La Constitución comunista fue vencida en las urnas pero el problema que más aqueja al Estado chileno sigue vigente.
Mientras Chile está enfocado en el exito del rechazo a la Nueva Constitución, un nuevo ataque en La Araucanía, el perpetrado el pasado lunes en Contulmo, región del Biobío, por “La Resistencia Mapuche Lafquenche (RMF)”, da un indicio de la verdadera magnitud del peligro que existe si no se frena el terrorismo mapuche de manera urgente.
Tres personas, civiles inocentes, resultaron gravemente heridas, incluso a una de ellas tuvieron que amputarle una pierna por un impacto de bala. Esto sin contar con la destrucción del Molino, patrimonio privado y nacional. Justo unos pocos días antes de que la ciudadanía rechazara de manera contundente el proyecto constitucional de “Estado plurinacional”.
Si bien ha generado mucho ruido, la realidad es que a estas alturas, no debería generar sorpresas. Ya son muchos los años en que en el sur de Chile se ha instalado una “Resistencia” al Estado de Derecho. Ni más ni menos.
A pesar de que hoy no hay dudas de la intención de salir a matar a los chilenos sin ascendencia indígena, lo cierto es que, en sus inicios, era más bien de corte romántico o buensalvajista, como se diría en lenguaje intelectual. Es decir, la idea era mostrar armas, atraer prensa, tener apariencia del típico guerrillero, realizar uno que otro boicot contra el Estado y el poder económico, pero sin víctimas fatales.
Con ello, la macrozona sur quedaría “liberada”. Y la realidad es que en buena medida esto se logró: el Estado de Derecho disminuyó su capacidad de gobierno y gestión significativamente. Pero no desapareció del todo. Y a su vez, la macrozona sur tampoco consiguió tener un orden alternativo completo, con institucionalidad, gobierno, etc.
Esto derivó en dos grandes consecuencias. Primero, las personas que habitan ahí quedaron en la macrozona sur “sin Dios ni ley”. Ni suficiente Estado que las proteja, ni suficiente orden alternativo que ofrezca estabilidad. Los habitantes realmente desprotegidos quedando en un lugar vacío institucionalmente.
Y, en segundo lugar, esta zona al estar desde hace tanto tiempo sin un orden, se transformó en tierra fértil para el crimen organizado, mafias, narcotráfico y grupos varios alejados de aquel romanticismo. A tales bandas sólo les interesa tener recursos, territorio y soldados. Por ello la situación carente de institucionalidad que desde hace años ofrece la macrozona sur configura un escenario de Estado fallido.
Por eso ya no sorprende que la declaración del grupo “Resistencia Mapuche Lafquenche”, en su explicación de las causas del ataque esgrimiera: “respaldo a los presos políticos mapuches que permanecen en huelga de hambre…”, y que el ataque también se realiza porque “hoy vemos como los medios de comunicación serviles al poder económico muestran como víctimas a los usurpadores del territorio mapuche, colonos alemanes que se instalaron con el aval del Estado de Chile a sangra y fuego en nuestras tierras antiguas, asesinando y despojando a nuestros kiuvikecheyem de sus espacios territoriales de la orilla del lago Lanalhue”.
La lectura de estos grupos es dialéctica pura: la historia se divide entre buenos y malos, donde ellos son los buenos, que por ser tales pueden atentar contra la vida de tres personas inocentes, dos de ellos de la tercera edad. Está claro que la RMF, cual organización criminal, tiene dos grandes enemigos: uno instrumental, que son los civiles inocentes que padecen la violencia mapuche; y hay otro enemigo que es la causa final de su acción, y no es otro que el Estado nacional.
Lo que sí causa algo de sorpresa y perplejidad es que el gobierno de Boric se ha negado a calificar como acto terrorista este atentado, siendo que calza con todas las definiciones existentes de “terrorismo”.
De todos modos, no debería sorprender es la tibieza con que los gobiernos de izquierda tratan a la violencia indigenista, muchas veces por corrección política, otras por simpatía, y en ocasiones por complicidad. Enorme desafío para la gestión de Boric si es que pretende revertir la situación, que es la de salvaguardar la vida y la propiedad de sus ciudadanos.
Por Miguel Contreras, para La Derecha Diario.
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