Más de cinco años han transcurrido desde que el gobernante Nicolás Maduro anunciase la creación del petro y la legalización de las criptomonedas en el sistema económico venezolano, una propuesta que prometía remediar la profunda crisis económica que atravesaba el país y conseguir autonomía financiera en un contexto de sanciones.
La lista de promesas incluyó la posibilidad de «ir a comprar pan a la panadería y pagar con petros», un panorama que nunca se acopló a la realidad venezolana. En su lugar, aunque el petro quedó prácticamente en desuso, las criptomonedas sí que tienen protagonismo, pero lejos de contribuir con el crecimiento económico y desplazar al sistema bancario tradicional, empieza a destacar su uso en esquemas de corrupción.
El caso más reciente y pesado surgió tras el arresto del superintendente de la Sunacrip (Superintendencia Nacional de Criptoactivos y otras Actividades Conexas), Joselit Ramírez —junto a otros funcionarios— y la petición de la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela ante el Ministerio Público de la apertura de un proceso judicial.
El Ministerio Público acató esta solicitud, pero no ahondó en detalles, sino que se limitó a designar a cinco fiscales para investigar a «un grupo de funcionarios públicos que aparecen incursos presuntamente en graves hechos de corrupción».
Pese a la escueta información compartida por el fiscal nacional, Tarek William Saab, medios al servicio del Estado y del Gobierno informaron que la detención de Ramírez estaría vinculada con la desaparición de al menos $3.000 millones provenientes de la venta de petróleo en operaciones para las cuales se utilizaron criptomonedas.
En paralelo al arresto del superintendente de la Sunacrip, Maduro ordenó la reestructuración del organismo, instalando una junta interventora encabezada por Anabel Pereira Fernández y tres directores principales: Héctor Andrés Obregón Pérez, Luis Alberto Pérez González y Julio César Mora Sánchez; según dicta el decreto N° 4.788 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.739 de fecha 17 de marzo 2023.
El chavismo habilitó para sí mismo el uso de criptoactivos con un andamiaje legal que no solo contempla la legalización de estos instrumentos financieros, sino también la «diversificación de mecanismos financieros, incluyendo el uso de criptoactivos e instrumentos basados en la cadena de bloques» para evadir sanciones, según contempla la Ley Antibloqueo.
Esta misma ley, elaborada para efectuar negocios evitando sanciones internacionales, faculta al Estado de permitirse la «confidencialidad» en los acuerdos económicos que alcance, por lo que se deslinda de publicar información sobre sus negocios, la manera en la que implementa las criptomonedas, las cuentas que utiliza y cualquier otro dato que permita realizar auditorías a sus actividades.
