Al dar a conocer los resultados de la encuesta de coyuntura del primer trimestre del año, el presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, ASOQUIM, Guillermo Wallis, señaló su preocupación ante el efecto que tendrá la nueva Ley de Pensiones sobre la competitividad de las empresas, tomando en cuenta que tres cuartas partes de las empresas del sector operan por debajo del 40% de su capacidad instalada.
El dirigente gremial enfatizó que la encuesta sigue marcando que existe una capacidad disponible para aumentar la producción por el orden de 60%, lo que permitiría no solo cubrir el mercado interno sino también generar divisas a través de exportaciones. En ese sentido, Wallis hizo un llamado al gobierno para que se tomen en cuenta las propuestas realizadas en varias oportunidades por ASOQUIM para reimpulsar al sector, las cuales ahora son más necesarias para compensar este nuevo tributo.
Aunque se observa que 56,3% de la muestra reportó que las ventas aumentaron en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023, es importante resaltar que los resultados de enero, febrero y marzo del año pasado fueron muy negativos. En cambio, si esa comparación se hace versus el cuarto trimestre de 2023 se observa que 70% de los encuestados reporta una disminución.
En cuanto al volumen de producción, 45% de quienes respondieron el cuestionario afirmaron que aumentó; 20% que se mantuvo igual; y 30% que disminuyó en el primer trimestre del presente año versus el mismo período de 2023.
Agregó Wallis que los resultados de la Encuesta de Coyuntura del primer trimestre de 2024 señalan que el sector químico y petroquímico sigue enfrentando serias dificultades para producir y comercializar su producción. Alertó que la Ley de Pensiones afecta a un porcentaje importante de las empresas químicas que se les dificultará asumir este nuevo impuesto, lo cual incentiva aún más la informalización en el sector, congelará la contratación de personal así como disminuye las posibilidades de aumento de salarios en el sector privado.
Cortes eléctricos afectan la operatividad
Asimismo, el presidente de ASOQUIM señaló que a los factores identificados por las empresas como principales obstáculos a su desarrollo, como la baja demanda nacional, la falta de financiamiento, la competencia desleal de productos importados, y los excesivos tributos, hay que agregar el deterioro de los servicios públicos en Venezuela que también juegan un papel crucial en este contexto adverso. “Las deficiencias y la poca inversión en la infraestructura de servicios públicos han tenido repercusiones considerables en el sector químico y petroquímico del país, haciendo especial referencia al suministro de energía eléctrica”, dijo.
Indicó el dirigente gremial que la gran mayoría del sector industrial, prácticamente en su totalidad, depende del suministro del Servicio Eléctrico Nacional para el desarrollo de sus operaciones a lo largo de su proceso productivo. No obstante, los cortes de electricidad han experimentado un incremento notable desde el año 2019. Para el año 2023, 85,5% de las empresas afiliadas a ASOQUIM se vieron afectadas por estos cortes, de los cuales solo el 2% fueron programados. Esta situación, donde los cortes son constantes e imprevistos, genera un ambiente de incertidumbre y desestabilización en las empresas, agravado por el hecho de que éstas pueden experimentar 49 horas de cortes, en promedio, durante un trimestre.
En consecuencia, y con el objetivo de hacer frente a las interrupciones en la producción debido a los constantes cortes eléctricos, el porcentaje de empresas que utilizan plantas eléctricas de emergencia y/o de respaldo también aumentó considerablemente desde 2019. En los últimos dos años, el 73% de las empresas cuenta con esta alternativa para subsanar parcialmente la situación de los cortes. Por una parte, existen empresas que utilizan este tipo de plantas para tener una independencia del sistema interconectado nacional y mantener así las máquinas operativas. Sin embargo, también son comunes los casos donde son utilizadas únicamente para mantener los procesos administrativos de las oficinas o las máquinas operativas con el objetivo de lograr un apagado controlado de las operaciones industriales.
Adicionalmente, la activación de plantas eléctricas está estrechamente vinculada con otro de los servicios públicos como es el suministro de combustible (diésel), donde las empresas de igual forma han identificado una serie de nudos críticos; por ejemplo, la disponibilidad limitada del combustible y los largos tiempos de entrega.
Para finalizar, la situación actual del suministro eléctrico en Venezuela se caracteriza por las dificultades tanto en su generación como distribución, lo que hace evidente un impacto negativo en el desarrollo industrial. En ese sentido, Wallis insistió en que los servicios de energía deben ser de alta calidad, con altos niveles de confiabilidad y a precios competitivos. Por esa razón, advirtió sobre la necesidad de implementar medidas urgentes y sostenibles – mediante un compromiso conjunto entre el sector público y privado – que mejoren el suministro eléctrico en el país y, consecuentemente, se traduzca en un impulso para el sector industrial venezolano.
Nota de prensa
