El Gobierno ecuatoriano se prepara para dar los primeros pasos en la privatización del sector petrolero. Se desmantelan los decretos obsoletos que declararon a las estaciones de servicio estatales como “estratégicas” durante el Gobierno de Rafael Correa.
La administración de Guillermo Lasso se compromete con la disciplina fiscal y la limitación del “Estado empresario” en Ecuador, una función que se desempeñó deficientemente a lo largo de la historia del país.
Se determinó la puesta en marcha de la privatización de 45 estaciones de servicio que corresponden a la enigmática empresa estatal Petroecuador, que monopoliza la mayor parte de las operaciones en el mercado doméstico de hidrocarburos desde 1971, bajo diversas formas administrativas que fueron cambiando con el paso de los años.
La desestatización de los hidrocarburos fomentaría la competencia en favor de los usuarios, y alentaría la capitalización del sistema al quedar eliminadas las trabas a la oferta agregada de la economía.
En una primera etapa se busca privatizar los servicios de distribución del combustible a través de las estaciones de servicio, para luego dar paso a la privatización definitiva de la explotación de las actividades primarias.
La estrategia es similar a la que fue llevada a cabo por el presidente Jair Bsolonaro en Brasil, ya que antes de presentar los primeros programas para privatizar Petrobras (una maniobra que quedó completamente anulada con el resultado electoral) primero fue privatizada la distribución del combustible con la venta de Br-Distribuidora en 2021.
El presidente Lasso da marcha atrás con los decretos lanzados por Rafael Correa, que pretendían dar un estatus especial a Petroecuador y declararon sus servicios como “estratégicos” bajo la órbita de la administración estatal.
Paralelamente, Lasso impulsa la desregulación del sector energético, quitándole el monopolio estatal a Petroecuador y permitiendo así la entrada de la iniciativa privada en la inversión de proyectos productivos.
El sector privado ya cuenta con presencia en hasta 11 proyectos energéticos licitados en 2022, los cuales contribuirán enormemente en aumentar la producción de petróleo y gas natural del país en los próximos años.
La ofensiva por las privatizaciones también llegó al sector financiero, aunque aún sin mayores éxitos. El Gobierno ecuatoriano busca activamente la privatización del Banco del Pacífico, la entidad financiera estatal más importante del país y la segunda en términos de utilidades. Sin embargo, la iniciativa tuvo que demorarse debido a la falta de oferentes dispuestos a aceptar las condiciones de venta.
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