En un país donde el abuso de poder y la corrupción son moneda corriente, el caso de Bangente y Grupo Tranred ha puesto de manifiesto un esquema sistemático de terrorismo judicial y extorsión empresarial. Este entramado, liderado por los abogados Raúl Reyes y Jesús Escudero, en representación del Grupo Alazán C.A., busca despojar a los legítimos dueños del Banco de la Gente Emprendedora (Bangente) y del conglomerado tecnológico Tranred, utilizando tácticas de presión judicial, amenazas y manipulación de instituciones.
El Inicio del Conflicto
El conflicto se inició en el primer cuatrimestre de 2023, cuando Reyes y Escudero ofrecieron comprar Bangente y las empresas del Grupo Tranred, que incluyen 1000Pagos, DigoPago y Tranred, C.A. Estas compañías, pioneras en el ámbito de los pagos electrónicos en Venezuela, se convirtieron en el blanco de un plan estratégico para adquirirlas de manera forzada, aprovechando su infraestructura operativa y el engaño.
A pesar de la firma de un contrato, los compradores comenzaron a incumplir los acuerdos en julio de 2023, situación que persiste hasta la fecha. Utilizando tácticas intimidatorias, Reyes y Escudero asumieron el control operativo de Bangente y presionaron a los antiguos accionistas para que entregaran la gestión de la empresa.
Estrategias de Manipulación Legal
Un año después, en un movimiento que evidenció la falta de ética y legalidad, Reyes y Escudero orquestaron un ataque judicial masivo. Utilizando el Tribunal 10º Civil, lograron manipular medidas cautelares de embargo y secuestro preventivo basadas en un reclamo inflado de $17 millones. Este monto, evidentemente desproporcionado, se redujo posteriormente a una supuesta reclamación de menos de $1 millón en un arbitraje, lo que expuso el interés extorsivo detrás de las acusaciones iniciales.
En noviembre de 2023, los abogados utilizaron al Tribunal 20 de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y a la Fiscalía 6ta Nacional para montar un ataque judicial sin fundamentos, acusando a los dueños, familiares, ejecutivos y empleados de las empresas de un supuesto sabotaje tecnológico. Esta maniobra ha dejado un saldo de dos personas inocentes detenidas y otras cinco perseguidas por cuerpos de seguridad del Estado, lo que se traduce en un claro caso de terrorismo judicial.
Irregularidades en el Tribunal 10º Civil
El juez Gustavo Hidalgo Bracho, del Tribunal 10º Civil de Caracas, se prestó para ejecutar y justificar estas medidas infladas. A pesar de que, hace tres meses, el mismo juez había declarado que no tenía jurisdicción para conocer el caso, mantuvo activas las medidas de embargo, lo que resulta contradictorio y carente de sustento legal.
En un acto aún más escandaloso, el juez ratificó su decisión en diciembre, a pesar de haber declarado previamente la falta de jurisdicción. Este comportamiento pone de manifiesto la intención de ejercer presión desmedida para beneficiar al Grupo Alazán, evidenciando una clara complicidad judicial.
Intervención de la Superintendencia Nacional de Bancos
La situación comenzó a desmoronarse con la intervención de la Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban), que decidió investigar a los nuevos dueños de Bangente tras detectar irregularidades en la documentación y la falta de registro de asambleas en los plazos legales. Las investigaciones revelaron que una de las empresas «dueñas de Bangente», llamada West Corp, C.A., fue constituida en mayo de 2024 con un capital de apenas $10,000, respaldado por un inventario de muebles usados. Esta empresa, ubicada en un apartamento residencial en Caricuao, es representada por personas sin experiencia en el sector bancario.
El caso Bangente y Grupo Tranred es un claro ejemplo de cómo sectores de poder pueden manipular la justicia para llevar a cabo extorsiones y despojos. Las acciones de Reyes, Escudero y el juez Hidalgo Bracho han convertido el sistema judicial en una herramienta de opresión, poniendo en riesgo la estabilidad jurídica y económica del país.
La participación del Tribunal 10º Civil en la emisión de medidas cautelares infladas, la contradicción en sus decisiones y la persecución orquestada por el Tribunal 20 y la Fiscalía 6ta, sin el respaldo de la Sudeban, refuerzan la percepción de que estas acciones buscan arrodillar a los legítimos dueños del Grupo Bangente y Tranred.
La pregunta que queda en el aire es: ¿Quién más está detrás de este entramado? ¿Es posible que en el alto gobierno estén al tanto de lo que está sucediendo para apoderarse del banco? Este caso no solo representa una grave amenaza para la estabilidad jurídica y económica de Venezuela, sino que también pone de manifiesto la fragilidad de las instituciones en un contexto donde la corrupción y el abuso de poder prevalecen.
Las investigaciones continúan avanzando, y se espera que surjan nuevas evidencias que expongan la magnitud de esta tropelía. La sociedad venezolana debe estar alerta y exigir justicia, no solo para los afectados directamente, sino para todos aquellos que creen en un sistema legal que funcione y proteja los derechos de los ciudadanos. La lucha contra la corrupción y el abuso de poder es un deber colectivo, y cada caso como el de Bangente y Grupo Tranred es un recordatorio de la importancia de mantener la integridad de nuestras instituciones.
