La corrupción en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ha sido uno de los mayores escándalos que envuelve al país sudamericano, y en los últimos años, sus ramificaciones han cruzado fronteras. Uno de los casos más emblemáticos y recientes es el que involucra al exviceministro de Energía Nervis Villalobos y los hermanos venezolanos Ignacio y Luis Oberto, quienes enfrentan acusaciones de corrupción, lavado de dinero y sobornos multimillonarios relacionados con la principal empresa petrolera de Venezuela.
El esquema de corrupción
Según documentos judiciales de una demanda de decomiso in rem presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), el esquema comenzó con la adjudicación de contratos por parte de PDVSA, la estatal encargada de la exploración, producción, refinación y comercialización del petróleo venezolano. Nervis Villalobos, exviceministro de Energía, en colaboración con otros funcionarios y empresarios, facilitó contratos a cambio de sobornos millonarios.
El caso detalla que los hermanos Oberto, corredores financieros, lograron un contrato de préstamo con PDVSA en condiciones altamente ventajosas. A través de este acuerdo, los pagos de reembolso de PDVSA se utilizaron para financiar transacciones en el mercado negro de divisas, un esquema que se lucraba de las estrictas regulaciones cambiarias impuestas por el gobierno venezolano. Parte de las ganancias obtenidas de estas operaciones ilícitas fue desviada por Villalobos y sus asociados hacia inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, incluyendo dos propiedades en Brooklyn, Nueva York.
Bienes decomisados y jurisdicción en EE.UU.
El gobierno estadounidense inició una acción civil para el decomiso de $8 millones en fondos provenientes de cuentas vinculadas a la empresa Blackforest Real Estate Advisors LLC, utilizada para mover dinero producto del esquema de corrupción. Los fondos decomisados están vinculados a tres transferencias realizadas entre 2020 y 2021, desde una cuenta en Bank of America:
- $4 millones transferidos en enero de 2020.
- $3 millones transferidos en enero de 2020.
- $1 millón transferido en febrero de 2021.
Estas transferencias, según la acusación, representan ingresos rastreables al esquema de sobornos y lavado de dinero, lo que viola leyes estadounidenses como el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y las disposiciones federales contra el lavado de activos (Secciones 1956 y 1957 del Título 18 del Código de EE.UU.).
Corrupción sistémica
Este caso es un ejemplo más de cómo la corrupción en PDVSA no solo contribuyó al deterioro económico de Venezuela, sino que también tuvo repercusiones internacionales. La justicia estadounidense ha asumido jurisdicción porque parte de los delitos ocurrió en su territorio y porque las propiedades involucradas están localizadas en Estados Unidos.
El esquema también expone el papel del mercado negro de divisas en Venezuela, que históricamente ha sido alimentado por políticas económicas restrictivas. Mientras la población venezolana sufría una crisis humanitaria y económica sin precedentes, funcionarios y empresarios corruptos trasladaban fortunas ilícitas al exterior para protegerlas de las turbulencias del país.
Un precedente en la lucha contra la corrupción
El decomiso de estos bienes y la acción judicial en curso reafirman el compromiso de las autoridades estadounidenses en perseguir redes internacionales de corrupción. Además, subraya cómo el sistema financiero global, particularmente en Estados Unidos y Europa, ha sido utilizado para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas en países con altos niveles de corrupción.