La Casa Blanca accedió a la petición de la defensa del Príncipe Heredero al considerar que es inimputable por su condición de Primer Ministro, y pidió que se anule el juicio en los tribunales de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó en la noche del jueves un expediente ante un tribunal especificando que el reciente nombramiento de Bin Salman como Primer Ministro le confiere inmunidad jurídica y pide que se anule la investigación contra el Príncipe Heredero de la Corona Saudí por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Estambul en 2018.
“El Departamento de Estado reconoce y permite la inmunidad del Primer Ministro saudí, Mohamed bin Salmán, como jefe en ejercicio del Gobierno de un Estado extranjero”, indicó Richard Visek, firmante del documento presentado ante la Justicia estadounidense. De esta manera, Bin Salman será inmune “ante la jurisdicción del tribunal de distrito de Estados Unidos en esta demanda” mientras continúe en el cargo.
Joe Biden, quien había prometido hacer de Arabia Saudita “un Estado paria” durante la campaña que le llevó a la presidencia en el 2020 por el asesinato de Khashoggi, ahora ha cambiado de parecer ante la necesidad urgente de conseguir que el país árabe aumente su producción de petróleo.
Khashoggi, acusado de ser un espía iraní por la Corona saudí pero defendido como un periodista opositor al gobierno de los Salman por Occidente, ingresó al consulado de Arabia Saudita en Estambul para tramitar sus papeles para casarse con su prometida un 2 de octubre del 2018, pero nunca más salió.
El reportero del Washington Post estaba exiliado en Turquía y había evitado acercarse a la zona diplomática saudí porque temía por su vida. A pesar de que su contacto con Estados Unidos le pidió que no vaya, Khashoggi decidió ir igual.
Según una investigación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, dos operativos de la agencia de inteligencia saudí lo estaban esperando dentro del consulado, donde lo secuestraron, lo torturaron y lo asesinaron.
En un primer momento, Bin Salman negó cualquier participación en su asesinato, pero en septiembre del 2019, en una entrevista para el medio estadounidense PBS, admitió que el informe de la CIA era correcto, pero que “los operativos actuaron en su propia volición” y que él no dio ninguna orden de que lo asesinaran.
Inmediatamente, la Casa Blanca abrió una investigación contra Bin Salman en la justicia de los Estados Unidos, donde se buscaba juzgar la participación del Príncipe Heredero en el asesinato y condenarlo en caso de que sea encontrado culpable. Esta condena se traduciría en fuertes sanciones contra la Corona saudí, y la prohibición de visitar Estados Unidos.
Pero ahora el equipo de abogados de Biden ha pedido la inmunidad de Bin Salman, sometido a la necesidad energética de las malas políticas del gobierno demócrata. Michael Kellogg, el abogado que defiende en Estados Unidos a la Corona saudí, aseguró que “el tribunal debe tener en cuenta que el príncipe heredero tiene inmunidad por su estatus debido a su actual situación como primer ministro de Arabia Saudí y debe descartar las afirmaciones de los demandantes por falta de jurisdicción”.
Este hecho ocurre en un contexto en el que los demócratas obtuvieron mejores resultados de los esperados en las elecciones de medio término celebradas el 8 de noviembre y ahora Biden quiere lograr bajar los precios en las estaciones de servicio, negociando que Arabia Saudita lidere a la OPEP+ en un aumento de la producción de petróleo.
El pronunciamiento de la Administración estadounidense se produce en la fecha límite para ello, después de que un abogado del príncipe argumentara en octubre que su nombramiento como Premier del pasado 27 de septiembre le daba “inmunidad”.
El documento oficial apunta que el tribunal debe reconocer que carece de jurisdicción para abordar la demanda. Con su nombramiento como jefe de Gobierno, un cargo que añade a la titularidad de otras carteras y su papel en la sucesión, el Príncipe Heredero se reafirma como el hombre fuerte del régimen.
La prometida del difunto periodista, Hatice Cengiz, ha acusado a Biden de “salvar al asesino” y de concederle inmunidad. “Ha salvado al criminal y se ha implicado en el crimen. Veremos quién le salva después”, ha manifestado.
“Jamal ha muerto hoy otra vez”, se lamentó en su cuenta de Twitter, subrayando que ha sido una decisión inesperada de Washington. “Pensábamos que quizá habría una luz para la justicia en Estados Unidos, pero de nuevo el dinero ha ido por delante”, criticó.
Desde la firme condena contra el régimen saudí de su campaña electoral, Biden ha rehabilitado paulatinamente a bin Salman. A mediados de julio, con el suministro de crudo en cuestión por la guerra entre Rusia y Ucrania, y con una tendencia creciente de precios, el presidente de Estados Unidos realizó una gira por Medio Oriente con escala en Riad, en cuya reunión Biden no logró su cometido pero abrió la puerta a reestablecer las relaciones.
También forzada por la crisis energética, la visita de Bin Salman a París, en la que fue recibido oficialmente por Emmanuel Macron, a finales de ese mismo mes, fue otro paso en la rehabilitación internacional del polémico líder saudí.
La ONG “Democracia para el Mundo Árabe Ahora” (DAWN), fundada por el propio Khashoggi, criticó duramente la decisión del gobierno de Biden. DAWN había firmado junto con Cengiz la demanda contra el Príncipe Heredero y otros 20 ciudadanos saudíes, presentada en octubre de 2020 en Estados Unidos, para aclarar el nivel de implicación de altos cargos saudíes en el asesinato del periodista.
El proceso judicial en Arabia Saudita, que organizaciones de derechos consideran un simulacro de justicia, concluyó el 7 de septiembre de 2020, con la condena a penas de cárcel de ocho implicados en el asesinato, asegurando que actuaron por su propia cuenta sin órdenes de superiores.
La entonces relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, que investigó el caso, dijo en junio de 2019 que las pruebas sugerían que Bin Salman y otros altos cargos eran responsables del asesinato.
Posteriormente, calificó los fallos del proceso llevado a cabo en el reino saudí de “parodia de justicia”. Debido a este tipo de declaraciones, Callamard fue amenazada directamente por autoridades saudíes, según ha denunciado.
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