El Tren de Aragua en Colombia era una de las organizaciones con las que cuatro oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá colaboraban en actividades de prostitución infantil y la venta de drogas.
Los agentes recibían beneficios monetarios provenientes de varias bandas criminales que operan en el territorio colombiano, entre ellas la conocida banda amponil, el Tren de Aragua.
Las grabaciones son el resultado de la denominada «Operación Sombra», una labor investigativa de 8 meses realizada por la Fiscalía Seccional de Bogotá. En ella, se identificó al intendente Óscar Javier Vanegas y los patrulleros Walder Antonio Orjuela Morales, Jairo Alexánder Pineda López y Cristhian Fernando Molina Salas, quienes en su labor de fuerzas del orden formaban parte de un Comando de Atención Inmediata –CAI– al sur occidente de Bogotá y a su vez colaboraban con redes criminales, para obtener beneficios monetarios.
Uno de los investigadores contó que los oficiales, además de extorsionar a los comerciantes, realizaban redadas falsas para atrapar a líderes del Tren de Aragua -una banda criminal venezolana extendida por Suramérica y Florida, EE.UU- y luego pedirles dinero para dejarlos en libertad.
Coordinación de la policía y bandas criminales
En uno de los audios se escuchó a uno de los agentes contándole a su compañero cómo decomisó 10 papeletas de droga -envoltorios de papel que contienen droga en polvo- y expulsó al expendedor que vendía esos estupefacientes de la zona, porque no les convenía que trabajara en esa área:
Yo le dije aquí no se meta porque acá ya es otra línea aparte y usted está buscando es que le metan una matada acá. Yo le dije ‘echen para allá, para la pared’. Les dije, prefiero verlos allá dando lora y que me llamen y yo voy hasta allá a darles palo a quitarles lo que tengan.
En otra de las grabaciones se expuso cómo se coordinaban entre los policías para permitir la venta de estupefacientes por parte de miembros del Tren de Aragua -con otras organizaciones criminales- a cambio de sobornos y beneficiarse monetariamente de la venta de droga.
Otro fragmento de la grabación puso en evidencia la existencia de una mujer a la que mencionan como «la costeña», quien tendría a su cargo un punto de ventas de drogas y a la que le cobrarían una extorsión de 10,5 dólares (50.000 pesos colombianos) para dejarla «operar» en la zona.
Con las conversaciones, según la Fiscalía, quedó demostrado que los uniformados sí estaban involucrados con las organizaciones criminales y que se coordinaban para cobrarles a los delincuentes por la venta de droga. Además, se organizaban para no hacer operativos en ciertas zonas de la ciudad y así dejarlos trabajar «tranquilos».
Voz Media
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