Denunciado ante el Ministerio Público, el Grupo Prato, por constituir empresas de maletín destinadas a saquear dineros provenientes de fondos públicos, entre otros, el Fondo Chino, a través de asociación con el Consorcio ZTE, señala el Dr. Reinaldo Enrique Carvallo Machado, abogado en ejercicio INPRE 94024, quien de acuerdo a lo establecido en la constitución de la República Bolivariana De Venezuela Art. 51 en concordancia con el contenido de los artículos 3/4/13 de la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, a los fines de exponer lo que considero un hecho flagrante de CORRUPCION y que debe ser investigado y aplicar todo el peso de la Ley, interpuso denuncia, bien documentada, por ante el Despacho del Director contra la Corrupción del MINISTERIO PÚBLICO.
Según la denuncia que hace el Jurisconsulto, el Crupo Prato de Valencia, estado Carabobo y cuyos principales socios son Carlos Alberto Prato Zuloaga, CI V-10.615.079; Rubén Darío Prato Zuloaga, CI V-11.238.072; María Rocío Zuloaga de Prato, CI V-7.073.001 y María Martínez de Prato, CI V-16.272.328, se dieron a la tarea de constituir empresas de maletín denominadas Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A.; Promociones y Desarrollos, C.A.; Pratsa Overseas, S.A., Inversiones RPV Overseas Corp; Cair Corp Inc; Panamfianzas, C.A.; Inversiones Mis Nietos, C.A.; Fundación Grupo Prato; Terrestra, S.A.; Pegazo Overseas Corp; Promociones y Desarrollos Corp, S.A.; Consorcio Praval; Financiera Grand Pacific, S.A.; Corporación Turismo Médico, CTM DOM SAS; York And Kassing Investments Inc; Instituto Capacitación Dominicano (ICD); Grupo Lasonia; Austin Financial Services; International Medical Group SRL; para solicitar fondos provenientes del tesoro nacional, los cuales sirvieron para fortalecer sus fortunas personales , saqueando con esta practica continuada e ilícita, el patrimonio económico de la Nación venezolana y afectando al sector mas vulnerable de nuestra sociedad: los pobres, reveló El Venezolano News.
Los delitos por corrupción nunca prescriben, dijo – y, los autores de este saqueo a la Nación venezolana, enfrentarían cargos por corrupción y asociación para delinquir que alcanzarían más de 10 años de prisión, precisó el especialista del Derecho Penal Reinaldo Enrique Carvallo Machado
En este caso las personas precitadas, a través de la empresa EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS SEGURAS, S.A; constituyó un consorcio con la empresa denominada ZTE, para la construcción de cinco (5) galpones por un valor de USD $ 400.000.000,00, recursos que fueron aprobados a través del Banco de Desarrollo Social (BANDES) y a la fecha los galpones y el dinero para la construcción de los mismos desaparecieron y la familia Prato de Valencia, cambio de domicilio y según la traza de movimiento en extranjería se encuentran en Panamá, de donde saltan con frecuencia hacia otros paraísos fiscales, a fin de burlar a la OFAC y al FINCEN.
A través de las operaciones realizadas en la cuenta de EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS SEGURAS, S.A; se observa una evidente vinculación con el funcionario designado por el Gobierno Venezolano para formar parte de ZTE y la empresa INFO-CLASS PANAMA, S.A; cuyos director es un funcionario público. EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS SEGURAS S.A; subcontrató directamente e hizo traspasos de dinero a INFO-CLASS PANAMÁ S.A; y a su representante.
Las transferencias realizadas por Grupo Prato al ex funcionario público vinculado suman en total la cantidad de US $ 36.000.000,00, equivalentes aproximadamente al 30 % de los USD $ 110.000.000,00 abonados al proyecto. Estas operaciones parecieran constituir el desembolso de una “comisión”.
Aunado a lo anterior, en los registros de prensa se menciona que una de las principales contratistas para la ejecución de los cinco (5) galpones es la empresa INVERSIONES MIS NIETOS, C.A; su Director General RUBÉN PRATO. Esa empresa ha sido señalada por contar con un (1) empleado en nómina pero como se puede realizar este tipo de labores si dicha empresa se encuentra en la base de datos del Registro Nacional de Contratistas con el estatus de suspendida, eso hace presumir la existencia de funcionarios públicos quienes de manera soez, asignaban este tipo de obras publicas que son de gran importancia para el pueblo venezolano. Cabe destacar que valiéndose de subcontrataciones incorporan a este modalidad a una contratista de nombre INVERSIONES DELRAM, C.A. (DELRAM), para la construcción total del almacén ubicado en Charallave (Miranda).
Además, la empresa INVERSIONES DELRAM, C.A. (DELRAM) cuenta con una nómina dedos (2) empleados y sus obras civiles se encuentra vinculadas en su 90% con la empresa INVERSIONES MIS NIETOS, C.A; sin contar que esta empresa que posee un objeto social en materia de construcción, presenta un amplio historial de solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas tramitadas a través de la extinta Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) actualmente Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX)para la importación de rubros establecidos en el sector de alimentos.
Y es que, si bien a la empresa EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS SEGURAS, S.A; les fueron asignados USD $ 110.000.000,00 y las obras aún a esta fecha están inconclusas, por lo que se pudiera estar ante presuntos actos de corrupción a través del pago de “comisiones” para lograr la contratación y la presunta malversación de fondos destinados al desarrollo de obras públicas (pues se han desviado de su finalidad), pudiendo calificarse a las contratistas aquí indicadas como presuntas responsables o cómplices, o estar directa o indirectamente involucrados con prácticas engañosas o de corrupción relacionadas a proyectos administrados con y en perjuicio del gobierno de Venezuela, reportó Infocifras.
Lo denunciado ante el Fiscal Tarek William Saab, contó con el silencio cómplice de la ex Fiscal Dra. Luisa Ortega Diaz, cuyo despacho volteaba la mirada hacia otro lado, mientras que la Familia Prato y su banda, saqueaban los dineros de la Nación venezolana, concluye el Dr. Reinaldo Enrique Carvallo Machado.
