La cámara baja del estado sureño aprobó una legislación previamente vetada por el gobernador Roy Cooper, que aumenta las penas a quienes participen en actividades criminales durante protestas.
El pasado jueves 9 de febrero, el Congreso del estado sureño de Carolina del Norte dio un paso sin precedentes que otros estados e incluso otros países del mundo deberían mirar con atención.
Los republicanos aprobaron la legislación denominada HB 40, diseñada para disuadir y prevenir los “estallidos sociales” que se vieron en Estados Unidos en julio del 2020, tras el asesinato de George Floyd, cuando miles de miembros de Black Lives Matter, Antifa, y otras organizaciones criminales salieron a las calles a romper todo, cometer saqueos, generar incendios y atacar a la población.
Pero no es algo que haya ocurrido solamente en Estados Unidos. En los últimos 4 años, Latinoamérica ha visto una ola de estos mal llamados “estallidos sociales”, principalmente en Chile, Colombia y Ecuador, donde militantes de extrema izquierda salen a protestar de manera violenta para promover su agenda política, con sorpresivos buenos resultados.
La novedosa legislación aumenta penas para quienes participen en actividades criminales en protestas que resulten en lesiones a terceros, daños contra propiedad privada o publica o incluso la muerte. Además, faculta a la policía a detener no solo a las personas violentas si no a quienes se asocien en una manifestación con personas violentas.
La legislación había sido presentada en 2021 y aprobada en ambas cámaras, pero fue vetada por el gobernador demócrata Roy Cooper, asegurando que el proyecto era “innecesario” y que las leyes existentes ya le daban todas las herramientas a la policía para combatir las protestas violentas.
Los expertos en la materia presionaron con que no era así, y que el proyecto era sumamente necesario. Es por eso que tras la nueva composición del Congreso norcarolinense, se volvió a aprobar la misma ley con 75 votos a favor y 43 votos en contra. Esta vez, incluso 6 legisladores demócratas votaron en favor del proyecto.
SI bien todavía debe ser aprobada en el Senado, la legislación puede ser vetada una vez más por el gobernador. El portavoz de Roy Cooper señaló que todavía “no está decidido” qué hará el gobernador esta vez, pero desde el Congreso aseguran que si la veta, llamaran una sesión especial para anular el veto, y que cuentan con los votos para hacerlo.
No solo más republicanos accedieron al Congreso local luego del triunfo electoral del Partido Republicano en noviembre del año pasado, si no que ahora hay varios legisladores demócratas dispuestos a apoyar la ley.
Shelly Willingham, un legislador demócrata afroamericano, se convirtió en uno de los principales impulsores de la ley en esta vuelta, y aseguró que está dispuesto a votar en concordancia con los republicanos las veces que sean necesarias para aprobar la legislación.
Desde sectores de Black Lives Matter en el estado han expresado su desacuerdo con el proyecto legislativo ya que acusan al mismo de ser “racista” señalando que se encuentra dirigido a perjudicar a personas de raza negra, prácticamente admitiendo que son ellos los que más protestan de manera violenta en el país.
Por su parte, Dawn Blagrove, director ejecutivo de la organización de justicia social Emancipate North Carolina, señaló que el proyecto se trata de una legislación racial que está centrada en “poner la propiedad de terceros por encima de las vidas negras“.
Los detalles de la ley
La legislación HB 40 se encuentra dividida en secciones, las cuales clasifican las penas correspondientes para cada tipo de acto criminal. En primer lugar, el proyecto hace referencia a los disturbios y a la incitación a los disturbios, en la cual se incluyen a quienes inciten a la destrucción de propiedad pública o privada con un valor mayor a los US$ 2.500 dólares, quienes causen daños o lesiones a terceras partes e incluso a quienes inciten a causar la muerte a través de su retórica previo o durante la manifestación.
Dichos participantes en las mencionadas actividades criminales se enfrentarán a penas de entre 4 meses y 13 años en prisión, dependendio el nivel de violencia demostrada.
La segunda sección se refiere a las víctimas, señalando que aquellas personas cuya integridad física o propiedad privada se vean dañadas, podrán realizar demandas por un monto de hasta el triple del valor por el cual se ha visto perjudicada, así como también pedir por los gastos legales.
A su vez, también se consideró una sección específicamente para encuadrar a aquellos criminales que ataquen durante los disturbios a personal de seguridad, de la salud o a bomberos, quienes según el daño que cometan recibirán penas de 4 a 25 meses en prisión si producen lesiones (si estas son leves), y plazos punitorios de 15 a 63 meses de prisión si las lesiones llegaran a ser graves.
Así también, si durante los disturbios se llegara a producir la muerte de algun miembro de las fuerzas de orden público, las penas establecidas aumentarían a un intervalo de 3 años y 13 años de prisión.
De acuerdo a estudios publicados respectivos a protestas que se desataron en ciudades como Raleigh, Greensboro, Charlotte y Greenville, como resultado del incidente con George Floyd en Minnesota, más de US$ 10 millones de dólares se han registrado en daños a propiedad pública y privada entre mayo y julio de 2020.
Si esta ley hubiera estado vigente en ese momento, se podrían haber presentado cargos por más de US$ 30 millones y varios yendo a prisión, pero el objetivo en realidad es que semejante pena desmotive este tipo de manifestaciones.
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