La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad, integrada por las organizaciones Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza, envió su tercera comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) con 32 nuevos casos que ratifican que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad y que no ha habido una actuación genuina por parte de los órganos jurisdiccionales venezolanos.
Para esta tercera comunicación se utilizaron fuentes primarias, como son testimonios de víctimas directas y también se identifican algunos “casos testigo” que sirven para evidenciar no solamente los crímenes de lesa humanidad cometidos, sino la falta de investigación y sanción en Venezuela a los máximos responsables.
Como se recordará, el 3 de noviembre de 2021 la Fiscalía de la CPI anunció que luego de un proceso exhaustivo e independiente “se ha concluido que existe fundamento suficiente para abrir una investigación”, y recientemente, el 1° de noviembre, el fiscal Karim Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte autorización para continuar la investigación por considerar insuficientes las actuaciones del sistema de justicia venezolano para investigar y sancionar a los responsables. De allí la labor emprendida por la Red-CLH de identificar víctimas en los países donde hay presencia de migrantes venezolanos, que son entrevistadas por un equipo de abogados especialistas en derechos humanos a fin de documentar las violaciones.
Los patrones de los casos documentados en este tercera remisión son claros y coinciden con los señalados en su informe de 2018 por el Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, así como en los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se trata de un patrón ataque y persecución a defensores, activistas y disidentes políticos practicado por funcionarios de la GNB, el SEBIN, la DGCIM, el CONAS y las policías estadales, además, en ocasiones, por los denominados “colectivos”, a saber, grupos de civiles armados progobierno. Además, los casos registran una constante actuación contra la disidencia política a través de detenciones arbitrarias en su mayoría con el uso de la violencia y amenazas por parte de funcionarios sin uniforme, sin credenciales y algunas veces encapuchados que se identificaban como parte de alguno de los cuerpos de seguridad del Estado.
Los testimonios recogidos en esta tercera comunicación permiten concluir que existe un patrón de indefensión, pues muchas víctimas afirman que pasaron días incomunicadas, sin saber su ubicación, sin ver a sus familiares, sin recibir asistencia legal ni ser debidamente informadas del motivo de su detención o cargos imputados. Además fueron sometidas a interrogatorios degradantes y a procedimientos judiciales irregulares en su contra habiendo sido privados de los derechos más elementales.
Las víctimas relataron que algunos métodos de tortura que sufrieron fueron asfixias con bombas lacrimógenas, algunas veces frotadas directamente en los ojos, nariz y oídos; sometimiento a posiciones de estrés, como ser colgados de manos o arrodillados sobre alcantarillas; golpes en diversas partes del cuerpo; pisotones en los dedos con botas militares o martillazos; tortura psicológica como amenazas a familiares; sometimiento a condiciones de detención extremadamente precarias, hacinamiento, suciedad, condiciones insalubres; privación de bebida y alimentos, entre otras condiciones.
Recientemente, en septiembre de 2022, se conoció el tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en el cual los expertos que la integran expresaron preocupación por las continuas denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en el país, y además identificó a los principales presuntos responsables de la cadena de mando. La falta de investigación y sanción a los responsables y, más aún, la permanencia de los perpetradores en sus cargos y los premios que se les han dado, como beneficios y ascensos, evidencian que hay un patrón sistemático en las violaciones que siguen ocurriendo, por lo que se justifica la intervención de la justicia internacional. El principio de complementariedad, que es la llave de acceso de la Fiscalía para la investigación, así como la acción insuficiente de la justicia venezolana ante la gravedad de las violaciones justifican la investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Por estos motivos, la Red-CLH considera que los mecanismos de protección internacional son cada vez más requeridos para satisfacer las demandas de justicia y reparación, y por ello insiste en que no debe quedar un solo caso sin documentar, pues sólo a través de este proceso se podrá poner fin a la impunidad. Siguiendo estas premisas continuará con su tarea de documentación de aquellos casos que alcancen el umbral de crímenes de lesa humanidad y lograr así justicia y reparación para las víctimas.
En diciembre de 2021 y abril de 2022 la Red-CLH envió las primeras dos comunicaciones a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con un total de 50 casos de víctimas de graves violaciones de derechos humanos que se configuran como delitos de lesa humanidad.
