Carlos, José y Carlos Marcelino Bellosta Pallares benditos por la revolución. El que con bancos mata, a bancos muere: casi medio siglo de próspera trayectoria en el negocio no previno a esta familia del estado Lara de una racha negativa en transacciones relacionadas con las finanzas.
Si su banco en Puerto Rico fue objeto de una redada del FBI en 2019, ya arrastra una década con un pleito en España iniciado por la compra frustrada de otro banco en Cataluña, a través de una compañía registrada en Luxemburgo. Ambos emprendimientos internacionales surgieron en el mismo momento en que Hugo Chávez les expropiaba la entidad de ahorro y préstamo Casa Propia; pero de algún modo se han salido con la suya de cada contratiempo.
El conflicto más enconado que desde entonces le ha tocado a la familia larense de origen español no ha sido con la autodenominada Revolución Bolivariana, por sorprendente que parezca. Su némesis es un magnate gallego nacido en Venezuela, José Antonio Castro Sousa, dueño de la cadena hotelera internacional Hesperia, cuyo nombre se ha hecho habitual en la lista de los más ricos de España, con un patrimonio calculado hace pocos meses en unos 280 millones de euros.
Carlos, José y Carlos Marcelino Bellosta Pallares benditos por la revolución
Ese año de 2011, apenas por unos meses, uno de los miembros más jóvenes del grupo barquisimetano, Marcelino Bellosta Varady, mantuvo una alianza frustrada con Castro Sousa para adquirir una entidad financiera catalana, Bankpyme, cargada entonces de tribulaciones que amenazaban con quebrarla. A pesar de su corta duración, las consecuencias de esa alianza -y de una línea de crédito por 26 millones de euros que los Bellosta Pallares pusieron como prenda- se prolongan hasta ahora.
Bellosta Varady es el titular de una demanda que, tras un complejo recorrido judicial, tiene hoy a Castro Sousa a las puertas de la cárcel.
Pero los Bellosta Pallares, cuya segunda generación, la que estuvo más ligada con Casa Propia, conforman Carlos, José y Carlos Marcelino Bellosta Pallares, padre éste de Marcelino Bellosta Varady, uno de los protagonistas del conflicto aquí narrado, y Castro Sousa no cruzan sus historias únicamente en este litigio, sino también en un interés común por Luxemburgo, uno de los países más pequeños de Europa y, al unísono, escondrijo de algunas de las fortunas más grandes del mundo.
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En ese ducado, de 2.586 kilómetros cuadrados y 630.000 habitantes, un paraíso fiscal que ofrece en el corazón de Europa la posibilidad de registrar empresas anónimas sin detallar titularidades y con escasa carga tributaria, las firmas de Bellosta Varady y de Castro Sousa se encuentran en los documentos de dos empresas registradas a sus nombres: Kota Investments, del primero, y Kumna, del segundo.
Ya antes, los Bellosta Pallares de la segunda generación se habían aventurado en países catalogados como paraísos fiscales, tal y como se corrobora en los Offshore Leaks, informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). En esa base de datos aparece Solidus Investments Corporation, registrada en Barbados y en la que están asociados Carlos Marcelino, Carlos y José Bellosta Pallares.
Aunque Luxemburgo, presionado por la Unión Europea, accedió a hacer pública la información de su registro mercantil, la difundió con algunas cortapisas técnicas. Sin embargo, personal del diario Le Monde de París bajó todos los archivos de esa base de datos para dar lugar a la serie Open Lux, coordinada globalmente por el Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés), una serie a la que Armando.info se ha unido dejando al descubierto las aristas venezolanas de los papeles de Luxemburgo.
Puerta que se cierra en Venezuela, ventana que se abre afuera
El expediente mercantil de Kota Investments en Luxemburgo resulta particularmente revelador para el pleito judicial en España por Bankpyme. Pues Kota fue la persona jurídica con la que los Bellosta, a través de Marcelino, se sumaron al intento de adquisición, punto de partida para la demanda todavía en curso.
Para Castro Sousa el ducado tampoco es desconocido. Los papeles de Luxemburgo revelan que también está al frente de una sociedad de responsabilidad limitada, la antes mencionada Kumna, empresa inmobiliaria fundada en 2001.
En febrero de 2015, con el litigio andando desde hacía cuatro años, Castro Sousa pisó fuertemente en Luxemburgo, cuando Kumna y Hepestel, S.L., inmobiliaria con sede en Barcelona de la que es representante, firmaron un contrato de préstamo por 3.000.000 de euros. Dos años después, en abril de 2017, con el litigio continuado, ambas empresas celebraron otro contrato de préstamo por más de 10 millones de euros.
Regresando a los Bellosta Pallares, la carrera bancaria de la familia empezó en 1963. Ese año se fundó, bajo la figura de asociación civil, Casa Propia en Barquisimeto, capital del estado Lara.
Por 47 años la suya pasó por una historia de crecimiento y prosperidad. En 2009 los Bellosta trataron de comprar la operación en Venezuela del Stanford Bank, tocada bajo la línea de flotación por el escándalo de Allen Stanford. Casa Propia llegó a tener más de 40 oficinas. Hasta que el dedo confiscador de Chávez le apuntó.
En enero de 2011, luego de algunas semanas de intervención, finalmente se anunció la expropiación de la entidad y meses después, como consta en la Gaceta Oficial 39.713, del 14 de julio de ese año, su liquidación. Era el decimocuarto banco que Chávez intervenía y expropiaba desde la minicrisis financiera de 2009.
Para la intervención, el gobierno de Chávez tomó como pretexto la suspensión por parte de Casa Propia de las operaciones de pagos de cheques. El entonces presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Juan Carlos Escotet, explicó que la entidad había incurrido también en la práctica de los denominados autopréstamos. “Aparentemente hay un muy lamentable ejemplo de malas prácticas bancarias, incluso involucrado con el sector inmobiliario”, dijo Escotet en ese momento.
El revés tuvo una compensación económica para los Bellosta Pallares, al menos según deja ver lo puesto sobre el papel de la Gaceta Oficial. Además, la oportunidad de esa expropiación coincide con el comienzo de las negociaciones por el banco español que luego quisieron comprar y por el que, a juzgar por los documentos de Open Lux, pagaron de más.
El blanco era el catalán Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme S.A.), fundado en 1978 por Josep Jané Solà. En 2009, debido a la crisis financiera mundial y a la intervención por parte de la Dirección General de Seguros, sus accionistas estuvieron obligados a buscar una recapitalización. Ante la pérdida de 28 millones de euros y el fracaso del plan de recapitalización, lo pusieron en venta.
En ese momento, Castro Sousa quiso pisar fuerte en el negocio bancario y compró un 18 por ciento inicial de las acciones de Bankpyme. Este movimiento amplió el capital del banco a 18,5 millones de euros.
Pero el objetivo era llegar a los 30 millones de euros, y en ese punto fue donde la familia Bellosta Pallares entró en la película con Kota Investments, constituida, de acuerdo con lo que reflejan los registros mercantiles que desveló Open Lux, el 7 de diciembre de 2010, cuando en Venezuela estaba en marcha la intervención y posterior confiscación de Casa Propia.
El Registro de Comercio y de Sociedades de Luxemburgo detalló en sus documentos la razón social de Kota: “Adquisición, gestión, desarrollo y enajenación de participaciones, a cualquier título, en otras sociedades luxemburguesas y extranjeras. También puede contratar préstamos y conceder a las empresas en las que tiene una participación directa o indirecta o que son miembros del mismo grupo, todo tipo de ayudas, préstamos, anticipos y garantías”. En adelante, los documentos de Kota acreditaban a monsieur Marcelino Bellosta Varady como administrador de la sociedad.
La prensa económica de España identificaba a Castro Sousa como el “constructor gallego afincado en Catalunya” que lideraba a los inversionistas externos de Bankpyme, entre ellos Kota Investments. Bellosta Varady apenas era identificado como “cabeza visible” de la compañía.
Los registros contables de 2011 de Kota dejaron testimonio de la operación. El 7 de abril de 2011 quedó anotado un pasivo por algo más de 26,6 millones de euros, correspondientes a una línea de crédito extendida por la financiera luxemburguesa Pictet & Cie para apalancar la compra total de Bankpyme. El aval fue concedido a manera de dos garantías, y satisfacía uno de los requerimientos del ente público veedor, el Banco de España, para aprobar la transacción.
Música paga no suena
Entre líneas yace el origen del conflicto: en resumen, la retirada de Bellosta Varady de esa jugada y, a pesar de ello, el desembolso del monto de la garantía por parte de Pictet & Cie., a petición de Bankpyme. Es decir, de Castro Sousa.
En el documento, el punto anterior está resumido así: “A pesar de que el accionista mayoritario de la empresa decidió retirar su solicitud presentada ante el Banco de España para aprobar la adquisición contemplada, Bankpyme solicitó al banco Pictet & Cie que ejecutara las garantías”.
En ninguna parte quedan claros dos aspectos: por qué Bellosta Varady frenó en junio de 2011 la compra de su parte accionaria y por qué Pictet & Cie ejecutó las garantías. Son algunas de las preguntas que quedaron por hacer ante la imposibilidad de establecer contacto con la familia Bellosta Pallares.
Lo que vino unos meses después supuso la ruptura de toda relación y el inicio del litigio de hoy. “El 4 de agosto de 2011, Pictet fue obligado a ejecutar las garantías y la empresa [Kota Investments, de los Bellosta] entró en un litigio con Bankpyme para recuperar los fondos de las garantías”, detalla uno de los documentos del registro mercantil de Luxemburgo.
También en 2011 un comprador entró en acción y se hizo con el banco, que a la larga absorbió. Caixabank pagó 16 millones de euros por “activos de 506 millones y un pasivo de 503 millones”. En los depósitos de cuentas del Registro Mercantil de Barcelona, documento al que también tuvo acceso Armando.info, constan las negociaciones de Caixabank para la adquisición de Bankpyme. Los 16 millones pagados, por cierto, están diez millones por debajo del precio por el que los Bellosta se habían transado para entrar al accionariado de Bankpyme, antes de su espantá.
Durante los próximos cinco años, los estados financieros de Kota presentados ante el Registro Mercantil de Luxemburgo mantuvieron como punto inalterable el litigio por los 26 millones de euros. Solo en el estado de cuenta de 2016 se lee algo distinto: “Durante el año financiero, la empresa ha recuperado parte de las garantías concedidas por el banco Pictet & Cie. a Bankpyme y ejecutadas el 4 de agosto de 2011”.
La batalla legal de Bellosta Varady llegó en 2013 a la Corte Internacional de Arbitraje, en París, y obligó a Castro Sousa a devolver los 26,6 millones de euros. Pese a la embestida, Kota también tuvo un revés: debía pagar, por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la compra de Bankpyme, 7,67 millones de euros.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña actuó también en este caso. Investigadores de la fiscalía española, como resaltó entonces la prensa, enfatizaron en sus informes los movimientos financieros ejecutados por Castro Sousa para ocultar los fondos de Kota utilizando para ellos una empresa de su grupo, Multinmueble.
“[Hubo] operaciones para ocultar los fondos, desviándoles desde Multinmueble a otras sociedades del grupo controladas directa o indirectamente por José Antonio Castro Sousa”, resaltan los escritos de la Fiscalía, citados por la prensa.
En 2016 Castro Sousa, a través de dos de sus empresas (Barcelona Park y Eurofondos) devolvió 20 millones de euros a Kota. Pero quedaron pendientes 2,47 millones de euros, correspondientes al cuatro por ciento de intereses acumulados hasta el momento del laudo, y ya hecha la sustracción del monto por daños y perjuicios. Esto llevó a la apertura reciente del caso, en enero de 2021, cuando la Fiscalía española pidió prisión preventiva (hasta la fecha de cierre de esta nota, aún sin ejecutar) para Castro Sousa hasta que haya un acuerdo para la cancelación del monto faltante.
La requisa del encanto
No sería el último revés que sufrirían los Bellosta Pallares, con todo y su amplia experiencia en las finanzas. Otra historia, tercera de la funesta racha bancaria, pero hasta ahora con final feliz, comenzó en 2019, cuando el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos comenzó una serie de requisas al Banco San Juan Internacional INC, con sede en San Juan, Puerto Rico. La causa: presunto lavado de dinero.
En los registros mercantiles de este banco, fundado en febrero de 2011, es decir, también en simultáneo con la expropiación de Casa Propia -y, por lo tanto, con la frustrada negociación por Bankpyme-, no figuran los Bellosta Pallares como socios, pero en ellos sí está Pedro Crespo, quien comparte acciones con Marcelino Bellosta Varady en BSJI Services LLC, cuya sede está registrada en Ponce de León Boulevard, en Coral Gables, Florida. Otra persona en común tanto en Banco San Juan Internacional como en BSJI Services LLC es Alejandra Bellosta, quien funge en el primero como directora de mercadeo. Bellosta Varady es, además, accionista titular de los homónimos Banco Múltiple San Juan y de San Juan Capital RD (ambos fundados en 2014, con sede en Santo Domingo, República Dominicana, y activos)
Fue a través de la oficina de contactos de BSJI que Armando.info, vía correo electrónico, intentó comunicarse con Marcelino Bellosta Varady. También a través de los correos corporativos de Alejandra Bellosta pallares. En ambos casos, sin éxito.
Un año después de las requisas, el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un comunicado resaltando que el banco y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (USAO-PR) habían resuelto el litigio.
“El litigio se derivó de una investigación federal de BSJI que implicó el registro de las oficinas de BSJI en febrero de 2019, y la posterior incautación de $53,082,824.19 de BSJI y cuentas relacionadas. Los fondos fueron incautados en base a su conexión con ciertas transacciones financieras sofisticadas y acuerdos subyacentes en los que BSJI era parte”.
Todo terminó con la desestimación de la acción de confiscación civil y la devolución de los más de 53 millones de dólares incautados.
A pesar de que los Bellosta Pallares solían ser catalogados como los banqueros venezolanos “contrarios a Chávez”, después de la expropiación siguieron contratando con el gobierno venezolano a través de la empresa Venequip S.A., dedicada a la comercialización de maquinaria pesada. Esta empresa mantiene activas, hasta ahora, sus credenciales en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Bellosta Pallares benditos por la revolución
Carlos, José y Carlos Marcelino Bellosta Pallares, junto con Carlos José Bellosta Varady, hijo de Carlos Marcelino y, a su vez, hermano de Marcelino Bellosta Varady, son los socios de esta empresa que, entre sus clientes, ha tenido también a Petróleos de Venezuela, Sidor, CVG Bauxilum y a CVG Ferrominera del Orinoco.
Hay otros ejemplos: Venequip Machine Shop, Deel C.A., y Maquinarias Ortemaq, C.A., todas con sede en Lara y dedicadas a la comercialización de maquinaria agrícola pesada, tienen historiales de contrataciones, incluso actuales, con empresas controladas por la autodenominada Revolución Bolivariana. Sin rencores aparentes con quienes los expropiaron.
