El caso Hamdar expone el desconocimiento de Pedro Castillo en asuntos de terrorismo y seguridad continental

Preocupación por la intervención del gobierno de Perú en la causa contra el ciudadano libanés acusado de integrar una red terrorista del grupo libanés Hezbollah

A la investigación abierta el 03 de enero pasado por la fiscal Zoraida Avalos contra el presidente peruano Pedro Castillo Terrones por tráfico de influencias, favorecimiento a distintas empresas en contratos con el Estado y obstaculización a la justicia en no menos de cuatro causas judiciales, ahora se suma un nuevo proceso judicial en curso según informaron fuentes de organismos de seguridad de Lima.

El procurador general de la República del Perú, Daniel Soria, recibirá en los próximos días horas de la fiscalía interviniente en casos de anti-terrorismo un informe y pedido de autorización para re-impulsar la causa del ciudadano libanés Mohamad Ghaleb Hamdar, que fue detenido en Lima hace varios años atrás -exactamente el 28 de octubre de 2014-, la aprehensión se produjo en un barrio acomodado de clase media alta de la capital peruana y fue el resultado de un trabajo de la inteligencia local en el marco de un operativo preventivo cuando se organizaba la Conferencia auspiciada por Naciones Unidas sobre Cambio Climático cuya fecha estaba programada para llevarse a cabo durante diciembre de 2014.

Hamdar fue acusado bajo cargos de integrar una red terrorista del grupo libanés Hezbollah y por portar documentos de identidad falsos con los que había ingresado a Perú; en su vivienda se hallaron, detonadores y residuos de pólvora negra junto a otros materiales para fabricar explosivos. El detenido cumplió una prisión preventiva de 18 meses dado que las autoridades peruanas calificaron al procesado como peligroso por lo que le negaron la libertad ambulatoria ante la posibilidad de que se fugara.

En principio, su esposa también fue detenida y procesada junto a él, aunque ella quedó en libertad, no obstante pocas semanas después volvió a ser detenida y extraditada a los Estados Unidos, pudiendo regresar a Perú después de 15 meses de detención en dos cárceles de Florida. La mujer tenía ciudadanía estadounidense ya que había tenido un matrimonio anterior con un ciudadano norteamericano que trabajó en agencias de seguridad de su país. Finalmente, al quedar en libertad perdió su ciudadanía estadounidense por el incidente de su detención junto a Hamdar y regresó a Lima.

Según la Fiscalía peruana de ese momento, Mohamad Hamdar había llegado a Perú en un viaje de estudios religiosos de un grupo de jóvenes peruanos conversos al islám que regresaban de la ciudad iraní de Qom. Indicios en la investigación permitieron establecer que Hamdar tenía como objetivo cumplir la misión de recabar información de inteligencia tendiente a la posterior ejecución de ataques terroristas ordenados por Hezbollah en Perú. En el expediente judicial original iniciado en su contra, se señala como objetivos de ataque el aeropuerto de Lima, empresarios e intereses de la comunidad judía local y edificios comunitarios. Hamdar, negó los cargos y declaró no haber estado en Venezuela antes de llegar a Perú ni luego de afincarse en Lima. Su abogado expresó que en los tres días posteriores a su encarcelamiento, Hamdar fue torturado, sometido a vejaciones y apremios ilegales por la policía y los organismos de inteligencia para que admitiera ser miembro del grupo Hezbollah. El letrado impugnó el procedimiento policial porque -según dijo -mantuvieron a Hamdar encapuchado y fué golpeado por varias personas no identificadas que lo interrogaron durante esos días hablándole en idioma árabe y hebreo sin la presencia de él como su abogado defensor ni de personal de la fiscalía interviniente.

Pasaporte falso de Sierra Leona con el que Mohamad Hamdar

En el primer juicio se pudo comprobar que Hamdar arribó a Perú procedente de Brasil y que durante los primeros cuatro meses de su estancia en Lima habría viajado al menos en dos oportunidades a Ciudad del Este, Paraguay; aunque la investigación peruana nunca pudo establecer sus contactos comunitarios o políticos paraguayos. Hamdar admitió en su primera declaración que viajó a Paraguay a ver un primo suyo radicado allí desde por los últimos once años. También reconoció que ingresó a Perú utilizando un pasaporte falso de Sierra Leona que le fue secuestrado durante su detención. Del mismo modo, admitió que a poco de llegar a Perú contrajo matrimonio con Carmen del Pilar Carrión y negó conocer las actividades de personas con las que se relacionó en cuanto a la pertenencia de ellas al grupo local Inkarri al-Islam. Conocido por su cercanía a Irán y a Hezbollah, el grupo desempeñó un papel activo en apoyo a la campaña presidencial que llevó a la primera magistratura del país al actual mandatario Pedro Castillo Terrones.

Su esposa, Carmen del Pilar Carrión es una ciudadana peruana nativa que tenía ciudadanía estadounidense por su matrimonio (aunque está divorciada hace varios años de su anterior esposo) un ex-agente de una agencia de seguridad de Washington, cuyo nombre no trascendió por pedido del gobierno estadounidense en un acuerdo con Carlos Rivera, el abogado defensor de Hamdar y su esposa.

La defensa de Hamdar sostuvo en ese momento que éste admitió ante la policía haber viajado a Paraguay y ser parte de Hezbollah debido a presiones a las que fue sometido, aunque luego el detenido negó ante un Juez de instrucción todo lo declarado en sede policial. Así, la única acusación que finalmente quedó firme sobre Hamdar fue la de ingresar a Perú con pasaporte falso y falsedad ideológica por el uso de dicho documento como ciudadano de Sierra Leona y hacerlo en un vuelo proveniente de Irán que hizo escala en Rio de Janeiro, donde Hamdar permaneció dos días para viajar luego en un vuelo de la compañia Latam Airlines a Lima, su destino final.

En tal circunstancia, Mohammad Ghaleb Hamdar, fue llevado a juicio en 2015 y se lo sentenció a seis años de prisión efectiva en Perú, sin posibilidad de ser extraditado por no haber acuerdos en la materia entre Perú y El Líbano (país de origen real de Hamdar). Finalmente, fue liberado en el mes de octubre de 2020, después de darle por cumplida la pena impuesta y el 27 de ese mes se emitió la orden para que se lo expulse de territorio peruano. No obstante, Sierra Leona no aceptó recibir a Hamdar por no ser uno de sus ciudadanos. Así, Hamdar permanece todavía en Perú a la espera de que se le extienda un documento que le permita viajar a Beirut. El garante de su permanencia en Perú luego de obtener su libertad es su actual abogado y según trascendió, durante 2021, personas cercanas al actual presidente Castillo se ocuparon de su caso, algunas de ellas allegadas al grupo Inkarri al-Islam, fundado por Edwar “Hussain” Quiroga Vargas, un militante de izquierda cercano a las ideas del grupo terrorista Sendero Luminoso y convertido al islám chiíta que colaboró activamente durante la campaña presidencial de Pedro Castillo Terrones.

Según fuentes judiciales peruanas, con información corroborada por Infobae, en abril de 2021 la Fiscalía General de Anti-terrorismo, mencionó que la Corte Suprema anuló la sentencia que liberó a Hamdar de la acusación de terrorismo en la creencia que existen pruebas suficientes para creer que efectivamente pertenece a la organización libanesa Hezbollah, y estimó necesario que un nuevo juicio tenga lugar fijando fecha para la primera semana de febrero de 2022, por lo que Hamdar debía permanecer en Perú hasta el nuevo debate oral en su contra. Ese juicio no ha tenido lugar, aún no hay fecha para el debate y el expediente se encuentra archivado.

En la actualidad, Hamdar continúa viviendo en Perú a la espera de la confirmación del fallo de la Corte Suprema, el imputado transita una situación de limbo jurídico que incluso es lesiva para él, puesto que aún no se ha fijado fecha para el nuevo juicio y se encuentra controlado de manera electrónica por las autoridades judiciales y policiales pero ha cumplido su pena por ingresar con pasaporte falso al país. Hoy Hamdar ha vuelto a convivir con su esposa Carmen Carrión Vela, que regresó de Estados Unidos deportada luego de cumplir una pena de quince meses de prisión y está autorizada a trabajar en un gimnasio de Lima donde dicta clases de fisicoculturismo. Sin embargo, funcionarios de seguridad peruana sospechan que la demora para llevar a juicio por terrorismo a Hamdar se debe a la influencia de operadores del gobierno de Castillo en esferas judiciales que ha sido determinante en favorecer su situacion actual.

Desde el aspecto netamente jurídico, aunque ha negado pertenecer al grupo Hezbollah, Hamdar ha expresado a través de un escrito reciente a la Corte Suprema de Justicia Peruana “un gran temor por su vida”, aunque no explicó si ese temor se funda en persecución de las fuerzas policiales y de inteligencia del Perú o de agentes extranjeros. Sobre ese punto, sectores no afines al gobierno de Castillo -cuyos niveles de aceptación han caído a cifras cercanas al 65% de negatividad desde que asumió la primera magistratura- y funcionarios de organismos de seguridad e incluso de la justicia peruana creen que el temor de Hamdar a represalias provienen de la organización libanesa y no de agencias de seguridad locales. Lo que llama la atención de las autoridades judiciales es que bajo las circunstancias denunciadas Hamdar haya elegido y denunciado como su domicilio legal una vivienda en Lima, la que alquiló a través de allegados al gobierno de Castillo y pertenecientes a la agrupación Inkarri al-Islam.

Desde que asumió el cargo, el 28 de julio del año pasado, en menos de siete meses, el presidente Pedro Castillo, ha coleccionado un sin número de escándalos generados por sus polémicas decisiones o por los desaciertos de los miembros de su propio equipo de gobierno; todo lo cual lo colocó frente a una moción de censura en su contra y a varios pedidos de destitución constitucional y renuncia; la última de ellas por incapacidad moral para el ejercicio de la presidencia del país, y aunque la moción no consiguió -de momento- los votos necesarios para ser admitida y sometida a debate en el parlamento, es la muestra cabal de graves errores en su gestión de gobierno.

El caso Hamdar tiene todos los elementos para ser uno más de esos problemas en los que el presidente Castillo se ve involucrado, más aún cuando se sospecha de la injerencia de su gobierno sobre la justicia peruana. Mientras esto sucede, las autoridades judiciales locales han dicho que el expediente Hamdar coloca al país frente una situacion mucho más peligrosa en referencia a un aspecto que el propio presidente parece desconocer en el marco del terrorismo yihadista. Para la justicia peruana, el caso Hamdar supera incluso los problemas de gobernanza interna que transita Perú y constituye un asunto de extrema gravedad en materia de redes criminales y terrorismo internacional que excede al propio Perú para afectar la seguridad de todo el continente Latinoamericano, por lo que esperan que prontamente se cumpla con la fecha de un nuevo juicio por cargos de terrorismo contra él.