La institución deploró el arresto del obispo Rolando Álvarez y consideraron que el hecho es «expresión no solo de una actitud hostil hacia la Iglesia Católica, sino del grave deterioro del estado de derecho y de las garantías ciudadanas que sufre hoy nuestro hermano país»
La Conferencia Episcopal Venezolana expresó su solidaridad con la Iglesia católica de Nicaragua. Esto tras la detención del obispo Rolando Álvarez, un crítico del gobierno de Daniel Ortega arrestado el viernes, de acuerdo a un comunicado difundido este sábado por la Arquidiócesis de Caracas.
La institución deploró el arresto de Álvarez. Afirmó que es una «expresión no solo de una actitud hostil hacia la Iglesia Católica, sino del grave deterioro del estado de derecho y de las garantías ciudadanas que sufre hoy nuestro hermano país».
Asimismo, pidió el respeto a la vida, integridad y salud de todos los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, agentes de pastoral laicos, «asegurando el pleno uso de sus derechos ciudadanos de movilización, expresión de las propias opiniones y las garantías de libertad de culto y religión para todos».
La CEV dijo haber seguido en los últimos meses con «atención y preocupación» los acontecimientos que han «afectado a la hermana Iglesia en Nicaragua».
El caso por el que se pronunció la Conferencia Episcopal Venezolana
«Dolorosamente, esta situación, lejos de encontrar una adecuada resolución enmarcada en el ámbito de la legalidad y del respeto a la libertad religiosa y a la fe católica profesada por la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, se ha ido agravando hasta llegar al desalojo por parte de los organismos del Estado y la detención de monseñor Rolando Álvarez y de sus acompañantes», agregó.
La Policía de Nicaragua ingresó el viernes a la fuerza al Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa. En el lugar arrestó a Álvarez, así como a 7 de sus colaboradores, quienes se encontraban recluidos y retenidos desde el 4 de agosto pasado.
Álvarez, de 55 años, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, es acusado por la Policía Nacional de intentar «organizar grupos violentos», supuestamente «con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales», aunque de momento no han ofrecido pruebas.
En lo que va de año, las autoridades han encarcelado a sacerdotes y expulsado del país a otros incluyendo a monjas de las misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta.
El Gobierno sandinista también ha cerrado ocho radioemisoras católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.
