Los demócratas dinamitaron la disciplina fiscal que Trump había puesto en marcha el año previo al inicio de la pandemia. El Tesoro informó por un déficit acumulado de 12 meses de hasta US$ 1,8 billones, y US$ 378.000 millones solamente en marzo, el 7% del PBI.
En 2019, el entonces presidente Donald Trump había puesto en marcha un plan de congelamiento de gasto público, que proyectaba un lento pero seguro camino a la convergencia fiscal, terminando con décadas de déficit fiscal para los Estados Unidos.
El plan tuvo que ser suspendido al año siguiente, debido a la pandemia, pero debía volver a implementarse en todo su vigor en 2021, lo cual no sucedió debido a la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden.
En vez de aprovechar que la economía estaba recuperándose tras el golpe de la pandemia, Biden decidió mantener el alto nivel de gasto público durante todo su primer año como presidente. Al siguiente, Rusia atacó a Ucrania, y el gobierno demócrata encontró otra excusa para volver a aumentar las erogaciones.
Ahora, en 2023, en su tercer año a cargo del gobierno federal, Biden ha enviado un presupuesto que eleva el gasto público a un nuevo máximo histórico, y si bien los republicanos han prometido rechazar cualquier partida que aumente la deuda, los demócratas amenazaron con utilizar la “opción nuclear” para hacer pasar el presupuesto y mantener estos niveles delirantes de gasto público.
El informe mensual del Tesoro estadounidense informó que el déficit fiscal financiero de marzo representó los US$ 378.076 millones de dólares, y el desequilibrio acumulado de los últimos 12 meses escaló a los US$ 1,8 billones de dólares (12 ceros).
De esta manera, se produjo un violento aumento de hasta el 70% en comparación a los US$ 1,06 billones de dólares registrados antes de la pandemia (en el acumulado anual de febrero de 2020), y un incremento del 65% solamente en los últimos 6 meses.
Se registra el déficit fiscal más alto de la historia sin considerar el shock provocado por la pandemia y los gastos extraordinarios que demandó la emergencia. El presidente Biden podría pasar a la posteridad como el mandatario que más despilfarró en la historia de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que ni siquiera están en guerra y que las catástrofes como la pandemia ya quedaron en el pasado.
El resultado financiero del Gobierno nacional marcó un déficit equivalente al 6,8% del PBI, de acuerdo a las estimaciones sobre la proxy del PBI mensual de la firma IHS Markit para el mes de marzo. Se trata del resultado más desequilibrado desde marzo del año pasado, y es holgadamente superior al déficit de 4,85% del PBI observado antes de la pandemia.
El informe del Tesoro alerta por un importante aumento en la carga bruta de los intereses de deuda pública, aunque la carga neta también se vio afectada. Esto se debe al aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal desde febrero de 2022. Sin embargo, el déficit primario (sin contabilizar el pago de intereses) se disparó al 4,8% del PBI en marzo y explicó la mayor parte del deterioro fiscal.
El Tesoro explica que el aumento de los desequilibrios estuvo ligado a un salto histórico en el presupuesto de defensa nacional (hasta 857.000 millones de dólares para el año fiscal 2023), un importante aumento de las erogaciones por el sistema de seguridad social (tanto por aumento de afiliados como por el pago de haberes) y una fuerte alza de los gastos en concepto de “salvatajes” para entidades bancarias en la Corporación Federal de Seguros de Depósitos por 29.000 millones de dólares.
El estallido de una incipiente corrida contra el sistema bancario, principalmente afectando a los bancos regionales, precipitó una respuesta automática en el gasto público que deterioró aún más el déficit fiscal. Por fuera de la situación coyuntural, el déficit primario ya venía creciendo desde agosto del año pasado debido a la aprobación de un masivo paquete de rescate a una gran cantidad de préstamos estudiantiles (una de las promesas de campaña de Biden).
También se produjo un importante aumento de las erogaciones por las partidas presupuestarias del Medicare y el Medicaid, ambas expansiones previstas por el programa fiscal que Biden logró sancionar entre 2021 y 2022.
Por otra parte, la Ley de reducción de la inflación sancionada en 2022 (IRA por sus siglas en inglés) comprometió gastos por 390.000 millones de dólares a largo plazo, y entre otras asignaciones esto comprende un arsenal de subsidios indirectos para la “producción verde”, vehículos eléctricos y mayor presupuesto para el Servicio de Impuestos Internos.
La administración de los demócratas se valió de su mayoría parlamentaria para expandir las exportaciones hasta su derrota en las elecciones de medio término, pero ahora es incapaz de lograr los consensos necesarios para ordenar finanzas públicas y trazar un plan de acción acordado con la oposición, una estrategia que llevaron a cabo otros presidentes demócratas como Barack Obama en 2012 o Bill Clinton desde 1995.
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