan solo un día después de que el Departamento de Justicia (DOJ) ejecutara un allanamiento de Mar-A-Lago, la propiedad hotelera de Donald Trump en Florida, Joe Biden profundiza su persecución de opositores y ordenó al FBI investigar al diputado republicano de Pensilvania, Scott Perry.
El legislador contó este martes a la noche que el FBI le confiscó su teléfono celular cuando estaba de vacaciones con su familia. “Esta mañana, mientras viajaba con mi familia, tres agentes del FBI me visitaron a mí residencia de vacaciones y me incautaron el celular”, aseguró Perry.
La incautación estaría relacionada con la misma investigación del Fiscal General, Merrick Garland, quien responde a Biden, que resultó en el allanamiento de Trump. En resumen, la Casa Blanca está investigando el papel de Trump y de otros dirigentes republicanos en las protestas del 6 de Enero.
Los ojos de Garland están puestos en dos personas, una es obviamente Trump, y la otra es Jeffrey Clark, ex viceministro de Justicia, quien Trump estuvo a punto de ascender al cargo de Fiscal General luego del fraude electoral pero fue frenado por Mike Pence.
Según contó el propio Clark, él había sido quien diagramó un masivo plan para evitar que se certificara la elección fraudulenta, que incluía lograr que las Legislaturas estatales le quiten la certificación a los representantes del Colegio Electoral, y ante esta situación, el vicepresidente Mike Pence rechazara los resultados en la Sesión Conjunta del Congreso el 6 de enero.
Pero como bien se sabe, Pence le quitó su apoyo a Trump y aprobó los resultados de la votación del Colegio Electoral, y la gente que estaba protestando en las afueras del Capitolio ingresó al edificio.
Scott Perry, un congresista que ya lleva cinco mandatos en el Congreso y quien preside el Bloque Liberal (Freedom Caucus) del Partido Republicano, está siendo investigado por la Casa Blanca por sus vínculos de amistad personal con Clark. Según fuentes consultadas por el FBI, fue el propio Perry quien le recomendó a Trump designar a Clark en el Departamento de Justicia.
De todos modos, ni Perry ni Clark ni Trump han sido acusados de ningún delito, ni existe una causa abierta en el Poder Judicial que investigue a estas tres personas. Tanto el allanamiento de Mar-A-Lago como la incautación del teléfono celular del diputado Perry fueron ordenados de manera irregular por la Casa Blanca, y cuentan con la firma de aprobación de dos jueces federales aliados del Partido Demócrata.
No está claro si hay un objetivo concreto de la investigación de los principales dirigentes republicanos que ayudaron a la campaña poselectoral de Trump, pero el Fiscal General de Biden parece determinado por perseguir a los principales opositores el actual gobierno.
Durante meses, Perry ha estado en el radar del Comité del 6 de Enero de la Cámara de Diputados que investiga los disturbios en el Capitolio. En diciembre pasado, el diputado demócrata Bennie Thompson, presidente del Comité, envió a Perry una carta solicitando información sobre sus esfuerzos para ayudar a instalar un funcionario en el Departamento de Justicia, en referencia a Jeffrey Clark. Perry no respondió y aseguró que no es delito recomendar a una persona extremadamente calificada para un puesto público de su propio gobierno.
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