Retrocedió al puesto 30° dentro de un ranking sobre 183 países analizados, la caída más fuerte para Chile desde la construcción del indicador. Los principales factores explicativos son la expansión irresponsable del gasto público y el deterioro de la garantía para los derechos de propiedad.
El Índice de Calidad Institucional (ICI) elaborado por la Fundación Friedrich Naumann correspondiente al año 2023, demostró un dramático panorama para Chile: a partir de las reformas impulsadas por el presidente comunista Gabriel Boric, el país retrocedió seis puestos y cayó al lugar 30° sobre un total de 183 países de la muestra.
Chile continúa siendo el país mejor posicionado en este ranking en la región de América Latina, pero retrocedió al puesto más bajo de la historia de acuerdo a la serie que reconstruye el indicador desde el año 1997.
Desde entonces, ningún Gobierno contribuyó tanto en deteriorar la calidad institucional del país como lo hace Boric, incluso en comparación con otras administraciones de izquierda como la de Michelle Bachelet.
El indicador se subdivide en dos grandes grupos: por una parte las “Instituciones de Mercado” que incluye indicadores de actividad económica de otras fundaciones y en segundo término las “Instituciones de Política” que aglutina indicadores del Banco Mundial y la percepción de la corrupción, entre otros.
Hubo dos causas principales para el pésimo desempeño de Chile: la expansión del gasto público y el deterioro de las garantías a los derechos de propiedad. De acuerdo al primer punto, el presupuesto presentado por Boric para el año fiscal 2023 prevé que las erogaciones aumenten en 4,2 puntos del PBI, pero tras el rechazo a su reforma tributaria no habrá ninguna compensación por esos gastos adicionales.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el déficit primario de Chile aumentará al 1,5% del PBI para 2023 (habiendo partido de un superávit del casi 1 punto en 2022), mientras que el déficit financiero total del Gobierno escalará al 1,84% del PBI en el mismo período.
Por otra parte, la pérdida de garantías para los derechos de propiedad se materializó en la incertidumbre provocada alrededor de la Nueva Constitución y los cambios en las reglas de juego para los privados en la economía chilena, cuando los constituyentes de extrema izquierda querían impulsar la propiedad colectiva, legalizar las tomas y entregarle tierras a los indigenas.
La reciente victoria de la derecha en las elecciones constituyentes sentó un precedente positivo para despejar dudas en este aspecto, pero las acciones del Gobierno avanzan en sentido opuesto, y tardará tiempo en verse reflejado en este índice.
Además, el presidente Boric anunció la estatización de las explotaciones de litio en el país, siguiendo un patrón muy similar al que aplicó México con López Obrador y representando un giro total en relación a la postura que adoptó el país desde la década de 1980 (favorable a la privatización de la producción y el desplazamiento del “Estado empresario”). Lo mismo aplica para la fallida reforma tributaria que pretendía aprobar el oficialismo, con fuertes impuestos sobre las exportaciones tradicionales.
Si Chile aún ocupa el puesto más elevado de Sudamérica en materia de calidad institucional sin lugar a dudas es a pesar de los constantes embates del oficialismo. El Congreso Nacional en manos de la oposición ha logrado enterrar muchas iniciativas socialistas y el propio Banco Central de Chile (que mantiene firmemente su independencia) conforman la línea que evita que el país vuelva al colapso económico de la década de 1970.
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